Hace ya tiempo que las reformas políticas de Correa enfrentan a su gobierno con la policía ecuatoriana. La última afecta al porcentaje mensual del sueldo que a los policías se les retiene para pasar íntegro a sus pensiones, que Correa está tratando de reducir en medio de una monumental polémica. Hay más, que afectan desde a la forma del cobro hasta derechos salariales y constitucionales que los policías reivindican. El enconado enfrentamiento ha motivado un malestar creciente entre las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales, destinadas en Quito, son las que se han acabado sublevando contra el bolivariano presidente de la República.
En primer lugar, sean justas las demandas o se trate de la búsqueda de mantener privilegios, lo cierto es que más allá del bárbaro comportamiento, los policías no han mostrado intenciones golpistas, esto es, de toma del poder en el país. Tampoco nadie ha orquestado la revuelta en términos políticos, salvo el propio Correa espoleado por Chávez. Por otro lado, los policías rebeldes están desorganizados y no parece que tengan cabeza directora. De haber tenido intenciones y medios golpistas, Correa habría sido asesinado en las primeras horas: en varias ocasiones ha estado a tiro de los rebeldes, desde que acudió frente a ellos para que depusieran su actitud. A tiro limpio, le exigían que revocara la polémica ley salarial, pero no intentaron ocupar su lugar.
En segundo lugar, la mayor parte de la policía ecuatoriana o ha permanecido al margen de los acontecimientos, o se ha enfrentado junto con el ejército a los amotinados. El levantado es fundamentalmente el Regimiento Quito, a donde el propio Correa había acudido para pedir explicaciones al comienzo de la crisis, en medio de exagerados aspavientos populistas que acabaron llevándolo al hospital. La aventura tragicómica de Correa ante los policías aceleró los acontecimientos, al quedar la primera autoridad del país aislada en mitad de la crisis, creando una situación institucional explosiva.
En tercer lugar, ha sido el propio Gobierno el que ha decretado el estado de excepción llamando al Ejército a la calle y a la población a casa. Ejército que por otro lado no ha sido menos víctima de algunas disposiciones gubernamentales que la policía, pero que permanece leal, al igual que la mayor parte de las fuerzas policiales. La invocación del Ejército la han hecho Correa y sus ministros, con la ley en la mano pero con una llamativa agresividad verbal hacia la oposición, a la que acusan de estar detrás del levantamiento policial. Además, Correa ha lanzado a los suyos a las calles, donde hay una explosiva mezcla entre policías rebeldes, soldados leales y manifestantes.
En cuarto lugar, surgen las incógnitas hacia el futuro. El Estado parece haber restablecido el orden con la liberación de Correa, pero queda saber el destino de una policía que no se dejará fácilmente doblegar, porque el malestar puede extenderse por el cuerpo. Que Correa, aún cercado, haya amenazado con purgas no sólo a la policía sino al conjunto de la administración y a los partidos rivales, muestra una determinación que, efectivamente, recuerda a lo protagonizado por Chávez en 2002, cuando aprovechó la situación para dotarse de poderes extraordinarios. Sus ministros, y el presidente de la Asamblea Nacional de visita en España, han reaccionado con duras amenazas, acusando a la oposición de organizarlo todo: mecanismo típico y favorito de los déspotas en el poder que es el aprovechamiento de crisis graves –y ésta lo es– para atesorar poder y atacar a la oposición. De hecho, desde el principio la sombra de Venezuela se extiende sobre la crisis, con Chávez llamando a los ecuatorianos a tomar las armas en defensa de Correa contra sus opositores, poniéndose al servicio de su aliado, y haciendo un llamamiento mundial al que ha respondido el eje bolivariano en pleno. Así que una vez que parece desactivado el levantamiento policial, todas las miradas recaen en Correa y en la actitud que tome desde y hacia las instituciones ecuatorianas.