La imposición de un canon en la compra de diversos aparatos con capacidad de descargar archivos de internet protegidos por derechos de propiedad en beneficio de una sociedad gestora privada (la Sociedad General de Autores y Editores) muestra hasta qué punto un gobierno es capaz de ceder ante un grupo de presión con el que ha llegado a determinados acuerdos. Lo que con el canon se consigue es, entre otras cosas, que un gran número de personas que no han descargado nunca contenidos de la red gestionados por la SGAE –y, probablemente, tampoco piensan hacerlo–, se vean ahora obligados a entregar dinero a esta institución. Pero no voy a hablar aquí de lo poco equitativo de la medida, sino de los efectos que ésta pueda tener en el número de descargas ilícitas de la red.
Para ello permítanme recordar el caso con el que David Levitt abre el capítulo primero de su famoso libro Freakonomics. La historia es la siguiente. Los propietarios de una guardería tienen problemas porque un número significativos de padres llega tarde a buscar a sus hijos, lo que implica que tienen que mantener abierto el establecimiento más tiempo del previsto, con lo que esto supone de incremento de costes, especialmente en lo que a la remuneración de algunos empleados se refiere. Para evitarlo deciden establecer una sanción monetaria a los padres impuntuales. La lógica de la medida es evidente: una multa encarece los retrasos, por lo que los padres harán mayores esfuerzos por llegar a la hora.
Pues bien, el efecto fue justamente el contrario del buscado; los retrasos aumentaron como consecuencia de la nueva política. ¿Se comportaron los padres de manera irracional? No, ciertamente. El error está en considerar que, con anterioridad al establecimiento de la sanción, el coste del retraso era nulo para los padres. Es verdad que no tenían que entregar cantidad monetaria alguna. Pero pagaban un precio a causa de la incomodidad y el sentimiento de culpa que les producía llegar tarde, sabiendo que estaban causando un perjuicio a los dueños de la guardería.
En el momento en que se estableció la sanción, se empezó a pagar por el retraso, pero el precio no monetario –el sentimiento de culpa– cayó de forma radical. Si pagamos cada vez que somos impuntuales –pensaran los padres– compensaremos con dinero los perjuicios causados. Podemos, en consecuencia, llegar tarde a buscar a nuestros hijos sin tener sentimiento de culpa alguno.
No es difícil trasladar este ejemplo al pago del canon. Con su cobro de forma coactiva se van a reducir de manera radical los escrúpulos que un usuario medio de internet pueda sentir cuando descarga una película o una canción y la difunde entre sus amigos. Si ya he pagado –pensará la mayoría– no entiendo por qué no puedo descargar cuantos contenidos se me antojen. Como en el caso de la guardería, el establecimiento de un precio monetario reducirá el coste no monetario. Y el resultado final será que las descargas y la difusión de los correspondientes contenidos aumentarán.
La Sociedad General de Autores y Editores seguirá cobrando dinero –mucho dinero, sin duda– gracias al canon. Pero si lo que la política del Estado en esta materia pretende es que la gente compre, en el mayor grado posible, los contenidos que utiliza, el resultado final será justamente el contrario.
