Nuevo revés judicial para la herencia de los "gobiernos del cambio". El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de la ciudad, José María González Kichi, y cuatro miembros de su núcleo duro por lo que parece ser una gestión arbitraria y al margen de la ley en el consistorio gaditano.
El magistrado pone fin a la instrucción iniciada tras una denuncia de CCOO, apreciando indicios de prevaricación administrativa y revelación de secretos. El juez sostiene que el gobierno de 'Kichi' permitió que un asesor del partido, Fernando García Acuña, actuara como un "funcionario de facto" sin tener cobertura legal para ello.
Según el auto judicial, Kichi y sus concejales —entre los que se encuentran David Navarro (Personal) y Laura Jiménez (Turismo), además de su jefe de Gabinete y otro asesor— habrían "impuesto" mediante órdenes verbales que García Acuña interviniera en procesos de contratación municipal. Lo más grave, según el juez, es que esta participación se basó exclusivamente en una "decisión política" que condicionó la labor de los funcionarios de carrera, quienes se veían obligados a acatar sus instrucciones.
Los detalles que revela la instrucción son demoledores sobre el modus operandi del equipo de Podemos en Cádiz. Usurpación de funciones, el asesor ocupaba un despacho municipal y se comportaba como un funcionario sin serlo. Acceso a información privilegiada ya que se le permitió el acceso a expedientes de contratación reservados. Y órdenes de obligado cumplimiento porque los funcionarios debían seguir sus criterios bajo el amparo público que le otorgaban el alcalde y sus concejales.
El periodo bajo sospecha abarca desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019. Curiosamente, esta "colaboración" externa cesó justo cuando García Acuña obtuvo una plaza como técnico de la administración general, integrándose definitivamente en la plantilla del Ayuntamiento que antes manejaba desde fuera.
El victimismo del 'lawfare'
Fiel a la retórica de su formación, 'Kichi' ha intentado despachar este grave procesamiento judicial enmarcándolo en lo que denomina "lawfare a la gaditana". El exalcalde se escuda en que las 17 denuncias anteriores recibidas durante su mandato fueron archivadas para intentar deslegitimar una instrucción que, en este caso, ve indicios claros de criminalidad.
El juez ya ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones —ejercidas por CCOO y el Partido Popular— para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento en un plazo de cinco días. Todo apunta a que el referente de la izquierda radical en Andalucía tendrá que sentarse en el banquillo para explicar por qué permitió que un asesor de su partido tomara las riendas de la contratación pública en Cádiz.