El Consejo de Ministros del pasado viernes anunció una nueva subida de impuestos: impuestos especiales (tabaco y alcohol), un nuevo impuesto medioambiental sobre "gases fluorados de efecto invernadero" y la supresión de una serie de deducciones del impuesto de sociedades. Con estas medidas, el Gobierno prevé recaudar de los sufridos bolsillos de los españoles unos 5.000 millones de euros más al año.
Evidentemente, estas nuevas gotas fiscales en el rebosante vaso de la resignación española eclipsaron el proyecto de ley de apoyo a los emprendedores, que también se aprobó el pasado viernes, para "facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial". Muchos empresarios habrían preferido, sin duda, que les diesen más facilidades en forma de menos impuestos. Ellos y, en general, todo tipo de contribuyentes se acordaron de Montoro al conocer la noticia, y no precisamente para ensalzarlo. De quien no se acordaron fue de aquellos de los que de verdad se deberían haber acordado: sus representantes políticos en las Cortes.
Subrayo que lo que hizo el Consejo de Ministros fue aprobar "la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley". Los impuestos sólo se pueden modificar por ley, y ello depende de la voluntad del Legislativo. Es decir: el Gobierno propone subir los impuestos, pero quien lo dispone son las Cortes.
Solamente en un sistema político con el Legislativo tan sometido al Ejecutivo como en el nuestro puede sorprender que se recuerde esta obviedad. En España se da por hecho que todo lo que proponga el Gobierno –sobre todo si dispone de mayoría absoluta– será automáticamente ratificado por el poder legislativo. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las treinta subidas de impuestos en lo que llevamos de legislatura (hasta el viernes pasado); todas fueron diligentemente apoyadas por el Congreso, con el voto a favor de los diputados del PP.
El 100% de los diputados del PP votó a favor de estas subidas de impuestos, aunque el 100% no esté de acuerdo con ellas, como confiesan algunos en privado (y alguno incluso en público, como el presidente de la comisión de Hacienda, Gabriel Elorriaga). Más aún, el 100% de los diputados del PP vota a favor de las subidas de impuestos pese a que el 100% de sus votantes no está de acuerdo –lejos de ello– con las subidas.
¿Por qué es esto? ¿Por qué votan los diputados en sentido contrario a sus convicciones y a la voluntad de sus votantes? En gran medida porque el electorado al que rinden cuentas no es el de los ciudadanos a los que se supone representan, sino a la cúpula de su partido, que elabora las listas electorales. Y es que el aberrante sistema de las listas cerradas lleva a que prácticamente ningún diputado o senador se encuentre en la embarazosa situación de sentarse regularmente con sus votantes para explicarles, por ejemplo, por qué vota a favor de subirles los impuestos.
Esto sería impensable en otros países de nuestro entorno. El primer ministro británico, por ejemplo, es un diputado elegido por una circunscripción y, como tal, debe reunirse con sus electores prácticamente todas las semanas para rendirles cuentas sobre su labor y para escuchar sus quejas.
El argumento que se utiliza en España para justificar nuestro sistema electoral es la necesidad de asegurar la gobernabilidad del país; el Gobierno debe tener la capacidad de implementar con rapidez y garantías aquello que decida hacer. Es un argumento a tener en cuenta, en particular, visto el fracaso de la ingobernable Segunda República. También es cierto, eso sí, que el Reino Unido no es un país ingobernable pese a tener un sistema electoral basado en las circunscripciones uninominales. De hecho, Manuel Fraga, que había sido embajador en Londres, fue un defensor de este sistema en los primeros debates constituyentes.
La democracia liberal se basa en un pacto explícito según el cual los ciudadanos pagan sus impuestos a cambio de que sus representantes libremente elegidos controlen el destino de sus dineros y les rindan cuentas al respecto. Si el Gobierno defiende los intereses del Estado, las Cortes están para defender los intereses de los ciudadanos.
Está función legislativa ha caído en España víctima de las listas cerradas. Cuando las Cortes se someten a la voluntad del Gobierno vía el partido, el gran perjudicado es el ciudadano, quien queda huérfano de representación política. Dado que sus representantes no le rinden cuentas sobre el sentido de sus votaciones, no debe sorprender que apoyen leyes que le perjudican, como ocurre con las subidas de impuestos.
La solución a este problema es una reforma de la ley electoral en la línea de lo propuesto por el PP de Madrid para la Comunidad de Madrid. Esta propuesta combinaría las listas electorales actuales con la creación de 43 circunscripciones en la región, dentro de las cuales los ciudadanos votarían a una persona y sabrían, por tanto, a quién dirigirse para exigir explicaciones y responsabilidades. La responsabilidad o es personal o no es y, por ello mismo, la mejor forma de responsabilizar a los diputados frente a sus votantes es asegurando que deban su acta de diputado a éstos, no a sus jefes de partido.