Mientras discutimos los dimes y diretes del Estatuto catalán, en la Comisión Constitucional del Congreso se ha empezado a discutir sobre otro estatuto, aprobado por liberticidas de IU y PSOE. Es el estatuto del periodista, una ley de prensa que obliga a que la información sea supervisada por periodistas con una licencia aprobada por el gobierno nacional o regional. Una licencia que, por supuesto, se puede revocar al díscolo. De este modo, la izquierda aprueba un texto fascista con el que pretende convertir a la prensa española en el mismo remanso de paz y falta de crítica al gobierno en que vive la catalana. Un estatuto que ABC califica de “proyecto con ribetes estalinistas” y El Mundo de “retorno a la visión franquista de la profesión periodística”. Ambas críticas son ciertas, pues cierto es que las dictaduras nunca han tenido especial aprecio a la información libre, sean de la ideología que sean. Tampoco Zapatero, por lo que se ve.
Los defensores del engendro intervencionista y liberticida podrán argumentar que el texto no impide el ejercicio de la profesión a quien no tenga permiso, pero lo cierto es que explicita que, al frente de publicaciones, programas audiovisuales y sitios en la red tendrá que haber un director con carné que podrá vetar cualquier contenido de los mismos. Javier Rubio, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, por ejemplo, tendrán que ser aprobados por un consejo, en el que los miembros serán escogidos por el Congreso y el Senado, para que Libertad Digital, La Mañana y La Linterna no incumplan la ley. O nombrar director a quien el poder considere suficientemente domesticado, para que les censure.
Por supuesto, un servidor de ustedes y cualquiera que posea una bitácora o sitio periodístico también tendrá que disponer de carné, ya que es el director de “un sitio en la red de carácter periodístico”. Cientos de blogs serían ilegales al día siguiente de aprobarse este texto fascista que promueve la izquierda. Sin embargo, no sé por qué no debo pensar que esta situación de incumplimiento masivo de la legalidad conduciría a la arbitrariedad absoluta; sólo se promoverían acciones contra las bitácoras desafectas, al más puro estilo Conde Pumpido. Aunque deben ustedes saber que el que reprimía la libertad de expresión era, por supuesto, Aznar.
El problema no acaba aquí. Todo medio con más de ocho periodistas en nómina tendrá un consejo de redacción en que los trabajadores podrán ejercer de chivatos de supuesta mala conducta profesional e influir en la línea editorial del periódico. Es decir, ningún propietario de un medio de comunicación podrá decidir la línea editorial de su propio medio sin contar con los periodistas, profesión marcadamente izquierdista en España y casi todo el mundo occidental. De este modo se pretende garantizar que no se diga nada que no sea previamente aprobado por el Politburó.
Es más, por si aún queda algún medio que, pese a todo, persista en hacer información libre y crítica con el poder, el consejo cuya mayoría es nombrada por políticos y sindicatos podrá expropiar parte de los beneficios de aquellas empresas que incumplan el “código deontológico”. Un código que, claro está, deja sitio más que suficiente para una ambigüedad que permita interpretarlo de forma benévola con los buenos y estricta con los malos. Por ejemplo, las informaciones sobre el 11-M de El Mundo y Libertad Digital no serían consideradas "informaciones fundamentadas y contrastadas", pero no les quepa duda de que los terroristas suicidas de la SER lo serían.
