El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo hito en la tramitación de la ley que regulará la vivienda vacacional en las Islas, la consulta pública y el trámite de audiencia, con la idea de que el anteproyecto entre en el Parlamento en septiembre y la normativa entre en vigor este año.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, anunció este lunes que el miércoles, 3 de abril, se iniciará el preceptivo trámite del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, uno de los principales compromisos políticos para la presente legislatura, presidida por Fernando Clavijo.
De León subrayó que la ley "tiene marcado carácter transversal, pues aborda no solo competencias turísticas, sino también de vivienda, urbanismo, medioambiente, protección del territorio y de los consumidores, por lo que es una norma que implica a todo el Gobierno de Canarias".
El texto actualizará la normativa vigente que data del año 2015, y con ella el Ejecutivo autonómico garantiza la mayor participación de la ciudadanía y de los diferentes sectores e instituciones implicadas, que propiciará un cambio en el paradigma de la política turística y permitirá recuperar "el equilibrio territorial perdido".
La titular del área de Turismo y Empleo indicó que en los escasos ocho meses de legislatura, han elaborado una ley "que viene a dar respuesta a un fenómeno que supera ya el 37% de la oferta alojativa que existe ahora mismo en Canarias". Según las cifras oficiales, a 1 de abril de 2024, hay 54.227 viviendas vacacionales en el archipiélago.
Una de las claves de la nueva normativa es que la vivienda de uso turístico o vacacional solo es admisible y compatible con el uso residencial y de vivienda si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico estableciendo su ordenación pormenorizada.
Detalles de la ley
Los detalles de la futura ley se darán a conocer este miércoles, y por el momento De León ha avanzado de su contenido que la autorización de nuevas viviendas vacacionales solo será posible si el planeamiento de cada municipio lo permite. "La competencia recae donde siempre ha estado", en los ayuntamientos, que serán los que "limiten o establezcan qué zonas de crecimiento quieren para sus municipios, por núcleos, barrios, por población, por distrito…".
Hasta ahora bastaba con una declaración responsable "que los cabildos tenían que comprobar, y no lo han hecho", por lo que ese decreto de mínimos había que regularlo y reforzarlo con una norma con rango de ley para volver equilibrar el sistema urbanístico", defendió De León. También reveló que la futura norma prohibirá "de forma expresa" la explotación turística de viviendas protegidas.
Equilibrio territorial
De León hizo hincapié en la importancia de recuperar el equilibrio entre la actividad turística y el residente "especialmente en lo relativo a los modelos urbanísticos, territoriales y ambientales establecidos para cada una de las islas, teniendo en cuenta que la prioridad es el bienestar de la ciudadanía canaria, pues solo garantizando su calidad de vida se podrá trabajar adecuadamente en procurar la felicidad de los turistas que nos visitan".
Tal y como adelantó, desde el miércoles, 3 de abril, y durante veinte días hábiles, hasta el 2 de mayo, el texto legal se someterá a audiencia e información pública para recibir todas las aportaciones que puedan enriquecerlo. De este modo, tras las reuniones sectoriales mantenidas en las últimas semanas dentro de la ronda de consultas que se iniciaron para conocer la opinión de diferentes sectores profesionales e instituciones públicas, el texto del anteproyecto estará a disposición de la ciudadanía en el portal web de Transparencia.
Además, se prevé mantener reuniones informativas complementarias con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y con los cabildos insulares.
Con posterioridad, una vez analizadas las aportaciones recibidas, la Consejería de Turismo y Empleo solicitará los informes preceptivos y posteriormente se elevará el texto definitivo al Consejo de Gobierno para su aprobación. A partir de ahí, el proyecto de ley llegará al Parlamento de Canarias para su debate y votación.