Lo jurídico de la sentencia de las blackse resume con facilidad. Blesa transformó unas tarjetas creadas para gastos de representación de los directivos en tarjetas de libre disposición al margen del sistema de retribución. Este comportamiento se califica de apropiación indebida. Rodrigo Rato mantuvo la práctica. Ambos son considerados autores. A los demás, los que usaron las tarjetas, que no fueron todos los que tenían derecho a ellas, se les considera colaboradores. Un tercero además merece la calificación de cómplice. Entre los colaboradores se distinguen los que devolvieron el dinero a la entidad y los que lo depositaron en el juzgado, aplicando una menor condena a los primeros.
Más allá de la calificación penal, el caso se entiende tan bien que todos los implicados, muchos de ellos habituales de los medios, hoy se esconden avergonzados. Una vergüenza que por cierto debería alcanzar a otros beneficiarios de las black a los que no ha sido posible juzgar por haber prescrito para ellos el delito. No lo hace porque en España sólo importan las sentencias y no hay moral pública. Felipe González consiguió librarse de ser condenado por el GAL, pero todos sabemos la responsabilidad que tiene en su creación y ahí está, pontificando sobre lo que debería o no deberían hacer el PSOE, Rajoy o el Gobierno de Venezuela. En cambio, José Barrionuevo y Rafael Vera guardan un piadoso silencio porque ellos sí fueron condenados.
En este caso, la sentencia no sólo saca los colores a los condenados, se los saca a todos los políticos y sus adláteres por la manera que tienen de entender lo público. Las black no son un caso extraordinario que, por su misma grosería, ha sido descubierto por las autoridades financieras. El caso lo destapa el gestor competente que no hubo más remedio que poner al frente de Bankia para que salvara lo que pudiera después de lustros de alegre administración. Es evidente que, de no haber habido crisis, de no haber tenido Bankia que absorber un rosario de cajas quebradas por los políticos, de no haber sido necesario dar la gestión de la entidad a un profesional, no nos habríamos enterado de nada.
Las black, pues, son uno más de los muchos chollos con los que se premian los políticos y sus adláteres aprovechando la existencia de empresas públicas o semipúblicas sin que necesariamente, como en este caso, haya necesidad de cometer un delito para beneficiarse de ellos. Pero, con delito o sin él, chollos de este tipo hay a montones. Algunos los conocemos, como el nombramiento para los consejos de administración de estas empresas de personas que no tienen ni idea de las peculiaridades del sector donde se mueven. Pero seguro que hay muchos más. Y es increíble que la izquierda todavía defienda el crecimiento de un sector público que ya presenta graves síntomas de elefantiasis. No se puede acabar con él porque es necesario. Pero sí se podría reducir, aunque sólo fuera por profilaxis.