"Doñana no se toca", advirtió este jueves el presidente del Gobierno para mostrar su rechazo a la ley impulsada por PP y Vox que, según denuncian los socialistas, pretende legalizar regadíos con aguas subterrénas en el Parque Nacional. Sin embargo, el propio articulado de la propuesta no solo desmiente que tales intenciones sean ciertas, sino que, además, reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no haya ejecutado las obras que prometió en la Ley 10/2018 para transferir agua de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir, unas actuaciones declaradas de Interés General del Estado y con las que sí se podría ayudar a aliviar la presión del entorno.
"El propio organismo de cuenca del Guadalquivir predica que, con la transferencia de los recursos del Tinto, Odiel y Piedras, se contribuye a asegurar el abastecimiento de los municipios del Condado y a aliviar la presión sobre el acuífero del que se nutre el espacio natural", reza la exposición de motivos de la propuesta de PP y Vox, quienes se preguntan cómo es posible que, si tan preocupado está por la situación de Doñana, el Gobierno lleve más de cuatro años sin cumplir aquella ley.
Lo que decía la ley rubricada por Sánchez
El texto en cuestión fue aprobado el 5 de diciembre de 2018, tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, previa moción de censura contra Mariano Rajoy. Concretamente, contemplaba la transferencia de 19,99 hm³. Una propuesta que contaba con un amplio apoyo parlamentario: PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor tanto en el cámara andaluza, como en el Senado. La Ley 10/2018 aparecía así publicada en el BOE un día después con la rúbrica del presidente del Gobierno, quien sería el encargado de desarrollarla.
El objetivo, tal y como se recoge en el articulado, no era otro que sustituir las zonas regables que se abastecen directamente del acuífero de Doñana por agua superficial que llegaría desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, una de las pocas zonas de Andalucía que históricamente ha presentado excedentes hídricos. Se da la circunstancias de que eso es exactamente lo mismo que defiende la ley de PP y Vox que, en contra de lo que pretende hacer ver el Gobierno, dejan meridianamente claro que "sólo llegando el agua superficial se podrá proteger al parque y su acuífero".
Más de cuatro años de abandono
La literalidad de los documentos es tan clara que desde ambos partidos tienen claro que esta sobreactuación para oponerse a su Proyecto de Ley responde a un interés meramente electoralista. Tal y como ha demostrado Libertad Digital, ni la nueva ley implica la legalización de regadíos per se, ni se propone utilizar aguas subterráneas ni el territorio objeto de las medidas propuestas se encuentra en el Parque Nacional. Sin embargo, el Gobierno no ha dudado en salir en tromba para vender su relato sin empezar por explicar por qué el que tiene la obligación y el poder de aliviar la presión de Doñana lleva cuatro años y cuatro meses sin ejecutar las obras comprometidas por ley.
Dichas actuaciones fueron declaradas de Interés General del Estado. La más singificativa era el Desdoblamiento del túnel de San Silvestre, aunque la lista —incluida en el Anexo 1 de la Ley 10/2018— contempla hasta diez obras. La realidad, sin embargo, es que "algunas están pendientes aún de forma total y otras con una ejecución muy incipiente", como denuncia la Proposición de PP y Vox, algo que perjudica claramente a Doñana, a pesar de que Sánchez pretenda erigirse ahora en su salvador.