No se trata de una obra de Cicerón, tan aficionado a adentrarse en los vicios y virtudes o a precaverse de oficios que hay que tomar con cautela –recordemos su obra De oficiis–. Se trata simplemente de las cosas de las Españas, utilizando terminología medieval. O, mejor, de las cosas de los españoles.
La garantía ética del actuar humano es problemática. Como máximo, se puede uno referir a éste o a aquél, y aún con estas restricciones son muchas las veces en que no debía haber confiado. Así las cosas, no debemos vernos sorprendidos por las malas prácticas de determinadas personas, no sólo en España, sino en tantos otros países.
En lo que no encuentro equivalencias es en la dificultad de nuestro pueblo para diferenciar términos contradictorios. En España, una línea tan sencilla como la que separa el uso del abuso resulta complicado fijarla con claridad; o entre el vicio y la virtud, el pecado y la gracia; o, yendo más allá, entre el delito y la acción solidaria. La confusión suelen explicarla alegando que su valoración depende de cómo se mire cada caso, pues no pueden aplicarse reglas rígidas en asuntos tan complejos. En ocasiones, el refugio se encuentra en aquello de que son muchos los que hacen lo mismo.
Hace unas horas se nos ha puesto sobre la mesa la actitud de los parlamentarios al usar del privilegio del transporte en ferrocarril o en avión con cargo a las Cortes Españolas. Esto puede suceder en cualquier sitio. Lo que es más difícil de aceptar es que se alegue que la falta de control va con el cargo, o que el control lo deben ejercer los grupos respectivos, o que asistir a una reunión del partido entra en las funciones del diputado o senador.
No estoy de acuerdo con ello, pero si se quisiera aceptar que ese es también su trabajo yo, simple votante, exijo que lo sea cuando no tengan tareas en el Parlamento. Y, cumplida esta condición, que el coste del viaje lo pague el sujeto o, en su caso, el partido a cuya reunión acude.
Lo que por ningún concepto puede admitirse es que Sus Señorías estén exoneradas de dar cuentas de sus andanzas y de sus gastos. Todos, repito, todos, debemos dar cuentas a aquellos de quienes dependemos, por confianza concedida o por simple jerarquía orgánica. En esto la actividad privada lleva mucha delantera a la pública. Que también en la privada hay sinvergonzonadas, estoy de acuerdo, pero a quien le pillan no alega que él no está sometido a control.
¿Es posible que en España se ponga en duda si hay que dar cuentas, o que éstas deban ser controladas por los propios grupos? Estarán conmigo en que esto es mucho más difícil de explicar por ahí. Ah, y si se sorprende a alguien haciendo mal uso de las facultades concedidas, se le fulmina automáticamente, sin que él pretenda siquiera explicarse.