La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado culpa al Gobierno central de la actual crispación que centra el debate en torno a Doñana. El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, ha manifestado que los agricultores se sienten "maltratados" y "secuestrados" por una campaña preelectoral que ha puesto el foco en el parque natural. La proposición de ley (PDL) registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de los regadíos ha generado una guerra de opiniones entre el bloque de la derecha, respaldado por la Junta, y el de la oposición, formada por la izquierda andaluza y el Gobierno de España. También ha entrado al campo de batalla ha sido la Comisión Europea, que ha avisado de que utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que exige la protección del humedal.
Este viernes ha sido el turno de los regantes de la Corona norte de Doñana, los principales beneficiados de la proposición de ley. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha convocado a la prensa para defender un texto que consideran "una herramienta para reparar el daño" causado por el actual plan de ordenación del territorio, del año 2014.
Y es que según han expuesto, este plan dejó fuera de la ley 1.600 hectáreas de regadío que, hasta entonces, habían funcionado con normalidad. Es por esto que la organización defiende que la nueva norma "no amplía el terreno regable", al considerar que dichas tierras "no tuvieron que quedarse fuera" del plan de 2014. Por tanto, no lo ven como una expansión de los regadíos, sino como la formalización de una realidad que ha estado en los últimos años en situación de irregularidad.
Según han expuesto, y siguiendo con el discurso también pronunciado por la Junta, la propuesta de PP y Vox "no supone una amnistía" para aquellos que han hecho un uso irregular del agua, ni amenaza el acuífero de Doñana, sino todo lo contrario. El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, ha subrayado que la PDL "blinda el acuífero", al especificar que el agua para el riego provendrá reservas terrestres. En este sentido se ha expresado uno de los agricultores de la plataforma, Javier Gutiérrez, que ha señalado que los propietarios de tierras de regadío "tendrán que esperar al agua superficial".
Los pinchazos de agua seguirán siendo multados
Una de las principales críticas que desde la oposición arrojan a la propuesta de PP y Vox se centra en el ámbito sancionador, al considerar que la nueva norma eximirá de multas a aquellos que hoy hacen un uso irregular del agua. En este aspecto, el asesor legal de la plataforma, Javier Domínguez, concreta que hay dos tipos de sanciones: por un lado, se encuentran las relativas a ordenación del territorio, y por otro, las del uso del agua.
Según los datos que ha aportado la propia plataforma, sus regantes reciben entre 10 y 15 multas diarias por faltas en la ordenación del territorio, al no estar calificadas como terreno regable. Estas son las sanciones que con la nueva ley desaparecerían, ya que el texto regulariza la situación de estas tierras.
No obstante, se mantienen los procesos sancionadores contra aquellos agricultores que lleven a cabo captaciones irregulares de agua, los denominados pinchazos. A este respecto, el letrado ha señalado que es un aspecto regulado por la Ley de Aguas, de ámbito estatal, por lo que queda fuera de cualquier modificación que se haga sobre la normativa autonómica. Es más, el agua de Doñana está bajo la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de España.