El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, presentado tras varios retrasos por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha fijado para los próximos 3 años una reducción de las emisiones de gases "con efecto invernadero" –fundamentalmente CO2– del 1,2 por ciento. Quedará para “una segunda fase” los recortes que España tendrá que llevar a cabo para cumplir los disparatados objetivos del Protocolo de Kioto en 2012.
Aunque cada vez hay más científicos que desde las ciencias exactas, físicas, naturales y humanísticas, se atreven a denunciar los mitos, fraudes, exageraciones y errores que fundamentaron dicho protocolo, el “pensamiento” que lo alentaba, genuinamente reaccionario aunque se disfrace de verde, sigue todavía dominando la mayor parte de la opinión pública y constituyendo una amenaza para el desarrollo económico.
No vamos, pues, lógicamente, a reprochar a la ministra ni los retrasos en la presentación del Plan ni que posponga recortes mucho más agresivos para que España satisfaga las restricciones que el Protocolo de Kioto impone a nuestro “pecaminoso” progreso. Por el contrario, lo que queremos denunciar es que desde el Gobierno se esté dispuesto a imponernos unas facturas por algo que debería ser desechado como un fraude científico.
Aunque la primera ministra lo ha querido minimizar, el impacto de lo que no es más que una primera entrega de Kioto lo empezaremos pronto a notarlo en las tarifas que pagamos por la energía. Lo que ya resulta incoherente es que mientras se acepta los paradigmas de Kioto como dogma de fe respecto a la emisión de CO2, el Gobierno no quiera potenciar el uso y desarrollo de la energia nuclear. No, en lugar de eso la ministra nos anuncia también una próxima subida de los impuestos de la gasolina. ¿Tal vez para contrarestar el Co2 que arrojará a la atmósfera la proliferación de desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro?