Una actividad, la de regular, que revestida de un ropaje noble y virtuoso, conseguir el bien de la comunidad, se ha convertido en un vicio perverso que atenaza a ésta, convirtiéndola en sierva. Entonces la regulación, en el mejor de los casos, sustituye el bien de las personas por ideas o voluntades de un regulador que persigue unos intereses, no siempre confesables.
La euforia reguladora desemboca en regular lo ya regulado; incluso lo que lo está por normas de orden superior. En ocasiones la regulación es el instrumento para esconder o salir al paso de conductas punibles que siempre lo fueron; pero con la regulación se transmite un propósito de enmienda no siempre convincente.
Estoy inquieto por esa idea del Gobierno de trabajar en una futura Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera, aplicable a los partidos políticos, en la que se establecerán los requisitos de rendición de cuentas y depósito de las mismas, y muy significativamente la función del tesorero y su desempeño, entre otros extremos, todo ello con el objetivo de dar transparencia y credibilidad a la acción pública en aquellas actividades financiadas con recursos públicos o privados con efectos, estos últimos, en la actividad pública.
Yendo al fondo del problema que se pretende resolver, me atrevo a formularme una pregunta: es cierto que hay gentes que obran mal, que desarrollan actividades irregulares, incluso delictivas, pero ¿es necesaria una regulación específica, ex novo, para que sepan que tales actividades no deben realizarse?
Que no se debe robar, ni estafar, ni apropiarse indebidamente de lo que es de otro, ni desviar fondos de su propio destino para dedicarlos a fines diferentes; que no se debe mentir ni engañar, ni defraudar, ni entorpecer la aplicación de la justicia, ni un largo etcétera, todo esto ¿no estaba ya dicho en el siglo XIII antes de Cristo, y contenido en aquellos mandatos que recibe Moisés en el Sinaí? ¿Hace falta una ley orgánica para ello?
Es más, me atrevo a suponer que no habrá padre o madre que no haya transmitido a sus hijos, en suinfancia, aquellos principios de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y, con todo, ¿todavía hace falta una regulación que lo diga? ¿Aumentará la información sobre lo que está mal como consecuencia de la regulación?
Mi impresión general no es que falte regulación, hay un Código Penal que lo regula ya; lo que se precisa es una aplicación eficaz del mismo, con tribunales independientes, ágiles y severos y, quizá, con el agravamiento de las penas cuando se apliquen a personas públicas o que comprometen recursos públicos. ¡Ah! Y, cuanto antes, que desaparezcan los privilegios de foro que dificultan y retrasan los procesos que afectan estas personas.
Se rendiría tributo al bien de la sociedad si aplicásemos a los reguladores aquel principio de la PAC: pagarles para que no produzcan, penalizando su remuneración según la cuantía de lo regulado.