El Real Decreto de control de antibióticos del Ministerio de Agricultura que obliga a los veterinarios a registrar cada receta o dispensación de antibióticos y a realizar cultivos en determinados casos, ya se ha cobrado la primera víctima mortal. Se trata de Selva, una hembra de jack russell que falleció el pasado jueves debido a una infección.
Según ha confirmado Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, a Libertad Digital, la perra, de nueve años, había acudido a la clínica veterinaria tras sufrir una mordedura de otro perro. Allí se le aplicó el protocolo marcado por la nueva normativa. Después de varios días de tratamiento, Selva experimentó un empeoramiento, no logró superar la sepsis y falleció".
El protocolo marcado por el Ministerio de Agricultura consiste en que los veterinarios están obligados a recetar un antibiótico de la lista permitida y a registrarlo en un sistema telemático (Presvet). En el caso de que los profesionales determinen que el animal necesita otro tipo de antibiótico más específico o más potente no incluido en la lista, deben pedir un antibiograma, una prueba para verificar si una bacteria es sensible o resistente a un antibiótico.
El problema es que, a veces, la infección en el cuerpo del animal avanza más rápido que el cultivo en una placa de petri. Y esto fue lo que le pasó a Selva. El cultivo que determinaba qué antibiótico necesitaba llegó este pasado lunes, cuatro días después de la muerte del animal. La frustración y la impotencia de la clínica veterinaria es compartida por otros veterinarios conscientes de la situación.
"En el caso de Selva, es muy posible que su veterinario supiese perfectamente qué tipo de antibiótico iba a curar esa infección, porque somos personas con experiencia profesional. Pero legalmente no lo pudo utilizar sin pedir antes un antibiograma que le cubriese las espaldas frente a multas de entre 60.000 hasta 1 millón de euros. La ley está criminalizando nuestro criterio profesional", denuncia el veterinario Joaquín Laliena.
El caso de Selva es el primero, toda una advertencia de lo que va a venir más adelante si el Gobierno no modifica la ley. "Esto es volver a la Edad Media. Que se muera un animal de sepsis a día de hoy es vergonzoso y que lo estén permitiendo los políticos también es vergonzoso y más teniendo los medios y los antibióticos para evitarlo", señala Laliena.
Los veterinarios ya se han manifestado, han organizado paros simbólicos en las clínicas y seguirán luchando para que el Gobierno haga una moratoria y revise esta normativa que ya le ha costado la vida a una mascota. Entre las movilizaciones anunciadas, el próximo 21 de febrero tendrá lugar una concentración en Valencia; el 23 de febrero, el sector veterinario gallego se manifestará en el Obelisco de La Coruña; el 28 de febrero, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía saldrá a la calle y el 5 de marzo se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura.