Esta es la pregunta que presuntamente hizo Pedro Espinoza, un inmigrante ilegal mexicano, a Jamiel Shaw Jr., de 17 años de edad, antes de matarle de un tiro. Shaw, un prometedor atleta estudiante de instituto y cortejado por las universidades de Stanford y Rutgers, fue abatido de un tiro a las nueve menos veinte de la noche, a solo tres casas de su hogar de Los Ángeles, donde su padre, Jamiel Shaw Sr., esperaba su vuelta del centro comercial. La madre de Shaw, Anita, conoció la noticia del tiroteo de su hijo el 2 de marzo estando de servicio como sargento del ejército en Irak.

El 22 de junio Edwin Ramos, inmigrante ilegal natural de El Salvador, presuntamente abatía y asesinaba a Tony Bologna y sus hijos Michael, de 20 años, y Matthew, de 16. La familia Bologna volvía de una barbacoa en su todoterreno de lujo y aparentemente cortó el paso en un cruce de San Francisco al coche de Ramos. Según las informaciones, después de que el vehículo de los Bologna cediese el paso y dejase adelantar al de Ramos, este abrió fuego contra la familia.

El elemento común a estos asesinatos, al igual que a tantos otros, es que los presuntos asesinos llegaron ilegalmente al país. Funcionarios federales estiman que 40.000 de los 170.000 reclusos encarcelados en prisiones del condado de Los Ángeles cada año son inmigrantes ilegales. Y en los casos de Espinoza y Ramos, la policía había detenido a cada uno anteriormente, aunque por motivos aún sin aclarar las autoridades no llegaron a enviar los casos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación, o bien este departamento no puso en marcha el procedimiento de expulsión.

Antes del asesinato de Shaw, Espinoza había sido detenido por la policía de Culver City y había cumplido una pena en la cárcel del condado de Los Ángeles por asalto con arma blanca. Jamiel Shaw perdió la vida el día después de la salida de la cárcel de Espinoza. Hace cinco años, Ramos, de 17 años de edad, era condenado y enviado a un reformatorio por golpear gravemente a un sospechoso perteneciente a una banda rival. Tras cumplir unos cuantos meses de cárcel, fue liberado bajo prisión condicional y encomendado a su madre. Cuatro días después intentaba atracar a una mujer embarazada. Ramos fue procesado por robo en grado de tentativa y enviado a un campamento reformatorio. Después de cumplir la mayoría de edad, las autoridades federales supieron de su situación de ilegal cuando solicitó, y se le denegó, la residencia legal. A continuación se casó con una ciudadana norteamericana y solicitó la residencia permanente. Su petición se encontraba pendiente de resolución cuando los Bologna fueron asesinados.

Tres meses antes de los crímenes de los Bologna, Ramos fue detenido en el célebre distrito de la carne en San Francisco mientras su acompañante intentaba deshacerse de un arma de fuego que había sido utilizada la víspera en un crimen doble. Ramos fue detenido bajo cargos de posesión de arma utilizada en un asesinato y pertenencia a banda criminal callejera. Tres días después de su detención, fue liberado porque la fiscalía de la ciudad rehusó presentar cargos en su contra. El Servicio de Inmigración no se interesó por su estatus como ilegal hasta que fue liberado.

El capitán jubilado de la policía de San Francisco Tim Hettrich afirma que Heather Fong, comisaria jefe de San Francisco le dijo: "No vas a trabajar con esta gente [los federales]," y que era "algo sabido" dentro del departamento que "no se debe hacer nada con el ICE, o con inmigración y los ilegales, hayan cometido un crimen o no, ni siquiera detenerles, porque damos la impresión de estar hostigándoles".

Recientemente entrevisté a Brian DeMore, director de campo de las operaciones de detención y expulsión del Servicio de Inmigración en Los Ángeles. DeMore declinó hacer especulaciones acerca del motivo de que el presunto asesino de los Bologna, Ramos, siguiera en la calle. Pero reconoció que el asesino de Shaw, Pedro Espinoza, debió haber permanecido bajo custodia y remitido a las autoridades de Inmigración. Así fue nuestra conversación:

Elder: Me parece que lo que se supone que debe suceder es esto: alguien es detenido, hay una investigación realizada por las fuerzas locales del orden, la policía local o del condado, sobre la situación de inmigración de esta persona. Si su situación de inmigrante no es aclarada para satisfacción de la policía, esta persona debe permanecer en la cárcel hasta el momento en que las fuerzas locales tengan claro que esta persona es, o no, un extranjero en situación ilegal.

DeMore: Absolutamente... En ese momento, ese departamento de policía local llama a Inmigración, o contactamos con ellos en virtud de la Ley de Seguridad Local porque recibimos una notificación electrónica de que tienen a alguien bajo custodia (...) nos enfrentamos a una tarea colosal. Siempre podríamos utilizar más agentes. Pero confiamos en que la tecnología supere estas carencias (...) la interoperabilidad, un procedimiento que integra nuestros datos con los del FBI y que identifica a cualquiera que realice una consulta con datos biométricos o mediante su huella dactilar, será revolucionaria e innovadora (...) estamos convencidos de que en cuestión de tres años y medio podremos entrevistar, detener y expulsar en poco tiempo al 100 por 100 de los criminales reincidentes de niveles uno (condenados por crímenes violentos o relacionados con drogas), dos (delitos contra la propiedad o de droga menores) y tres. (demás delitos).