La actual colusión de los nacionalismos vasco y catalán, apoyados por el PSOE, en su ofensiva contra la legalidad democrática no es un hecho nuevo. Durante el verano de 1934 se produjo exactamente el mismo fenómeno, que culminaría en la insurrección de octubre de ese año, comienzo real de la guerra civil.
Aunque hay considerables diferencias entre ambas épocas (no parecen estar pensando ahora en una insurrección), existen también numerosas analogías, particularmente en el carácter desestabilizador de las maniobras, y en el mismo hecho de que se pusieran de acuerdo, pese a la disparidad de sus objetivos, partidos tan distintos como el racista y ultraderechista PNV con los entonces revolucionarios socialistas, la extremadamente anticatólica Esquerra, o los nacionalistas españoles de Azaña.
Estos episodios están prácticamente olvidados, o, mejor, sepultados por una seudohistoriografía impuesta durante estos años desde la universidad y los medios de masas. Sin embargo son muy interesantes y en muchos aspectos aleccionadores, tanto por sí mismos como por algunas conclusiones extraíbles de ellos, y todavía válidas.
Como es sabido, en noviembre de 1933 ganó las elecciones el centro derecha, por una gran mayoría (más de cinco millones de votos contra tres de las izquierdas). Esa victoria no fue aceptada por los partidos perdedores. Los republicanos, empezando por Azaña, intentaron un golpe de estado intrigando con el presidente de la república, Alcalá-Zamora, y con el jefe del gobierno, Martínez Barrio, para impedir la reunión de las Cortes democráticamente elegidas. No obstante, los dos últimos rechazaron la propuesta, y las Cortes se reunieron.
El partido más votado había sido la CEDA. Su jefe, Gil-Robles, había hecho en la campaña electoral algunas declaraciones antiparlamentarias (en realidad todos los partidos habían expresado propósitos antidemocráticos, muy especialmente el PSOE), pero se mostró, en general, moderado y conciliador, y terminó pidiendo concordia entre derechas e izquierdas, a pesar de haber sido asesinados seis derechistas durante la campaña, y ninguno de los contrarios. La petición fue interpretada por las izquierdas como un síntoma de debilidad. La moderación de Gil-Robles se manifestó en la práctica cuando renunció al gobierno, dejando la tarea a Lerroux, dirigente del segundo grupo parlamentario. Esperaba, declaró, que se calmaran las pasiones políticas antes de exigir su derecho a entrar en el gabinete.
La reacción de los socialistas resultó peor que la de los republicanos de izquierda: la mayoría, resuelta a establecer cuanto antes la dictadura del proletariado, se desembarazó de Besteiro, opuesto a tales planes. Y en enero del 34 empezó a organizar una insurrección considerada como “guerra civil”, de la mayor violencia y alcance posibles.
Los nacionalistas catalanes de izquierda, la Esquerra fundamentalmente, acogieron la derrota electoral profiriendo graves amenazas de subversión, y se declararon “en pie de guerra”. En cuanto al PNV, le unían a la CEDA el catolicismo y la defensa de numerosos valores conservadores, pero en aquellos momentos todo ello cedía ante su ambición de conseguir el estatuto de autonomía. Debe decirse, contra panegiristas de dicho partido, que desde el primer momento los nacionalistas manifestaron su decisión de vulnerar el estatuto, convirtiéndolo en una palanca para abrir la puerta a la separación de Vasconia de la odiada Maketania. Las declaraciones abundaban y no había el menor secreto al respecto.
Por esa razón fue posible, en aquellos meses, una estrecha alianza de hecho entre el PNV y las izquierdas, incluso las revolucionarias. Por extraño que suene, una amplia tendencia historiográfica ha presentado este giro como prueba de una supuesta democratización y moderación del PNV frente a una —también imaginaria— radicalización de la CEDA. Curiosamente, ocurrió al revés: al inclinarse por aquellas izquierdas, el PNV contribuía a la inestabilidad del país y al proceso revolucionario, mientras que la CEDA mantuvo una esencial moderación que la iba a convertir, como veremos, en el último puntal de la legalidad republicana. La CEDA tampoco amenazó con enfrentamientos civiles ni provocó disturbios o muertes callejeras, como harían las izquierdas, pese a sufrir de éstas un permanente acoso, sin exceptuar asesinatos.
Al hacer del estatuto, y no de intereses religiosos o de conservación social, el eje de su política, la opción del PNV por la izquierda, incluso por la extrema izquierda, tenía lógica. Las izquierdas no sólo parecían dispuestas a emplear todas las fuerzas posibles contra el gobierno, incluyendo al PNV, sino que para ellas la unidad de España tenía mucha menos relevancia que para la derecha. El nacionalismo español de los republicanos se basaba en promesas e ilusiones sobre el futuro, sin raíces en un pasado que tenían por nefasto, y por ello ofrecía una clara debilidad a las pretensiones separatistas. Y los socialistas y comunistas reivindicaban a veces una patria hispana más “auténtica”, contra “la patria de los señoritos y los explotadores”, pero su doctrina era internacionalista, y suponía que “los obreros no tienen patria”. En definitiva, la unidad nacional no significaba mucho para ellos si, destruyéndola, quebraban a la “oligarquía” e impulsaban la revolución. De modo parejo, el PNV concedía importancia menor a los avances revolucionarios en España, si ellos le facilitaban avanzar a la secesión. Con tales actitudes, el año 34 se presentaba muy tormentoso.
Por otra parte, el gobierno Lerroux tenía serios problemas con el presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora. Durante el bienio izquierdista, el presidente no se había entrometido en las labores gubernamentales de Azaña, pero se creía con derecho a inmiscuirse en las del gobierno de centro derecha. Su ambición, desde el principio mismo de la república, había sido dirigir o tutelar una gran fuerza conservadora capaz de contrapesar a las izquierdas. Esa aspiración se había hundido por su lamentable reacción, o falta de reacción, ante la oleada de incendios de bibliotecas, conventos y escuelas en mayo del 31. Entonces había perdido su prestigio ante la opinión de derechas. Sin embargo persistía en la vieja intención tuteladora, que le impulsaría a decisiones catastróficas. Tenía además otra debilidad, muy similar a la de Romanones, a cuyo lado había crecido políticamente: el miedo a ser tildado de “reaccionario” por las izquierdas, lo cual le llevaba a graves claudicaciones.
Así pues, se convirtió enseguida en una plaga para Lerroux, en cuyo partido intrigaba para fomentar divisiones que favorecieran su influencia. Las tensiones llegaron al máximo cuando, ante el indulto y reposición de los golpistas de Sanjurjo en el ejército, Alcalá-Zamora echó un pulso a Lerroux, provocando para ello una grave crisis constitucional. Al resistirse a firmar el indulto y la reposición, el presidente ofrecía una estampa progresista e intransigente en defensa del espíritu republicano, pero se trataba de un pretexto: casi dos años justos después serían repuestos triunfalmente numerosos militares participantes en la insurrección izquierdista de octubre del 34 y condenados por ello, y entonces Don Niceto no pondría la menor objeción.
Ante la intransigencia presidencial, Lerroux prefirió retirarse, y entró a gobernar Ricardo Samper, un político de la confianza de Alcalá-Zamora, buena persona, conciliador y dialogante, pero falto de la firmeza necesaria para arrostrar las ofensivas izquierdistas y nacionalistas que se venían claramente encima. Azaña no ahorra sarcasmos contra Samper, a quien todos sus adversarios despreciaron desde el principio, y ante quien se sentían crecidos. En estas circunstancias se plantearon las gravísimas maniobras de desestabilización de las izquierdas y el PNV contra la legalidad republicana.
Este artículo es el primero de una serie de siete que publicó Pío Moa en La Revista de Libertad Digital.