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Columna publicada el 05-07-2008
Si el PSOE tuviera un mínimo de coherencia debería haber comenzado su 37º Congreso Federal cambiando la denominación del Partido por algo así como Confederación Plurinacional de Partidos Radicales Postmodernos. A estas alturas de la historia que el PSOE siga manteniendo en su denominación el calificativo de "obrero" parece una reliquia del pasado y que siga considerándose "español" resulta algo cuando menos discutido y discutible. Lo de "socialista" suena, sencillamente, un poco anacrónico.
Aún sin cambio de denominación, parece evidente que el Congreso que estos días celebra el PSOE en Madrid va a confirmar el giro ideológico que está imponiendo de forma incontestable Rodríguez Zapatero al socialismo español desde el poder absoluto del que goza en su partido encumbrado en su fortaleza del Palacio de La Moncloa. Si Felipe González logró desembarazarse de la herencia marxista que lastraba al partido en los años ochenta, homologando al PSOE a los grandes partidos socialdemócratas europeos, ahora Zapatero parece dispuesto a liquidar definitivamente esa herencia situando a su partido en un radicalismo de izquierdas cuyas principales señas de identidad son su alianza con el poder económico, el adoctrinamiento social y el relativismo moral. Se trata de construir un neo-socialismo universal que se encuentra más próximo a algunos movimientos populistas de otros continentes que a los partidos de la moderada izquierda europea.
La alianza de este neo-socialismo con los grandes intereses económicos quedó muy en evidencia con el caso Taguas, cuando el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno pasó sin transición alguna a dirigir el lobby de las grandes constructoras con el pleno aval de su grupo parlamentario. No nos engañemos, la izquierda española sigue siendo profundamente intervencionista en el ámbito económico, pero el objetivo de sus regulaciones ya no es intentar proteger los intereses de los trabajadores, sino más bien defender los privilegios de grandes corporaciones que en situaciones de bonanza buscan alcanzar posiciones de oligopolio o cuando menos reducir la competencia en determinados sectores y en épocas de crisis, como la actual, solicitan que el Gobierno corra en su auxilio con el dinero público.
La segunda característica es una voluntad de inmiscuirse de forma autoritaria en la vida de los ciudadanos, cuyo instrumento más eficaz, y más perverso, lo constituye ese intento de modelar en la escuela las conciencias de nuestros hijos, adaptándolas a los estereotipos de un neo-socialismo con vocación de pensamiento único, a través de ese invento de la Educación para la Ciudadanía. Pero hay también una constante intención de suplantar la responsabilidad individual por una supuesta "ética pública" que lleva al absurdo de tratar de imponernos hasta nuestra vestimenta, como en el esperpéntico debate sobre la corbata al que asistimos estos días. El Gobierno pretende así imponernos lo que debemos comer y beber, qué lengua debemos hablar, qué tipo de coche debemos conducir, a qué temperatura debemos poner nuestro aire acondicionado e incluso en qué debemos creer y en qué no, reduciendo así a los ciudadanos a menores de edad que deben ser tutelados por los poderes públicos hasta en sus decisiones más personales. El problema es que este tipo de ingeniería social, que no es nuevo en la historia, termina por asfixiar nuestra libertad individual.
Hay por último en este neo-socialismo un relativismo moral absoluto que está derivando en una negación de los valores más básicos que habían conformado a lo largo de siglos no sólo nuestra propia identidad como Nación sino también nuestra propia pertenencia a la civilización occidental. En especial, la izquierda española parece embarcada en una sangrienta batalla contra el derecho a la vida en la que el aborto y la eutanasia parecen constituir las dos banderas más importantes para el progreso de la humanidad. Una cruzada laica que en realidad pretende encubrir la manifiesta incapacidad de la izquierda para ofrecer soluciones a los grandes desafíos a los que se enfrenta hoy la sociedad española.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.
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