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Moncloa hipoteca a los canarios con 1.000 millones para el TMT

El Ministerio de Ciencia aportará 400 millones y el resto, en partidas de 300 millones, lo cubrirían el BEI y el ICO

EFE

La carrera internacional por albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT) en el Observatorio del Roque de los Muchachos ha entrado en una fase decisiva, pero el método elegido por el Ejecutivo central plantea serias dudas sobre la viabilidad de nuestro modelo económico. El Gobierno, de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha estructurado un marco que movilizará hasta 1.000 millones de euros. Sobre el papel, un éxito diplomático; en las cuentas del Estado, una inyección masiva de capital que recae de forma íntegra sobre el endeudamiento y la estructura pública.

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La anestesia del crédito institucional

El desglose de esta supuesta "arquitectura financiera" revela el nulo protagonismo del libre mercado en la operación. Para convencer al consorcio internacional de que elija La Palma frente a otras alternativas, el Ministerio de Ciencia inyectará de entrada 400 millones de euros a fondo perdido a través del CDTI.

El abismo restante se cubrirá con deuda. Se contemplan 300 millones procedentes de un préstamo del BEI y otros 300 millones articulados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El propio documento técnico incluye la red de seguridad de la empresa pública Cesce. En definitiva, el Estado asume el papel de inversor de riesgo, pero operando con la pólvora del contribuyente para sostener el proyecto durante el próximo medio siglo.

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El fracaso de la competitividad fiscal

Este movimiento pone en evidencia una carencia estructural de la economía española y canaria. Si un proyecto tecnológico de esta magnitud cuenta con una viabilidad a cincuenta años y un indudable retorno científico, ¿por qué requiere un rescate preventivo y absoluto por parte de las Administraciones?

La respuesta radica en un marco fiscal y burocrático que ahuyenta al capital privado. En lugar de crear un entorno de baja tributación y certidumbre jurídica que atraiga orgánicamente la inversión internacional, la Moncloa opta por la vía rápida del intervencionismo: sustituir el capital privado ausente por endeudamiento público presente. Es el enésimo ejemplo de un modelo donde el Estado dirige el mercado a golpe de talonario, anulando el cálculo económico real de los proyectos.

La paradoja palmera: hiperregulación frente a macroproyectos

El contraste resulta especialmente sangrante en La Palma. Mientras los pequeños empresarios, agricultores y familias de la Isla Bonita siguen asfixiados por la lentitud en la concesión de licencias, la maraña legislativa y las promesas incumplidas de la reconstrucción posvolcán, el Gobierno central es capaz de articular 1.000 millones en créditos y avales públicos para un macroproyecto institucional.

Nadie discute la excelencia del cielo canario ni el innegable prestigio que aportaría el TMT. El problema reside en la ejecución. Fiar el desarrollo de infraestructuras estratégicas a la expansión perpetua del gasto y la deuda pública no genera riqueza estructural, tan solo maquilla a corto plazo la incapacidad de España para ser un destino de inversión verdaderamente libre y competitivo.

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