El Boletín Oficial de Canarias ha sacado a la luz un movimiento administrativo cuando menos llamativo por parte del ente público Radiotelevisión Canaria. A través de un documento bautizado como Convenio de Cooperación, la Radio Pública de Canarias (RPC) ha decidido ceder parte de su codiciado espacio de emisión para promocionar el evento cinematográfico Festival Insularia-Islas en Red 2026, gestionado por una asociación privada.
Lo verdaderamente interesante del texto no reside en la promoción cultural, sino en la arquitectura burocrática diseñada. El propio documento oficial especifica que recurrir a esta figura de convenio constituye un "supuesto de exclusión de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público". Al justificar que el acuerdo no requiere "aportación económica de ningún tipo", el ente público logra sortear los rígidos controles y exigencias que impone la normativa habitual de contratación.
Sin embargo, que no exista una transferencia bancaria directa no implica que la operación salga gratis. La radio autonómica se obliga a emitir cuñas promocionales de veinte segundos y a desplegar una "cobertura especial" en sus espacios. En la práctica, esto supone entregar tiempo de emisión financiado íntegramente por los contribuyentes canarios para apuntalar un festival ajeno. A cambio de esta valiosa ventana mediática, la asociación organizadora se limitará a colocar el logotipo de la cadena pública en su cartelería.
"Economía procesal" para evitar la vigilancia
La guinda de este acuerdo llega a la hora de fiscalizar el uso de estos recursos. Ambas partes han pactado por escrito la no constitución de una Comisión de Seguimiento. El argumento utilizado en el boletín para anular este control básico roza lo irónico, apelan a los "principios de economía procesal", la "estabilidad presupuestaria" y la "eficiencia", asegurando que crear un grupo que vigile el acuerdo supondría un consumo de recursos mayor que el propio convenio.
El resultado final es un escenario donde la Administración autonómica cede su altavoz público a iniciativas particulares, blindando el proceso ante la legislación de contratos y eliminando de un plumazo el órgano encargado de auditar que el intercambio se cumpla debidamente. Una forma peculiar de entender la gestión de lo que es de todos.