Este martes se informó de la existencia de tres cajas fuertes –ya habían aparecido otras en la investigación de la Fundación FAFFE– en locales de la agencia IDEA, ente perteneciente a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía que dirige Rogelio Velasco. Las cajas, de un metro de altura, contenían diversos documentos que pueden arrojar luz sobre quiénes fueron los autores de la puesta en marcha del procedimiento específico condenado en la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Dicho de otra manera, los documentos aparecidos son decisivos porque pueden señalar a los que "patentaron" la invención y creación de un fondo de reptiles para resolver situaciones no deseadas políticamente por el PSOE, dado que tanto la Intervención General de la Junta como la Intervención de la Consejería de Trabajo así como la propia Unión Europea se oponían a la arbitrariedad que suponía ayudar a unas empresas y trabajadores y no a otros, usando además métodos que evitaban el control y el Derecho Administrativo.

Para descubrir el ADN de quienes perpetraron la gestación del llamado "procedimiento específico" para disponer del fondo de reptiles necesario para imponer su voluntad política por encima y/o al margen de la legalidad, el caso clave siempre ha sido el original, el caso de la empresa Hijos de Andrés Molina, una empresa de Jaén cuyas vinculaciones con Gaspar Zarrias, sátrapa socialista en la provincia, ya son innegables.

La historia de la empresa conocida popularmente como Cárnicas Molina es larga y tuvo que ser participada hasta en un 80 por ciento por la Junta de Andalucía desde 1995 debido a su situación de crisis continua. Pero en 1998 se creyó haber encontrado la solución vendiéndola a Campofrío. Son estas operaciones las que aparecen en los documentos encontrados, algunos de ellos lacrados y firmados por el propio superconsejero de la Presidencia de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías.

El caso sobra especial relevancia cuando tras una sentencia que no pudo tener en cuenta esos documentos porque la Junta de Andalucía los tenía guardados en estas cajas fuertes y nunca los remitió a la instrucción del caso a pesar de las reiteradas peticiones del PP, de la Fiscalía y consecuentemente, del Juzgado de Instrucción número 6. Según la Junta, tales documentos no existían o se aprovechó un baile de cifras en sus fechas para darlos por no existentes.

Como consecuencia de aquella sentencia, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías sólo fueron condenados a penas de inhabilitación y no de malversación porque no se había podido demostrar su participación directa en los hechos, mientras que a José Antonio Griñán, José Antonio Viera, Antonio Fernández y otros, consejeros de la Junta, se le aplicaban penas de cárcel por su participación directa en unos hechos derivados de las primeras decisiones que afectaron a aquel primer convenio de la Junta con la empresa cárnica.

Tan era sospechoso el asunto que la Fiscalía, el 21 de noviembre, sólo un día después de conocerse la sentencia condenatoria de los ERE, pidió la declaración de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías en calidad de investigados por unos hechos que podía ser constitutivos de un nuevo delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos en el caso de Hijos de Andrés Molina.

Por ello, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra pidieron al juez de refuerzo (por la baja de la juez Bolaños) José Ignacio Vilaplana que abriera una nueva pieza separada para investigar este préstamo, que en cualquier caso no guardaba relación con la partida 31L de los ERE y que "se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales". Esto es, fue el primer ejemplo de cómo la Junta eludió los controles para dar dinero a quien convenía sin respeto alguno por la legalidad.

En su escrito, la Fiscalía pedía la imputación de 15 personas, diez de ellos ex altos cargos de la Junta y el resto directivos de la empresa beneficiada. Entre ellos, además de Chaves y Zarrías, destacan exconsejeros como Guillermo Gutiérrez, de nuevo los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, el ex director general Francisco Javier Guerrero, ex viceconsejeros y directores de entes como la agencia IDEA, antes IFA.

Se creía hasta este martes que la Junta concedió esta ayuda a la empresa cárnica de Jaén en 1999 pero la Comisión Europea la consideró incompatible obligando a recuperar al Estado a recuperar la ayuda concedida para prejubilaciones. Para evitar tener que recuperar las ayudas, la Junta procedió a conceder, desde el consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA) un "préstamo puente" a la empresa como anticipo de futuras ayudas europeas.

El acuerdo del IFA fue ratificado por el consejo de gobierno presidido por Manuel Chaves el 9 de noviembre de 1999 y precisa la fiscalía que está directamente relacionado con el acuerdo firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal, por el que la Junta adquiría el compromiso de "abono completo" de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado en un acuerdo anterior hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

La Fiscalía, que no disponía de los documentos encontrados ocultos en las cajas fuertes, ya sostenía que "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor".

Lo que las cajas fuertes habían escondido

Las cajas fuertes halladas en la agencia IDEA contienen documentos comprometedores para Gaspar Zarrías e indirectamente para todo el consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves. Como dato adyacente, señalemos la suerte del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que, además de no conocer la sentencia de los ERE hasta pasadas las elecciones del pasado mes de noviembre, está intentando descargar todo el escándalo en el PSOE andaluz, a pesar de la evidente implicación de dos ex presidentes nacionales del PSOE en el caso.

Hagamos una breve relación de los hechos relevantes que desvelan los documentos de las cajas fuertes:

• Muchos de los documentos, incluso los firmados por los ex altos cargos de las Consejerías y por el propio consejero Zarrías aparecen sin membrete oficial, esto es, son papeles privados introducidos algunos de ellos en sobres lacrados y no pasaron el control de la Intervención de la Junta ni aparecieron en los presupuestos, algo debido.
• Uno de los documentos es el contrato de compraventa privado que se firmó el 30 de diciembre de 1998. Los firmantes fueron el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –luego rebautizado como IDEA–, Juan Carlos Ollero Pina (que luego fue presidente del Real Betis Balompié desde 2014 a 2016 y presidente del Cajasol de baloncesto), y Juan José Guibelalde, vicepresidente entonces de Campofrío, que se quedó con los activos de Cárnicas Molina cuyo 80 por ciento pertenecían a la Junta de Andalucía.
• En ese documento, ya raro de por sí por no ser un documento oficial que vendía activos de la Junta, el gobierno andaluz se comprometía textualmente a no reclamar las ayudas que la empresa andaluza había venido recibiendo de la Administración y que se acercaban a los 6 millones de euros. En una de sus cláusulas, la compradora lograba que la Junta la eximiera del pago de unas cantidades que la Unión Europea le obligaba a devolver por ser ilegales.
• Por si fuera poco, las partes se comprometían a mantener el secreto sobre lo firmado, lo cual, en un convenio que afectaba a bienes públicos, resulta escandaloso.
• En otro contrato, firmado el mismo día, 30 de diciembre de 1998, por el ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el representante de Campofrío, en el que el primero se comprometía a arrimar más dinero público a la empresa con diversas contrapartidas. Recuérdese que justo un año después, en diciembre de 1999, Manuel Chaves, al frente de su gobierno donde se sentaba entonces la hoy vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, aprobó un préstamo de casi 6 millones de euros para la empresa "amiga".
• Curiosamente, el 16 de enero de 1999, sólo 19 días después de la firma de esos convenios sin membrete, el entonces presidente Manuel Chaves y su consejero Zarrías se reunieron en Jaén con la plantilla de la empresa Hamsa. Su explicación de lo que se había articulado demuestra la intencionalidad política de la operación.
• Estos documentos han estado ocultos durante más de veinte años sin que los presidentes Chaves, Griñán y Susana Díaz hayan remitido ninguno a las instructoras Alaya y Bolaños al comienzo del caso ERE. Cuando finalmente lo recibió la juez Bolaños, tardó diez meses en remitirlos al PP que los había solicitado y a la Fiscalía. Como consecuencia de todo el proceso, ninguno de estos documentos ha formado parte del juicio del caso ERE saldado con una condena para 19 ex altos cargos.
• Es destacable que la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, responsable del ente conocido como Agencia IDEA donde se han descubierto las cajas fuertes, depende de Ciudadanos, no del PP, y de su consejero Rogelio Velasco, que estuvo casado con Cristina Narbona, actual presidenta nacional del PSOE y compañera de José Borrell, alto cargo ahora de la Comisión Europea.
• Al referirse los documentos encontrados a los años 1998 y 1999, que no estuvieron nunca contemplados en la instrucción inicial del caso, pueden dar paso a nuevas actuaciones de la Fiscalía o sumarse a las ya iniciados este pasado mes de noviembre sobre las ayudas a la empresa de Jaén que ha imputado inicialmente a 15 personas.
• Aunque se ha anunciado por parte del consejero de Presidencia del gobierno andaluz actual, Elías Bendodo, la existencia de un documento fechado en octubre de 2014, cuando ya era presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, no se ha hecho público su contenido por el momento.

Como consecuencia de todo lo anterior, que se suma a otros escándalos que arrinconan al PSOE andaluz como el caso de las listas de espera o las vacunas, el PSOE ha elegido la estrategia de insistir en que todo son "montajes" de Juan Manuel Moreno, de Elías Bendodo, del PP y de Ciudadanos o del gobierno. Pero los documentos han estado ocultos por más de veinte años y durante las presidencias de Chaves, Griñán y Díaz.

El nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, sin fisuras hasta el momento, considera que el PSOE debe asumir su responsabilidad política en la forma de una dimisión o retirada inmediata de la vida política de Susana Díaz y pregunta día tras día a Pedro Sánchez por el caso.

Por tanto, la relevancia del caso de las cajas fuertes es que los indicios que se desprenden de los documentos encontrados desvelan el ADN de quienes idearon e impulsaron el procedimiento que, tomando como ejemplo esta primera ayuda a la empresa Hijos de Andrés Molina, se sguió depués para eludir todo tipo de controles.

Ese ADN, como parece evidente, coincide con el de los principales componentes del gobierno socialista, sobre todo su expresidente Manuel Chaves desde 1995 a 2008 y su consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, tesis que fue la defendida por la instructora inicial, la juez Mercedes Alaya.