Un grupo de científicos inició en julio de 2024 una campaña de captura, esterilización y retorno (CER) de los gatos de las colonias felinas de La Graciosa (Canarias) con el objetivo de proteger a las especies locales. Sin embargo, denuncian que tuvieron que detener el proyecto de forma "prematura" debido a las "restricciones administrativas" y a la "fuerte oposición" y "amenazas" de grupos ambientalistas.
El estudio recientemente publicado en el que han participado investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras instituciones, señala que la proliferación de las colonias felinas amenaza la biodiversidad autóctona de la isla de La Graciosa, un espacio Natura 2000. De hecho, según CSIC los gatos callejeros "han estado involucrados en el 14% de todas las extinciones de aves, mamíferos y reptiles" de los sistemas insulares.
En julio de 2024, un equipo científicos y voluntarios iniciaron una campaña de captura, esterilización y retorno (CER) y consiguieron esterilizar al 81,4% de los gatos de las colonias felinas. "El éxito de la campaña dependió en gran medida de la participación activa de la comunidad local, que ayudó a identificar, atrapar y monitorear a los gatos callejeros, facilitando así una alta tasa de esterilización", señala el informe.
El método CER es la única forma de control de las poblaciones felinas permitida por la Ley de Bienestar Animal, que también contempla la posibilidad excepcional de desplazar a los gatos callejeros en el caso de que pongan en riesgo la biodiversidad.
"Se realizaron esterilizaciones quirúrgicas durante tres días consecutivos (del 26 al 28 de julio) siguiendo protocolos veterinarios estandarizados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los procedimientos incluyeron anestesia general, técnicas asépticas y protocolos de manejo del dolor para minimizar el estrés y promover la recuperación. Los gatos fueron monitoreados de cerca después de la cirugía y solo fueron liberados cuando se consideró que estaban en condiciones", especifica el estudio.
Un esfuerzo perdido
Sin embargo, todo ese esfuerzo se ha ido al traste. Consiguieron esterilizar al 81,4% de los gatos en áreas urbanas, pero el propio informe reconoce que, "si bien las altas tasas de esterilización pueden reducir las poblaciones, alcanzar el umbral necesario del 93-95% es esencial para el éxito a largo plazo". Si no se mantiene la vigilancia y las esterilizaciones, todo el dinero y trabajo invertido en La Graciosa no servirán de nada: "Sin esfuerzos de seguimiento regulares, es probable que la población de gatos comunitarios se recupere en dos o tres años".
La culpa, señala el informe, es de las administraciones y varios grupos ecologistas: "Las restricciones administrativas obstaculizaron el acceso a las zonas periurbanas, dejando grupos de población esenciales sin esterilizar y limitando el alcance general de la campaña. Además, la fuerte oposición de los grupos conservacionistas, amplificada por una amplia cobertura mediática, detuvo el proyecto prematuramente, reduciendo la tasa de esterilización efectiva al 69,3% en tres meses".
Según explica el estudio, "organizaciones ecologistas locales" criticaron la campaña de esterilizaciones porque consideraron que no resolvía "la depredación continua" de especies protegidas, aunque "irónicamente, tales objeciones surgieron después de varias décadas de inacción", afirman.
Pidieron trasladar todos los gatos a un albergue
Aunque el informe científico no recoge los nombres de esas organizaciones ecologistas, se trata de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad (ACBC), de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), del Grupo de Ornitología e Historia Natural de Canarias (GOHNIC), Ecologistas en Acción Lanzarote y de SEO/BirdLife, esta última beneficiada con al menos 14,6 millones de euros en subvenciones públicas en los últimos cuatro años, según datos de la propia entidad.
Todos ellos publicaron un comunicado conjunto el pasado mes de septiembre en el que acusaban al Área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote de "agravar" el problema y exigían "como única actuación efectiva", trasladar a todos los gatos vagabundos de la isla a "instalaciones adecuadas en Lanzarote".
El informe científico afea la conducta de estas asociaciones: "En lugar de apoyar esta intervención pragmática y no letal destinada a frenar la escalada del problema, estos grupos recurrieron a la crítica pública e incluso a amenazas de acciones legales, socavando una medida que buscaba prevenir un mayor crecimiento de la población y mitigar el daño a la biodiversidad local", denuncian.
"Esta oposición, combinada con un mayor escrutinio público, condujo a decisiones administrativas que finalmente detuvieron el proyecto e impidieron la finalización de las esterilizaciones planificadas, lo que puso de relieve las profundas barreras sociopolíticas e institucionales que han obstaculizado durante mucho tiempo los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en la isla".