Cada día que pasa mil españoles se van al paro. Este es el dato esencial de los primeros cien días de Gobierno Zapatero en esta nueva Legislatura. Pero aún más preocupante que la crisis económica en sí resulta la obstinación del Gobierno para negar la verdadera dimensión del problema, su incapacidad para adoptar las medidas necesarias para intentar solucionarlo y la arrogancia política con la que rechaza cualquier idea u oferta de colaboración que venga de la oposición. Un Gobierno que parece haberse tumbado al sol mientras arrecia la tormenta.
La crisis económica que el Gobierno sigue empeñado en minimizar se está manifestando en toda su crudeza. En 100 días el crecimiento económico se ha volatilizado, la inflación ha superado el 5%, y el índice de confianza se ha reducido a poco más del 50%. Los ciudadanos han perdido en calidad de vida y poder adquisitivo: el EURIBOR se ha incrementado hasta el 5,4%, la hipoteca media se ha encarecido en torno a 240 euros y la cesta de la compra media alrededor de 10 euros. Las ventas de viviendas o coches se han desplomado.
El mercado de trabajo ha perdido estabilidad y seguridad. Hay casi 90.000 parados más, lo que significa una tasa de paro prácticamente el 10%. La mitad de estos nuevos parado son empleos destruidos. El paro está golpeando además con especial inesidad a los sectores más vulnerables de la sociedad: más de 10.000 jóvenes se han quedado sin empleo y más de 18.000 inmigrantes también. Además, crecen la temporalidad y la precariedad y se reduce el número de contratos indefinidos firmados.
Frente a este panorama desolador, las medidas adoptadas son claramente insuficientes, cuando no inexistentes. En tres meses el Gobierno, claramente desbordado por la realidad, ha improvisado hasta tres planes que se han mostrado igual de ineficaces. No es algo que denuncie únicamente la oposición, sino que todas las instituciones y agentes económicos han tachado las medidas propuestas por el Ejecutivo como insuficientes. Es más, algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno son claramente injustas, porque a pesar de las promesas de Zapatero las personas que más sufren los efectos de la crisis apenas se verán beneficiadas.
Junto a esta manifiesta incapacidad para afrontar la crisis, el Gobierno ha dado muestras en estos cien días claras muestras de una fatal arrogancia. Así, Zapatero no sólo se niega, como es habitual, a aceptar cualquier propuesta que venga de la oposición, sino que se resiste a abrir si quiera un dialogo sobre esta materia. Siempre que el Gobierno ha acudido al Congreso a debatir la crisis lo ha hecho forzado por la oposición y en contra de su voluntad. El presidente del Gobierno intentó por todos los medios que la economía, principal preocupación actual de los españoles, fuera la gran ausente de su reciente encuentro con Mariano Rajoy en La Moncloa. Esta negativa del Ejecutivo socialista a dialogar no solo es una gran irresponsabilidad, porque muchas de las medidas necesarias necesitan un amplio consenso político para poder ser eficaces, sino que constituye además un error estratégico para sus propios intereses.
El Partido Popular está haciendo un gran esfuerzo para añadir a su obligada crítica a la pasividad del Gobierno una alternativa que resulte eficaz para salir de la crisis. Un paquete de medidas concretas que incluye limitar el crecimiento del gasto público al 2% para el próximo año, incrementar la deducción por inversión en vivienda habitual del 15% al 25%; reducir el tipo de impuesto sobre sociedades a las PYMES al 20%; promover una reforma laboral desde el acuerdo con los agentes sociales, crear la Oficina de Información y Seguimiento de los precios en el Ministro de Economía o aprobar una Ley de Unidad de Mercado. En una Legislatura recién estrenada que se presenta particularmente incierta por la profundidad de la crisis económica y la creciente inestabilidad parlamentaria del Gobierno, la existencia de esa alternativa es una garantía para nuestra democracia.