Los veterinarios están en pie de guerra contra el Real Decreto de control de antibióticos que entró en vigor el pasado 2 de enero y que les obliga a registrar de forma telemática cada vez que dispensen o receten antibióticos a una mascota. Pero esto no es todo. Según alertan, la nueva ley supondrá también un aumento de los costes para los propietarios e, incluso, un riesgo para la salud de los animales.
Pruebas extra bajo amenaza de multa
El Gobierno ha establecido cuatro grupos de antibióticos. "Los que nos dejan utilizar de forma habitual, nuestra primera opción, son los del grupo D. Pero para usar los antibióticos que están en los otros grupos, entre ellos algunos que utilizamos habitualmente para infecciones de oído, nos exigen realizar un antibiograma o cultivo previo", explica el veterinario Joaquín Laliena.
Aunque el veterinario sepa, por experiencia profesional, que un antibiótico es adecuado para un caso concreto, no lo puede utilizar porque la ley le obliga a solicitar pruebas a un laboratorio, algo que se puede demorar una semana y, además de suponer un coste extra añadido para el cliente, puede poner en peligro la salud de las mascotas.
¿Y cómo sabe el Gobierno si los veterinarios han pedido las pruebas correspondientes? Porque la ley obliga a los profesionales a registrar de forma telemática todos los antibióticos que utilicen o receten. De este modo, el Ministerio de Agricultura puede revisar esa base de datos y hacer controles entre los profesionales: "¿Tú no has hecho antibiograma? Pues multa. El tema es que no es algo meramente disuasorio. Estamos hablando de sanciones que van desde los 60.000 euros hasta el millón de euros", denuncia Laliena.
Medicamentos innecesarios
Otra de las novedades de este Real Decreto que supondrá un gasto extra para los propietarios de mascotas es la compra de los propios medicamentos. Hasta ahora, los clientes podían comprar en el veterinario la cantidad exacta de pastillas de antibiótico que necesitaban para un tratamiento. Eso ha cambiado.
"Ahora no podemos hacer eso. No podemos dar tratamientos a largo plazo para animales. Nos lo han prohibido y nos van a multar si lo hacemos", explica Laliena. "Ahora tenemos que recetar una caja que el cliente tendrá que comprar en la farmacia y que lleva 12 o 20 comprimidos, en lugar de los que realmente necesita."
Lo más irónico de todo es que el Gobierno ha justificado este Real Decreto alegando que hay que luchar contra las resistencias antimicrobianas. "Nos obligan a recetar al cliente el triple o el doble de lo que necesita el animal. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ese animal vuelva a estar enfermo, el cliente le automedicará con lo que ha sobrado. La otra opción es que el antibiótico caduque y acabe en el medioambiente donde creará resistencia antimicrobiana. No hay por dónde cogerlo", explica Laliena.
Sin chip no hay antibiótico
Otra de las medidas más polémicas es que los animales que no tengan chip, no podrán recibir tratamiento con antibióticos. La ley de Bienestar Animal obliga a tener chipados a perros, gatos y hurones, pero otras mascotas no tienen por qué llevar esta identificación. En esos casos, los veterinarios no tienen ni idea de cómo deben proceder. Y lo mismo sucede con los gatos callejeros y otros animales sin identificar que recogen las protectoras.
La Dirección General de Derechos de los Animales publicó una nota señalando que se puede tratar a los animales no identificados que tengan patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con quienes conviven, sin embargo los veterinarios dudan de hasta qué punto están amparados legalmente. En cualquier caso, la cuantía de las multas no deja margen al riesgo innecesario.
"No somos traficantes"
Los veterinarios, organizados bajo la plataforma Veterinarios Unidos, están recogiendo firmas para acabar con la norma. Critican el aumento de la burocracia, el riesgo para la salud de las mascotas y el aumento del coste para los propietarios. Reclaman un nuevo sistema que "confíe en los veterinarios, simplifique la gestión administrativa y respete el criterio clínico".
"Somos profesionales, tenemos cinco años de carrera, tenemos una experiencia profesional que nos avala y nos están tratando como si fuéramos delincuentes, prácticamente unos traficantes de droga", lamenta Laliena. "Sabemos lo que hacemos y lo que dispensamos. Tenemos capacidad para ello".
Los datos demuestran tanto el buen hacer de los veterinarios como lo innecesaria que es esta norma del Ministerio de Agricultura. Según la Organización Colegial Veterinaria, España ha conseguido reducir el uso de antimicrobianos en animales en un 69,5% entre 2014 y 2022, lo que nos convierte en el país europeo que más ha reducido el uso de antibióticos en animales.