Los liberales siempre hemos propuesto un Gobierno fuerte y democrático, con independencia de los poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y facultades claramente limitadas. Estos conceptos modernos provienen de la Ilustración Liberal de los siglos XVII y XVIII en Escocia y el continente europeo.
Es ignorancia, o intento de engañar, decir que los liberales no queremos que exista el Gobierno ni pagar impuestos. Se trata de un recurso deshonesto de quienes no tienen argumentos lógicos para refutar nuestras propuestas. En lo que sí insistimos los liberales es en limitar las funciones del Estado a las que históricamente lo hicieron aceptable y conveniente para la gente: imponer el orden y la justicia.
Todos aceptamos otorgar el monopolio de la fuerza al Estado para que lo utilice en proteger nuestros derechos. De lo contrario, cada quien tendría que proteger lo suyo. Como para ello necesitamos un Gobierno fuerte, con recursos adecuados, estamos dispuestos a pagar impuestos. Pero no creemos que sea una legítima función del Estado interferir en el pacífico quehacer de los ciudadanos en la búsqueda de su bienestar y felicidad. Pero eso significa que si alguien viola los iguales derechos de los demás es obligación del Gobierno intervenir con prontitud y firmeza.
Algo que rara vez se menciona es que las facultades ejercidas por los gobiernos democráticos y representativos fueron delegadas por los ciudadanos para la legítima protección de nuestras vidas, posesiones y derechos. Como los ciudadanos sí tenemos el derecho de protegerlas, podemos delegarlo. Por el contrario, no tenemos ningún derecho a intervenir en los actos pacíficos de los demás y por tanto tampoco podemos legítimamente delegar a un Gobierno para que lo haga. ¿De donde sacan los gobiernos la facultad de intervenir en lo que hacemos y en cómo utilizamos nuestros propios recursos, cuando lo hacemos sin violar los derechos de terceros? Esta pregunta no gusta a los intervencionistas porque no tiene respuesta.
En todas partes hay gente que quiere utilizar el poder coercitivo del Estado para resolver sus propios problemas y poder vivir a expensas de los demás, justificando la indebida intromisión del Estado diciendo que en todas partes se hace. Así justifican indebidamente la utilización del poder coercitivo del Estado para expropiar con impuestos que no son generales ni iguales para todos, quitándoles a unos para beneficiar a otros. Y a eso lo llaman descaradamente "transferencias", pues transfieren a unos lo que le pertenece a otros. Y a la palabra "justicia" le agregan el adjetivo "social" para describir exactamente lo opuesto a dar a cada quién lo que legítimamente le pertenece.
Se recurre entonces a la metáfora antropomórfica de dar calidad de persona humana al Estado y se le considera altruista, bondadoso, honesto y competente. Se olvida que es una simple organización de políticos y burócratas que son seres humanos, con sus propias prioridades y limitaciones, a quienes con leyes se autoriza a hacer cualquier cosa bajo la excusa del interés general, incluyendo la violación de derechos individuales. Ingenuamente se considera al Gobierno como un agente de progreso y así suele intervenir con un enredo de regulaciones que impiden el progreso.
Los países hoy ricos no se hicieron ricos con las leyes y sistemas vigentes hoy. No sabemos cómo estarían sin los avances tecnológicos privados que han compensado los empobrecedores cambios de su cultura. La historia dirá si la civilización lograda es sostenible sin respetar los derechos individuales que la hicieron posible.
