La fiebre de los “Consejos Audiovisuales” se extiende en las Comunidades Autónomas. Después de la experiencia, absolutamente contrastada, de la inutilidad del Consejo de RTVE, en el que no hay manera de que el sentido común y la mejora de los contenidos del “Ente público” se abran paso entre la pelea partidista, los Gobiernos Autonómicos se disponen a crear unos “consejos” que instauren una especie de inspección burocrática en la que los políticos de las nacionalidades o regiones que tienen canales propios se entretengan con la programación.
Después de Cataluña y Galicia, Ruiz Gallardón ha preparado, para que se debata en la Asamblea de Madrid, una “Ley de contenidos” en la que se introduce uno de estos “consejos” junto a una “Comisión técnica” con afán controlador. En vez de tener ideas claras sobre el papel que le corresponde a un canal autonómico y apostar por directores que encaucen estas ideas, en pocos meses tendremos unas plataformas de carácter consultivo en las que, con la excusa de la defensa del consumidor o los menores, haya dos docenas de supuestos expertos que discutan sobre lo que tenemos que ver.
Habrá “agentes de la autoridad” que dictaminarán sobre los contenidos, pero, al final, la aritmética parlamentaria será la que resuelva. Lo que se inaugura con estos Consejos es una versión autonómica de una pantomima en la que los partidos se cambian cromos después de ver, en diferido y con vídeos “de primera” servidos cómodamente, los programas que no les da tiempo a ver en casa.
La ley que prepara Ruiz Gallardón, y que tardará poco tiempo en ser aplicada por Zaplana, resulta tan indiferente a cualquier telespectador que marca con el mando a distancia lo que quiere ver en su casa, que sólo cabe pensar que estamos ante la última versión de unos “consejos” inútiles para que sus señorías opinen sobre lo que suelen desconocer y les es imposible cambiar.
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