Fin a 20 años de litigios: declaran "nula de pleno derecho" la licencia de El Algarrobico

Tras más de 20 años de procesos judiciales y administrativos, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó este viernes que la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del Hotel El Algarrobico es "nula de pleno derecho". Esta decisión supone un paso definitivo para resolver uno de los mayores conflictos urbanísticos y medioambientales de España.

El inmueble, que consta de 21 plantas y 411 habitaciones, fue impulsado por la promotora Azata del Sol a escasos 20 metros de la orilla del mar y contaba con todos los permisos pertinentes otorgados por la Junta de Andalucía, liderada entonces por los socialistas. El dictamen aclara que su emplazamiento en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar vulnera la normativa, al situarse sobre suelo protegido no urbanizable.

El origen de este conflicto comenzó cuando el Ayuntamiento de Carboneras aprobó los permisos de edificación en enero de 2003. El proyecto se amparaba en un plan parcial anterior a la Ley de Costas de 1988, ignorando la obligación legal de respetar una franja de cien metros de protección frente al litoral.

La vía judicial se inició poco después tras una demanda civil. En 2006, un juzgado ordenó la paralización de las obras, una medida cautelar que terminó siendo ratificada en el año 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El caso cobró una mayor dimensión en 2009, cuando la Administración autonómica y la Fiscalía General del Estado tomaron cartas en el asunto para investigar la posible comisión de delitos de prevaricación. Poco después, en 2010 y 2012, el Tribunal Supremo confirmó que el entorno gozaba de la máxima protección medioambiental y desestimó los recursos del consistorio almeriense.

Pese a que el litigio parecía zanjado, en 2014 un inesperado giro alargó el procedimiento: el TSJA falló a favor de la promotora y dio validez temporal a la licencia. Tuvo que intervenir de nuevo el Supremo en 2016 para anular esa resolución y sentar jurisprudencia firme sobre la protección de la zona en 2017.

La presión judicial surtió efecto finalmente en 2021, cuando se obligó a la corporación local a revisar la licencia original. Este mandato cristalizó en 2023, cuando el Pleno municipal acordó por fin catalogar los terrenos del hotel como suelo no urbanizable, si bien quedaron pendientes varios trámites formales.

El desenlace se ha precipitado en los últimos tiempos por la intervención del Gobierno, que en febrero de 2025 declaró la utilidad pública del paraje y activó un proceso de expropiación para desenquistar la situación.

Un año más tarde, en febrero de 2026, el TSJA dictó el archivo definitivo de la causa tras comprobar que el planeamiento ya reflejaba el nivel de especial protección exigido. Con el actual dictamen andaluz que sepulta definitivamente los permisos de construcción, la piqueta y la demolición del edificio se perfilan como el único destino posible para la estructura.