Lo primero que hay que aclarar a los más despistados es que con la ley conocida como de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, el conjunto monumental del Valle de los Caídos está fuera de la legalidad vigente, por lo que el Gobierno está perfectamente facultado para demolerlo hasta su base si así lo considera oportuno en aras de "la reparación de la injusticia padecida por las víctimas de la represión franquista" o de la lucha "por la democracia y los derechos humanos", por utilizar la jerga empleada por el parlamento para justificar ese disparate leguleyo. Con dejar un trozo de la cripta habilitado para decir misa, es más que suficiente para cumplir con el precepto específico fijado en el artículo 16 de esta ley que, por si alguien no lo recuerda, fue aprobada prácticamente por unanimidad de las Cortes españolas, con 304 votos a favor, 18 abstenciones y tan sólo 3 votos en contra.
La creación el pasado viernes de un panel de expertos "ad hoc" para determinar el futuro del Valle de los Caídos es sólo la primera fase de un proceso que tiene como fin su desaparición física, porque la damnatio memoriae impuesta por el Gobierno no conoce excepciones, ni siquiera aquellas de carácter piadoso como ese monumento, símbolo de la reconciliación entre los españoles de los dos bandos de la Guerra Civil que Zapatero, cuyo rencor histórico no conoce límites, ha intentado pervertir desde el primer momento por todos los medios en aras de legitimar su proyecto político.
La moral hemipléjica de los socialistas les impide aceptar la realidad histórica que en tan mal lugar les deja, de ahí el empeño en desmantelar su reflejo monumental. Sólo así cabe entender que una norma administrativa como la Orden Ministerial que da publicidad al acuerdo sobre el futuro del Valle de los Caídos, incluya expresiones tan vergonzosamente alejadas del lenguaje jurídico al uso como la que explica que el Valle de los Caídos es un símbolo "de la Guerra Civil, de la dictadura franquista y del nacional-catolicismo de la época" (sic), para a continuación apelar a una curiosa "conciencia colectiva" que exigiría convertir Cuelgamuros en "un lugar de afirmación de la convivencia, la democracia y los derechos humanos, a la vez que de rechazo de la violencia, la guerra y las dictaduras".
Desde luego no lo dirán por las guerras de Afganistán o Libia, en las que nuestro ejército está involucrado por mandato de ese mismo parlamento que quiere hacer del Valle de los Caídos un parque temático contra los conflictos armados, ni por las dictaduras de Venezuela o Cuba, todo un modelo político de referencia para el mismo Gobierno que va a convertir a los benedictinos del Valle en animadores socioculturales que cuenten a los visitantes lo malas que son las dictaduras... pero sólo si son de derechas.
Pronto sabremos qué es lo que los expertos progresistas nombrados por el Gobierno han propuesto hacer con el Valle de los Caídos. Son capaces de ordenar su demolición o incluso algo mucho más drástico: trasladar allí la acampada de indignados de la Puerta del Sol. La solución en unos meses.