“Nuestro objetivo no es mantener un embargo contra Cuba; es la libertad de Cuba”. Así habló el presidente Bush el mes pasado durante la ceremonia en la Casa Blanca celebrando el 99° aniversario de la independencia de Cuba.
“Las sanciones de nuestro gobierno contra el régimen de Castro no son sólo herramientas políticas, sino una declaración moral. Mi administración se opondrá a cualquier intento de debilitar las sanciones contra el gobierno cubano y lucharé contra ello hasta tanto el régimen libere a sus prisioneros políticos, celebre elecciones democráticas y permita la libre expresión”.
Bien dicho y en julio sabremos si es verdad. Bush tendrá que decidir si por fin se pone en vigencia el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana.
El presidente Clinton firmó esa ley, conocida también como la Ley Helms-Burton, en marzo de 1996, luego que el gobierno cubano asesinara a cuatro civiles estadounidenses desarmados. Los cuatro, miembros de Hermanos al Rescate volaban sobre aguas internacionales, al sur de Florida, buscando a náufragos. Murieron cuando la fuerza aérea cubana destruyó sus dos avionetas. Ante las airadas protestas, Clinton permitió la promulgación de la Ley Helms-Burton, pero suspendió el Título III, la disposición clave.
El Título III se fundamenta en un antiguo y obvio principio legal. Un ladrón no puede traspasar el título de propiedad de bienes robados, ni siquiera a manos de un tercero inocente que los compra de buena fe. El dueño original mantiene sus derechos y los puede hacer cumplir en cualquier tribunal con jurisdicción.
Luego de tomar el poder en 1960, Fidel Castro nacionalizó (es decir, robó) propiedades de extranjeros en Cuba. Según el Departamento de Justicia, las propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses –casas, fábricas, bancos, minas, bienes raíces– tenían un valor superior a los 1.800 millones de dólares en 1960. El régimen castrista jamás obtuvo un título legal sobre esas propiedades y cuando desesperados por conseguir dinero, a raíz de la suspensión de los subsidios soviéticos, comenzó a venderlas a empresas canadienses, mexicanas y europeas.
Los propietarios no traspasaron sus derechos sobre esas propiedades robadas, pero como estaban bajo el control físico de Castro, tampoco tenían manera de hacer cumplir sus derechos. El Título III de Helms-Burton rectificó parcialmente esa injusticia, permitiendo a los dueños demandar en tribunales americanos a las compañías extranjeras que han comprado al gobierno cubano esas propiedades.
Como bien lo expuso el juez del Tribunal Federal de Apelaciones Malcolm Wilkes en 1997: el comprador extranjero, “sabiendo que la propiedad había sido confiscada sin pagar a su dueño, no está en una posición moral o legal mejor que un sórdido vendedor de autos usados que compra un carro con el serial borrado”. El Título III no le devuelve el automóvil a su dueño, pero le permite demandar a quien le compró al ladrón.
El Título III dificultaría los negocios de empresas extranjeras en Cuba y, por lo tanto, le dificulta a Castro recibir los dólares que necesita para mantenerse en el poder. Pero el Título III nunca ha estado vigente porque Clinton lo suspendió una y otra vez. El debilitamiento de los regímenes comunistas en Cuba, China, Vietnam o Corea del Norte jamás fue una prioridad para Clinton.
La suspensión actual vence en julio. Si Bush realmente cree lo que dijo el día de la independencia cubana, no la va a renovar. Y eso le enviará un claro mensaje a los empresarios canadienses y europeos: comerciar con propiedades americanas robadas tiene un costo. También será un mensaje para los cubanos de la isla, dejando claro que no nos hemos olvidado de ellos.
Lo que no se dice con la debida frecuencia es que Cuba es un lugar horrible donde vivir. Es la única dictadura en el hemisferio. Una bella y vibrante isla caribeña fue arrasada por un déspota estalinista. Es un sitio donde no existe la libertad de expresión, de prensa ni de asociación. Un sitio donde el gobierno escucha las conversaciones telefónicas, lee la correspondencia privada, censura el correo electrónico. Un sitio donde los medios son de Castro y los periodistas que hacen preguntas impertinentes van a la cárcel.
El dictador cubano siempre ha tenido sus defensores en Estados Unidos, “celebridades” que repiten como loros “las cosas buenas” que Castro ha hecho “por su gente”. Esa era la gente cercana a la Casa Blanca de Bill Clinton.
Eso está cambiando, dice Bush. La libertad de Cuba es ahora una prioridad para la Casa Blanca. Así lo constataremos cuando se ponga en vigencia el Título III.
© AIPE
Jeff Jacoby es columnista del “Boston Globe”.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro