El Antiguo Salón de Sesiones del Senado de España ha acogido la presentación de la reedición del libro 'El Rey' del que fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional (1980-1986) Manuel García-Pelayo, y que ha estado presidido por Felipe VI.
Se trata de la segunda edición del libro (la primera salió en noviembre de 2024) y que se ha celebrado el día del 35 aniversario de la muerte de García-Pelayo. Un libro dedicado a la función constitucional del jefe del Estado, y que rescata tres dictámenes redactados de forma privada por García-Pelayo en 1983, y que lleva por título "Consideraciones jurídico-constitucionales sobre la actuación del rey con ocasión de los acontecimientos del 23 y 24 de febrero de 1981". Unos escritos localizados tras su fallecimiento por sus sobrinos y que llega justo el día que el Consejo de Ministros desclasifica la documentación relativa al 23-F.
En él concluye que "los actos llevados a cabo o promovidos por el rey tuvieron como resultado que la constitución no cesara en ningún momento de tener vigencia". Además, subraya que durante la crisis "no se suspendió ningún derecho o libertad fundamental" y que las acciones del monarca se basaron siempre en "preceptos constitucionales concretos". Un informe que envió a Juan Carlos I que se lo agradeció en una afectuosa carta, también publicada en el libro.
García-Pelayo consideraba al Rey constitucional como depositario de una "reserva de poder" que solo debe ejercerse en situaciones verdaderamente excepcionales. Asimismo, defendía que la Corona no se limita a representar al Estado, sino que forma parte de su engranaje político y constitucional. Asimismo, sostiene que el diseño constitucional español sitúa al Rey como un actor institucional de primera magnitud, cuya función sólo se entiende en el equilibrio general del sistema. Según esa tesis, la Corona no sería un elemento decorativo, sino una pieza que aporta estabilidad y continuidad al conjunto del orden constitucional.
Durante el acto han participado el presidente del Senado Pedro Rollán, el expresidente Felipe González, el letrado de Cortes Manuel Fernández-Fontecha, el profesor Eloy García y José Antonio Zarzalejos. González ha participado en esta segunda edición con un escrito titulado "Mi vivencia personal con García-Pelayo", en el que habla de la "amigo en el sentido cabal de la palabra" que mantuvo con el "republicano español y gran jurista". Además, incluye cartas que se intercambiaron la Zarzuela, González y el jurista sobre el papel del Monarca en el régimen parlamentario.
Durante su intervención, el expresidente González, ha querido tener unas palabras de apoyo a Ucrania en la que "tenemos que estar con el agredido y con su lucha por mantener la soberanía y las libertades". También ha reclamado una desclasificación "total" de los documentos del 23-F "para que se conozca todo el proceso del 23-F para comprender de verdad todo el papel del Rey Juan Carlos", ha incidido. A juicio de González, la actuación de Juan Carlos I "fue decisiva, más que ejemplar" recordando que fue "rey constitucional antes de que la Constitución se hubiera aprobado".
Asimismo, ha asegurado que, durante la tentativa del golpe, el papel del rey Juan Carlos" fue absolutamente determinante en que no hubiera interrupción de las libertades básicas de los ciudadanos ni de las libertades de la Constitución".
Un acto en el que han estado presentes, además, el ministro Luis Planas, el expresidente Mariano Rajoy; el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Tribunal Supermo y del CGPJ Isabel Perelló; el presidente del Tribunal Constucional Cándido Conde-Pumpido acompañado de algunos magistrados de este Tribunal como María Luisa Segoviano o Juan Carlos Campo, o algunos expresidentes del TC como Pascual Sala o Juan José González Rivas.
Manuel García-Pelayo, una carrera marcada por las sentencias de Rumasa y el aborto
Manuel García-Pelayo Alonso (Corrales del Vino, Zamora, 23 de mayo de 1909-Caracas, Venezuela, 25 de febrero de 1991) fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. Tras jubilarse en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela en 1979, y después de la aprobación de la Constitución de 1978, Adolfo Suárez le propuso ser magistrado del recién creado Tribunal Constitucional como jurista de reconocido prestigio, del que fue nombrado magistrado en febrero de 1980 y presidente del Tribunal, del que dimitió en febrero de 1986.
Su figura quedó marcada por la sentencia en la que, con su voto de calidad, se decidió la constitucionalidad del decreto-ley 2/1983 de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras Sociedades que componen el grupo "Rumasa". Los debates internos del Tribunal y la sentencia se filtraron a la prensa y García-Pelayo recibió un aluvión de críticas, así como acusaciones de haberle hecho el juego al Gobierno de Felipe González
En 1985, esta vez en contra del Gobierno socialista, otro voto de calidad de García-Pelayo decidió la inconstitucionalidad de la ley del aborto, una sentencia no exenta de polémica porque el vicepresidente el Gobierno amenazó públicamente al Tribunal Constitucional ante la posibilidad de una sentencia desfavorable. Tras su dimisión en febrero de 1986, regresó a Caracas, donde murió el 25 de febrero de 1991.