El conflicto judicial y mediático que rodea a Paloma Porcel, hija de la recordada actriz Marisa Porcel, ha alcanzado un punto crítico tras conocerse los detalles de la disputa por un chalé de lujo en Las Rozas (Madrid). Lo que comenzó como un problema de herencia derivado de las deudas fiscales de la intérprete de Escenas de matrimonio, se ha transformado en una batalla legal por la posesión de una vivienda que ya ha cambiado de manos en el registro, pero no en la práctica.
Una herencia marcada por la deuda
La raíz del problema se remonta al fallecimiento de Marisa Porcel en 2018. La actriz dejó tras de sí una deuda con la Agencia Tributaria que superaba los 1,4 millones de euros. Su única hija, Paloma Porcel —conocida también por su carrera como actriz de doblaje, siendo la voz habitual de Sarah Jessica Parker en España—, aceptó la herencia, lo que incluía tanto los activos como las elevadas cargas fiscales.
Ante la imposibilidad de saldar la deuda, Hacienda procedió al embargo y posterior subasta de la propiedad familiar: un chalé de 1.700 metros cuadrados ubicado en la exclusiva urbanización Club de Golf de Las Rozas. La vivienda, que pertenecía a la sociedad Akaster Level SL (formada por madre e hija), fue finalmente adjudicada en una subasta pública y, posteriormente, vendida a un particular por un precio aproximado de 700.000 euros, una cifra sensiblemente inferior a su valor de mercado debido a su situación de ocupación.
El actual propietario, identificado en diversos medios como Manuel J., denuncia que Paloma Porcel y su pareja se niegan a abandonar el inmueble, alegando un supuesto derecho de tanteo y retracto. Según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo y ABC, los ocupantes sostienen que tienen preferencia para adquirir la casa por el mismo precio de la subasta amparándose en contratos de alquiler previos.
Sin embargo, la defensa del nuevo dueño cuestiona la validez de dichos contratos. Sostienen que se trata de una estrategia para dilatar el proceso de lanzamiento y han llegado a sugerir la existencia de una presunta falsedad documental y estafa procesal, argumentando que los documentos podrían haber sido confeccionados para generar un derecho de arrendamiento inexistente frente al nuevo propietario.
La exigencia económica: 300.000 euros
El propietario afirma que, en un intento de resolver la situación de forma amistosa, ofreció a la pareja el pago de la mudanza, los gastos legales y una compensación de 20.000 euros.
Según el relato del afectado, la respuesta de Paloma Porcel y su pareja fue una contraoferta de 300.000 euros para desalojar la vivienda. Este ha calificado esta cifra de "rocambolesca e insultante", señalando además que en el interior de la parcela se encuentran doce vehículos y que, en momentos puntuales, se ha llegado a ver un helicóptero, lo que contrasta con la aparente vulnerabilidad que suele rodear a otros casos de ocupación.
A día de hoy, el caso permanece estancado en la vía civil. Mientras el propietario asegura que sigue viviendo de alquiler con su familia sin poder acceder a la casa que legalmente le pertenece, la defensa de Paloma Porcel ha remitido un comunicado a la prensa, donde aseguran que "no les consta ninguna acción penal ni denuncia policial" interpuesta contra su clienta, subrayando que el conflicto se limita actualmente a un proceso de lanzamiento por la vía civil que sigue su curso natural en los tribunales.