Cabría suponer que la presencia de un expresidente de una caja de ahorros y su exconsejero delegado en un juzgado responde a los estragos causados por o durante su gestión. No hace falta recurrir a la imagen del pequeño ahorrador empobrecido, ni debatir si lo de esos jubilados fue mala suerte o un caso de estafa. Basta con señalar el agujero financiero interno, el roto que se le hizo a ese tipo de entidades, casi sin excepción, para vincular la visita de dos expeces gordos del negocio a las siempre siniestras dependencias judiciales con un marrón de los gordos para ambos. Pues no.
La caja es Catalunya Caixa, la del retiro dorado de Narcís Serra, que ahora se llama Catalunya Banc, y el expresidente y exconsejero delegado son Adolf Todó y Jaume Masana, con amplias trayectorias profesionales siempre vinculadas a las cajas de ahorro. Todó era una leyenda en Catalunya Caixa, una entidad que rivalizaba con la otra Caixa y jugaba en la primera división de la banca española, con tantas oficinas como cualquiera de sus rivales, con tantas promociones inmobiliarias o más, con tantos chollos para mover el dinerito. ¿Quién se iba a imaginar que todo aquello terminaría en desahucios y ahorros volatilizados?
El caso es que acabó fatal. Y que hay clases, lo que se nota más en los naufragios que en la ópera. Se nacionalizó la entidad, pero Todó y Masana siguieron al frente de una caja que a esas alturas había cambiado siete veces ya de nombre, de logo, de colores corporativos y de mobiliario en los despachos mientras despedía a empleados y cerraba oficinas. Más de tres mil millones del contribuyente pagano se fueron a parar a Catalunya Caixa, Banc o como quiera que se llame. Pese a la delicada situación, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mantuvo a Todó y Masana, eso sí, con una rebaja de sueldo. Todó, por ejemplo, pasó de cobrar un millón y medio de euros anuales a sólo trescientos mil. Al parecer, a De Guindos no le gusta que nadie cobre mucho más que él y menos aún un gestor que debía estar bajo sospecha, como mínimo. Un año después, Todó y Masana fueron despedidos. El banco arrojaba unas pérdidas de doce mil millones de euros, pese a la morterada estatal.
La pareja de banqueros, lejos de amilanarse o cruzar los dedos para que la cosa acabase ahí, encajó el despido como lo haría un oficial primera de la SEAT. Claro que no se fueron al laboralista de su comité de empresa, sino que contrataron los servicios jurídicos del despacho que atiende a la Infanta y plantearon una demanda por despido improcedente. Un par, en realidad. Lo más grande es que la han ganado, que el titular del Juzgado de lo Social número ocho de Barcelona, Francisco Leal, les ha dado la razón y el FROB les habrá de atizar seiscientos mil euros por barba procedentes del erario público. Despido improcedente, dice el juez. De dos personas que estaban al frente de una entidad que ha dejado a miles a la intemperie.
Pudiera ser que estuviéramos ante una sentencia impecable, pero lo que es seguro es que se trata de un resultado incomprensible, salvo que se pretenda demostrar que la justicia es igual para todos, pero mucho más igual para unos pocos. ¿Qué será lo próximo? ¿Pagarle dietas a Millet, el del Palau, por ir a declarar en silla de ruedas?