L. D. / EFE.-
En una providencia notificada este miércoles, el magistrado cita también como testigos a otras diecisiete personas, a las que tomará declaración los días 11 y 22 de mayo, y acuerda dar traslado a las partes del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF). En ese informe, se señala que “la responsabilidad y la competencia en la realización de controles y verificaciones de las actividades que dan lugar a la percepción de ayudas directas pertenecen exclusivamente a las administraciones de las comunidades autónomas”.
Antes de que le fuera remitido el informe de la OLAF, Garzón cifraba el fraude, extrapolando las cantidades de las subvenciones a las que hizo referencia la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio en su declaración del 2 de febrero, en una cifra que oscilaría entre los dos mil y los diez mil millones de pesetas.
Garzón aceptó instruir la causa después de examinar una denuncia formulada por de Palacio y un escrito de la Fiscalía Anticorrupción de los que se desprendían “una serie de conductas ilícitas que integran el concepto de defraudación generalizada de fondos comunitarios y eventuales delitos de falsedad y malversación”. En su escrito, sin embargo, el fiscal David Martínez Madero, que relataba veinte casos de supuesto fraude por un valor total de 82 millones de pesetas, aseguraba que “a salvo de que otra cosa se verifique, no consta que los agricultores hayan percibido las cantidades señaladas, al serles denegado el pago por el correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma”.
Antes de que le fuera remitido el informe de la OLAF, Garzón cifraba el fraude, extrapolando las cantidades de las subvenciones a las que hizo referencia la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio en su declaración del 2 de febrero, en una cifra que oscilaría entre los dos mil y los diez mil millones de pesetas.
Garzón aceptó instruir la causa después de examinar una denuncia formulada por de Palacio y un escrito de la Fiscalía Anticorrupción de los que se desprendían “una serie de conductas ilícitas que integran el concepto de defraudación generalizada de fondos comunitarios y eventuales delitos de falsedad y malversación”. En su escrito, sin embargo, el fiscal David Martínez Madero, que relataba veinte casos de supuesto fraude por un valor total de 82 millones de pesetas, aseguraba que “a salvo de que otra cosa se verifique, no consta que los agricultores hayan percibido las cantidades señaladas, al serles denegado el pago por el correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma”.