"No hay nada achacable a un mal funcionamiento que se pueda trasladarle a la SEPI y lo que tendremos que ver si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancian han sido delictivos o no", se ha defendido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante el pleno extraordinario celebrado en la Cámara Alta, apenas unas semanas después de que en diciembre la Unidad Central Operativa (UCO) registrara los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, así como Correos, y en pleno proceso de investigación sobre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien fuera designado por Montero como presidente de la SEPI en 2018.
"¿La responsabilidad de los que hacemos nombramientos hasta qué periodo llega? ¿Yo soy respnsable de alguien que trabaja fuera del entorno público? ¿Acaso este señor es del partido? No ¿Acaso tiene alguna vinculación conmigo? No", se ha justificado Montero, esquivando cualquier asunción de responsabilidades y añadiendo a renglón seguido: "¿Qué quieren que les diga? Si estamos hablando de algo que está en secreto de sumario", para desmarcarse de los "negocietes" del que fuera su mano derecha en la Junta de Andalucía.
Frente a esta versión, el papel de la SEPI ha quedado en el centro de la polémica tras ser señalada por el PP como un "agujero negro" y "el mayor holding público del Estado", convertido, según los populares, "en un cajero automático del sanchismo", en una herramienta del Gobierno para canalizar "rescates millonarios" y decisiones discrecionales con dinero público. "¿Por qué 514 días sin nombrar presidente? Es en ese periodo de tiempo cuando se producen los rescates más escandalosos de la pandemia. Mientras miles de españoles morían y miles de empresas cerraban, utilizaban la SEPI como cajero automático del sanchismo para pagar favores", ha sentenciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
"Se va a ir como la vicepresidenta de las mordidas", ha lanzado García, adelantando que el Partido Popular citará a la ministra de Hacienda en la nueva comisión de investigación, la quinta, que el Senado aprobará este jueves para esclarecer si la SEPI "pagó favores" al dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Desde UPN, la senadora Mar Caballero, ha cargado con dureza contra la vicepresidenta diciendo que "no acepto su victimismo". "Aunque usted quiera escaparse, usted ha tenido que pasar la vergüenza de ver como la UCO ha entrado en su ministerio por esos supuestos cobros de comisiones", le ha recordado a la ministra de Hacienda.
"Usted está sentada en un sillón del Gobierno tras alcanzar una investidura negociada por Santos Cerdán. No venga aquí a hacerse la víctima cuando permitieron que fuese el cabecilla de la trama de la corrupción quien negoció el espacio que ocupa hoy", ha sentenciado Caballero precisamente el día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) ha pedido investigar las cuentas de la cooperativa de Santos Cerdán y de los ejecutivos de Acciona en busca de nuevos sobornos.
El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo le ha exigido su dimisión como la del presidente Pedro Sánchez porque "un Gobierno no puede estar bajo una sospecha judicial permanente sin asumir responsabilidad, atacando a los jueces y que utiliza el Estado para protegerse. Han perdido toda legitimidad para gobernar".
Montero, visiblemente molesta por tener que dar explicaciones en el Senado ante lo que considera una maniobra del PP para "desprestigiar" su figura, ha tratado de esquivar responsabilidades excusándose en que "en el periodo que está investigando la UCO, Vicente Fernández se había marchado de la compañía", evitando así aclarar por qué la SEPI permaneció casi dos años sin presidente. En un intento de desviar el foco, la ministra ha llegado a interpelar directamente a la portavoz popular con un desafiante "¿Me puede usted decir que auto judicial me cita a mi respecto a este tema?", parapetándose tras el argumento de que "no tengo ningún tipo de responsabilidad".
La vicepresidenta Montero, que a lo largo de un extenso pleno ha evitado cualquier mención al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a las reiteradas alusiones de los grupos parlamentarios, ha salido en defensa cerrada del polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra, afirmando con rotundidad que la compañía ha cumplido estrictamente con "el calendario de devoluciones" pactado.