El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una consulta pública para desarrollar el Real Decreto que regulará los llamados listados positivos de animales de compañía, una de las medidas más polémicas de la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023.
La consulta estará abierta hasta el 28 de octubre de 2025 para que organizaciones de cría y comercio de animales domésticos y silvestres, entidades de protección animal y los ciudadanos en general opinen sobre qué especies deberían considerarse animales de compañía en España y cuáles pasarán a estar totalmente prohibidos.
La Coalición para el Listado Positivo, integrada por las organizaciones ANDA, FAADA y AAP Primadomus, aplaude la consulta como "un paso adelante" para limitar la tenencia de animales considerados inapropiados para la vida doméstica. Estiman que, excluyendo perros y gatos, "en España hay 8,7 millones de animales de compañía, entre los que se incluye una gran variedad de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, muchos de ellos no aptos para vivir en cautividad. En Europa, esta cifra se eleva a más de 68 millones".
¿Más control o más mercado negro?
Las asociaciones animalistas que apoyan los listados positivos aseguran que "la falta de normativas rigurosas y eficaces que controlen y limiten el comercio y tenencia de estos animales, unida al desconocimiento sobre su cuidado, ha desembocado en muchos casos en graves problemas medioambientales y de bienestar animal".
"Los listados positivos son una herramienta clave para prevenir el sufrimiento de miles de animales salvajes exóticos que nunca deberían haber sido adquiridos para mantenerlos en una casa, y que las medidas actuales no han logrado resolver. Por eso impulsamos un cambio de enfoque: pasar de reaccionar a prevenir", señala Olga Martín, coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo.
Sin embargo, criadores, propietarios de animales exóticos y expertos en biodiversidad recuerdan que España ya cuenta con una herramienta internacional sólida para controlar el comercio y la tenencia de especies exóticas: el Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Este acuerdo, en vigor desde 1986, regula mediante permisos y certificados la importación, exportación, cría y compraventa de animales, además de su trazabilidad.
En la práctica, España aplica ya controles exhaustivos en aduanas, aeropuertos, tiendas y criaderos, con sanciones graves por incumplimiento. En este contexto, un listado positivo supondría una duplicidad normativa innecesaria que, en opinión de los propietarios y criadores de exóticos, sólo agravará el problema del tráfico ilegal y la tenencia irresponsable, además del mercado negro.
¿Ciencia o ideología?
El Gobierno y las asociaciones defensoras de los listados positivos aseguran que las especies exóticas "pueden suponer un riesgo para la biodiversidad", pues "en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en especies invasoras al escaparse o ponerse directamente en libertad", amenazando la viabilidad de las especies silvestres autóctonas.
Además, añaden, "existe un riesgo sanitario para la salud pública como vector de transmisión de enfermedades zoonóticas, para la seguridad ciudadana por su posible naturaleza depredadora, agresiva o venenosa, así como para la salud y seguridad de otros animales".
En este sentido, los criadores de exóticos recuerdan que los gatos y los perros lideran las estadísticas de abandono. Además, los felinos de las colonias callejeras son la especie invasora y depredadora por excelencia, pero en ningún caso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir la tenencia de gatos. Y, por si fuera poco, la propia ley animalista ya incluyó una disposición transitoria que prohíbe aquellos animales que puedan suponer un peligro por su veneno o su naturaleza agresiva o depredadora.
Las asociaciones de criadores y propietarios de exóticos sospechan que el listado positivo podría dejar fuera del sistema a miles de especies que actualmente son legales. Y temen que, únicamente por motivos ideológicos, se obligaría a los dueños a deshacerse de sus animales o mantenerlos en un limbo legal.