El Consejo de Gobierno aprobó este lunes la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias sobre menores extranjeros no acompañados y sobre la necesidad de una modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante la distribución en todo el territorio español.
La propuesta aprobada por el Ejecutivo se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, con la única excepción de Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados.
La Comunicación pasa ahora a la Cámara regional para su debate, donde los grupos parlamentarios podrán realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno. Se cumple de este modo el acuerdo alcanzado, el pasado 31 de enero, por el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez con las fuerzas políticas adheridas al Pacto Canario por la Migración firmado el 19 de octubre de 2023, cuando se comprometieron a trabajar unidos en aras del consenso.
Esta tiene como principal objetivo "salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio" sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional. Domínguez apuesta por una defensa "casi unánime" en el Parlamento de la bautizada ‘Solución canaria’ y considera urgente "establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada", algo imposible dado el número actual de niños y niñas repartidos en los 72 centros de acogida del archipiélago.
La hoja de ruta pactada en el parlamento canario para lograr este objetivo para por invitar a sus homónimos del Congreso de los Diputados a las islas para conocer la situación de primera mano. En esa visita, los grupos trasladarán a los portavoces de las fuerzas de la Cámara baja la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo.
El portavoz Alfonso Cabello, puntualiza que se reclama la modificación del artículo 172 del Código Civil para este objetivo por la vía del decreto ley, igual que ha hecho el Gobierno español "en 138 ocasiones" con anterioridad. "Si la amnistía es buena, necesaria y urgente, cómo no lo va a ser atender a los 5.600 menores llegados al Archipiélago".
Como alternativas a la aprobación del decreto ley, el Ejecutivo aporta otros cambios legislativos "más gravosos, complejos y lentos" al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.
En cuanto a los convenios con las comunidades autónomas para distribuir a los 347 menores pactados en octubre, Manuel Domínguez, apuntan que el asunto "va cogiendo cierto dinamismo" y se intercambia mucha documentación pero el sistema "no es rápido" para la necesidad que tiene Canarias, dado que solo en enero llegaron 902 menores, y las cifras de febrero prometen ser similares.
Viaje de Sánchez a Mauritania
Durante los primeros días del presente mes, ya han alcanzado las costas canarias más de 3.000 personas de forma ilegal, las últimas 145 llegadas este lunes a El Hierro, muchos de ellos menores. Es por ello que el Senador herreño, Aniceto Javier Armas, considera "crucial y necesaria" la reforma legislativa como "vía más rápida" para el reparto de menores. Sobre todo teniendo en cuenta, advierte, "que es posible que haya "más de 300.000 personas esperando en Mauritania para embarcar rumbo a Canarias". Destino del que proceden el 72% de los inmigrantes, según el último balance publicado por el Ministerio de Interior.
Hasta el país africano viajaron la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Desde el Ejecutivo insular aspiraban a que dicha visita diese un "respiro" a la llegada de cayucos, pero de ella todavía no se tiene más información que el paquete de ayudas en cooperación por más de 500 millones de euros.