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Andalucía

El PSOE atiza la huelga en la educación andaluza contra el gobierno de PP y Cs

Acusa a Juan Manuel Moreno y al Gobierno de amparar el negocio educativo privado que el PSOE concertó.

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Acusa a Juan Manuel Moreno y al Gobierno de amparar el negocio educativo privado que el PSOE concertó.
El consejero de Educación, Javier Imbroda, en una imagen de archivo. | Cordon Press

Ya se sabe que un consenso nacional sobre educación es imposible, o lo ha sido hasta el momento. En Andalucía, ni siquiera es posible estar de acuerdo en la escolarización de los alumnos de modo que todos ellos, donde se pueda, opten a plazas en la educación concertada (por el PSOE, que gobernó desde hace 36 años y hasta 2019), médula espinal del decreto de escolarización que fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta este miércoles. El PSOE andaluz impulsa la huelga contra él, pero propaga que es el gobierno quien "cava su tumba".

En la sesión de control al gobierno andaluz de este miércoles, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, advirtió al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP-A), de que está "cavando su tumba" por su política en materia de educación, a cuya comunidad tiene "levantada en armas" tras la aprobación del nuevo decreto de escolarización al que el Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado lunes.

Pero hubo más. Acusó al Gobierno andaluz de haber "mentido" al defender que se había hecho "con el consenso de la comunidad educativa", cuando tienen a esta "en armas", y se ha convocado "una huelga general en educación" para el próximo 4 de marzo. Moreno apuesta, dijo, "por el negocio y la educación privada en detrimento de la educación pública. Y por ahí está cavando su tumba".

Educación pública abrumadoramente mayoritaria

En realidad, los datos son contundentes. De conjunto de las plazas escolares, tres cuartas partes son públicas y apenas un 23% son concertadas, no de nueva creación, sino que ya estaban concertadas por los anteriores gobiernos socialistas. Pero en el 80% de los municipios no hay centros concertados, aunque bastantes de ellos exigen que los haya para que la libertad de las familias a la hora de elegir centro sea efectiva.

El Consejero de Educación, Javier Imbroda, ha destacado que el decreto de escolarización "no solo considera las observaciones de carácter general del dictamen del Consejo Escolar de Andalucía acerca de los principios de libertad de elección, demanda social y pluralidad educativa, que claramente son el espíritu del decreto, sino que recoge hasta 28 observaciones de las 55 contenidas en ese dictamen".

Representantes de todos los sectores

Hay que precisar que el Consejo Escolar de Andalucía lo conforman 73 representantes de todos los sectores de la educación en Andalucía, representantes del profesorado nombrados a propuesta de las organizaciones y asociaciones sindicales del sector, representantes de las madres o padres del alumnado nombrados a propuesta de las confederaciones o federaciones de padres, representantes del alumnado nombrados a propuesta de las confederaciones o federaciones, representes del Consejo de la Juventud de Andalucía, del Personal de Administración y Servicios de la Administración educativa nombrados a propuesta de sus centrales y asociaciones sindicales, representantes de titulares de centros privados sostenidos con fondos públicos, representantes sindicales, organizaciones patronales, universidades, diputaciones, directores de centros educativos, personalidades de reconocido prestigio en la enseñanza y representante del Instituto Andaluz de la Mujer.

Imbroda ha informado además de que ha "mantenido alrededor de 350 reuniones con la comunidad educativa en un año" y que "más de 30 personas de todos los centros directivos de la Consejería, el consejo de dirección en pleno, han visitado centros educativos y mantenido encuentros de trabajo con todos los sectores de la educación andaluza".

Huelga estudiantil

A pesar de las explicaciones y del tímido camino de reforma emprendido muy lejano a las posiciones de Vox, que reclama el "cheque escolar", la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, pero ni CSIF ni ANPE, ya ha convocado una huelga estudiantil contra la decisión de la nueva Junta de avanzar en el camino de la "libertad de las familias para elegir el proyecto educativo que mejor consideren para sus hijos".

Para los convocantes de la huelga el decreto favorece a la enseñanza concertada al menos de dos modos. Uno, que amplía el número de familias que pueden acceder a ella y con ello garantizan su financiación si la demanda se mantiene dentro de los limites fijados. Dos, que dado el estancamiento demográfico, serán los centros públicos los que van a sufrir los recortes derivados del exceso de aulas y plazas escolares en favor de la concertada.

Reacciones a las reformas

La situación define la encrucijada en que se encuentra el gobierno de PP y Ciudadanos, con Vox al fondo. La lección de la huelga convocada por UGT y CC.OO, con otros, en Canal Sur para el 27 de febrero y esta primera huelga educativa es que, por tímida que sea la reforma, la reacción de las izquierdas será contundente como es costumbre.

De nada valen las explicaciones racionales ni los datos contrastados. No importa que el nuevo gobierno haya aprobado el "mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía y la mayor plantilla docente, con un aumento, en un año, de 456 millones de euros para la educación pública respecto al último de la anterior Administración socialista, además de ofertar más de 10.000 plazas públicas docentes", como ha subrayado el consejero Imbroda.

"No supone ninguna revolución"

Pero es que el decreto de escolarización "no supone ninguna revolución", certifica su Consejería, sino que "solo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro".

Es más, en el caso de los baremos, cuando la demanda sea superior a la oferta en los centros sostenidos con fondos públicos, el nuevo decreto incluye novedades como el aumento de la puntuación a las familias con menos renta, "ponderando por primera vez el patrimonio, como ocurre también con las becas", y se amplía también el número de tramos de renta, para que "sean más progresivos". Se aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro y barema por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil 0-3, para "favorecer con ello la escolarización temprana", además de otras cosas.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, dijo ayer que "este decreto no perjudica a nadie", lamentando que se intente hacer "polémica" de una decisión sencilla con la que se trata de cumplir un mandato electoral por parte de los partidos que conforman el Gobierno andaluz. Se ha mostrado convencido de que el nuevo decreto dará "buenos resultados" y será "positivo".

Además, hay que recordar con El Mundo que el decreto en cuestión adapta el criterio del Tribunal Supremo de considerar a la enseñanza concertada como complementaria de la pública en un sistema "dual", y no subsidiaria, como defendían los anteriores gobiernos socialistas.

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