Realmente, los nuevos tiempos han supuesto un notable avance para los que se dedican a la piratería, o mejor dicho, a la presunta piratería. Ahora no hace falta apresar pesqueros en el Índico ni perseguir goletas o fragatas –con perdón de los entendidos- en las proximidades del Cabo Tiñoso. Se hace todo vía diario oficial. Empresas ruinosas, que hace tiempo que deberían haber desaparecido, viven de la subvención y de otras formas de ingreso de dinero público, dedicándose, precisamente, a hostigar a parte de los ciudadanos que, a disgusto y sin posibilidad de objetar fiscalmente ni de ninguna otra manera, les financiamos la cabecera. Al fin y al cabo, los piratas siempre han perseguido dinero público. Antes era el oro del Rey y ahora son los rescates que exigen los amigos somalíes al Gobierno de España. En Cataluña nos ahorramos la parte sucia del asunto y preferimos llevarnos la tela con resolución administrativa, firme y consentida.
La nueva moda catalana es acusar a esRadio de ser la "radio pirata de Losantos" por estar interfiriendo en las emisiones de Catalunya Radio; algo que, de ser cierto, lejos de ser malo, debería estar premiado con el Príncipe de Asturias. Y los que han señalado a esta casa como autora de una presunta ilegalidad son los mismos que llevan años detrayendo ingresos públicos sin los que no podrían subsistir. Los mismos que taparon sin vergüenza la corrupción del asunto del Carmelo y que intentan ahora hacer lo propio con el caso del Palau. Porque el caso Palau no es un asunto de un ladrón; es un caso de corrupción política.
Y es que ustedes ya saben que en Cataluña practicamos la piratería de guante blanco. Hace unos días un juzgado de Lérida condenó a un mantero a seis meses de cárcel, por la venta de seis frascos de colonia Chanel de imitación y por el tremebundo delito de vender dos potes de Cacharel falso. No sólo ha sido condenado, sino que fue detenido, pasó su noche en el calabozo y será expulsado del país con todos los honores. El señor Millet se ha llevado una cantidad de dinero no inferior a veinte millones de euros –según su propia confesión– y no pasará ni un día en un calabozo de los mossos, ni mucho menos ingresará en prisión, para alivio de la clase política catalana. La consellera de Benestar i Familia –una tal Carme Capdevila (yo también lo he tenido que buscar)– se gastó treinta mil euros en un informe para mejorar su imagen y cómo poder convertirse en una líder. El informe concluía que lo mejor era que dejara de aparecer en público. El departamento a su cargo debe velar por la protección de menores, incapaces, mayores de edad y, en general, de todo aquel que lo necesite. La consellera de Salut se ha gastado otra módica cantidad en preguntar a los niños de siete a diez años qué piensan de ella. Me ahorraré el chiste fácil sobre Polanski.
Piratas, dicen.