Gema, una cuidadora voluntaria de la colonia felina de Boya (Zamora) denunció hace meses que una vecina había matado brutalmente a varios gatitos callejeros recién nacidos. Desde entonces, su vida se ha convertido en un infierno porque la persona a la que denunció ante el Seprona es familia de un concejal del pueblo, que ha emitido un bando público animando a los vecinos a "afear en público" las "conductas desleales", algo que algunos de ellos han interpretado como una licencia para lanzar ladrillos contra la puerta de la casa de Gema. Ahora, ella teme por su seguridad y la de su familia. Esta es su historia.
Desde los 16 años, Gema se encarga de alimentar, desparasitar, cuidar y llevar al veterinario a los gatos callejeros de una colonia felina asentada en Boya, una localidad que pertenece al municipio de Mahíde, al noroeste de la provincia de Zamora, en plena Sierra de la Culebra. Lo hace como voluntaria, con su propio dinero y sin ayuda de las instituciones.
En varias ocasiones ha pedido al ayuntamiento de Mahíde que cumpla la ley de Bienestar Animal, lo que supone capturar, esterilizar, desparasitar y devolver a su hogar al menos al 80% de los gatos de la colonia, en este caso hablamos de unos 30 ejemplares aproximadamente. Además, debe implantar un plan de gestión de colonias felinas para garantizar la manutención, salud, salubridad y seguridad de los gatos callejeros, ahora denominados comunitarios.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mahíde le respondió –según cuenta Gema– que no disponía de fondos suficientes como para cumplir la ley, un problema compartido por la mayoría de los municipios pequeños de la España rural y que, en su día, el ideólogo de la ley, el exdirector general de Derechos de los Animales Sergio García Torres, decidió ignorar pese a las advertencias de ayuntamientos, veterinarios y de medios como este.
Muerte brutal de los gatos
Un buen día, Gema descubrió que una de las gatas había parido una camada de, al menos, cuatro gatitos. Pero una persona del pueblo decidió atajar el problema como se hacía antiguamente y la emprendió con los felinos recién nacidos con una brutalidad y crueldad extrema, a tenor de las imágenes y vídeos que Gema ha compartido con Libertad Digital y en las que se puede ver un gatito partido por la mitad.
Advertimos de que el vídeo puede herir la sensibilidad de algunos lectores.
Gema denunció los hechos al Seprona de la Guardia Civil, que se acercó a Boya para hacer fotografías y recabar pruebas. La cuidadora también identificó a la persona supuestamente responsable de la muerte de los gatos, a la que escuchó decir: "Esta mañana había unos gatos ahí y les pegué unos trompazos".
Matar a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en la ley de Bienestar Animal se considera una infracción muy grave, sancionada con multa de 50.000 a 200.000 euros. En ese sentido, el Código Penal prevé penas de prisión de 6 a 18 meses (o multa de 18 a 24 meses), además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales (incluyendo el ganado).
El alcalde entra en escena
Hete aquí que la persona denunciada ante el Seprona es familiar de un concejal, según relata Gema. Además, este representante público suele pasear con sus dos perros sueltos cerca de la colonia felina, algo que suele acabar, como no puede ser de otro modo, en persecuciones y ataques contra los gatos. Y esto, a su vez, ha añadido más leña al fuego al conflicto entre Gema y el concejal.
En este sentido, la ley de Bienestar Animal señala que "las personas titulares o responsables de perros deberán adoptar las medidas para evitar que la presencia de éstos pueda alterar o poner en riesgo la integridad de las colonias felinas y de los gatos comunitarios, así como de los recursos destinados a los mismos". Según Gema, el concejal respondió que "toda la vida los perros han corrido a los gatos".
El bando que abre la veda
El caso de la matanza de gatitos saltó a los medios de comunicación, algo que no sentó nada bien al concejal. Su respuesta fue emitir un bando público, firmado por él mismo como "alcalde" y titulado "Vive y deja vivir". Nada más lejos de la realidad.
El bando dice: "Animo a todos para que reprochen y afeen en público aquellas conductas molestas, desagradables, hipócritas y desleales que están fomentando determinadas personas, difundiéndolas en medios de difusión de dudosa credibilidad y reconocida vanidad que no se ocupan de contrastar informaciones unilaterales de marcada visión subjetiva y torticera".
Y continúa: "Que a quienes celebran y comparten los actos de aquellas personas que pretenden romper las buenas relaciones de convivencia y que nos han llevado a este clima hostil y enrarecido que padecemos, se les aparte y recrimine su actitud negativa y se les invite a distanciarse de las malas compañías".
Y desde entonces, en el ostracismo por orden del concejal autoproclamado alcalde, Gema denuncia que ha sufrido acoso, amenazas e insultos. Hace unos días, alguien lanzó ladrillos contra la puerta de su casa. Y ahora, Gema teme que todo esto acabe en una agresión física contra ella o su familia.
Represalias contra los gatos
No es la única que está pagando las consecuencias. Los comederos de la colonia felina han aparecido rotos o llenos de alcohol. La semana pasada Gema descubrió a una gata de la colonia, sana el día anterior, desangrándose entre grandes dolores. "Tenía la cadera rota y el fémur fracturado, como mínimo, debido a un atropello (aquí nunca son accidentales) o una paliza, posiblemente conectado con lo que pasó de madrugada", en referencia al ataque vandálico contra su casa.
La gata ha sido operada este jueves y, aunque ha sobrevivido, tendrá que someterse a una nueva operación en dos meses: "La han destrozado tanto que ahora no puede reconstruirse aún la cadera", señala Gema.
Libertad Digital se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Mahíde para conocer la versión del consistorio, pero no ha obtenido respuesta. Según El Correo de Zamora, el mes pasado Mahíde aprobó un programa de gestión de las colonias felinas ferales a propuesta de un concejal de la oposición a instancias de la propia Gema.