Que las condiciones impuestas por la CNE a la OPA de E.On sobre Endesa son arbitrarias lo demostró bien a las claras la presidenta del reforzado organismo regulador en su comparecencia. Tras afirmar que E.On tendría que desembarazarse de la propiedad y la gestión de las centrales nucleares por ser "estratégicas", resulta que esos activos que son tan cruciales para España que no los puede poseer una empresa alemana los podrá adquirir cualquiera, sea español o extranjero, según la socialista Maite Costa. Todo indica que, tras descartar los socialistas el veto por los enormes problemas que le hubiera causado en Europa al Gobierno, los miembros del CNE negociaron en un tira y afloja las condiciones en las que daban su aprobación. Y el resultado de los tejemanejes de un mercado persa podrá dejar satisfechos a los participantes en el mangoneo, pero qué duda cabe que coherente y ajustado a razón no va a ser.
Y es que lo primero que había que plantearse es por qué tendría la CNE que intervenir en esta OPA. En el caso de Gas Natural existía un problema: se reducía el número total de operadores en el mercado. Sin embargo, con E.On lo único que sucedería es que cambiarían los titulares de las acciones y serían otros quienes tomarían las decisiones más importantes. No existe, por tanto, ningún peligro para la competencia ni hay razón para que el comprador deba desprenderse del 50, el 30 o el 15%, según distintas versiones, de los activos de Endesa. Los consumidores, que deberían ser los únicos por los que mirara el Gobierno, no parece que tengan que tener ningún miedo a que la presencia del gigante alemán vaya a cambiar a peor el mapa del sector energético español. Antes al contrario; la presencia de un agente nuevo suele ser motivo de incremento de la competitividad de un sector.
La excusa que se ha buscado ha sido la de considerar "estratégico" aquello que arbitrariamente se decida que debe estar fuera de manos extranjeras y, por tanto, malas. Es la misma excusa con la que antiguamente se ponían en manos del Estado empresas y sectores económicos completos. No hay nada que aterre más a un gobierno que perder el control que posee. Pero para los consumidores, hacerlo se parece a quitarle las ruedecillas a la bicicleta. La incertidumbre y hasta los golpes iniciales se compensan por la mayor velocidad que se adquiere después. No se ve razón por la que una empresa alemana va a tener más o menos interés que una española en dar un buen servicio a Canarias, por ejemplo. Pero es la única excusa que podían alegar para intentar torpedear la OPA sin que la Comisión Europea se les echara encima, algo que no es seguro que hayan conseguido; además de que les permite poner suficientes activos a subasta con la esperanza de que Gas Natural compre algunos y permita a Montilla presentarse con algo en las manos en las elecciones catalanas.
Con todo, lo que peor parado sale de todo esto es la credibilidad de la economía española en el extranjero. El Gobierno no ha dudado en hundir cualquier atisbo de imparcialidad que pudiera quedar en los organismos reguladores de nuestro país y ha dado una imagen de nación tercermundista que afectará a futuras inversiones. Y el único que puede sentirse satisfecho de su labor, Manuel Pizarro, que ha entendido que un buen gestor se debe a los propietarios de la empresa, es decir, a los accionistas, y ha actuado en consecuencia.
