El Gobierno le quita un loro a una jubilada: "Me han robado a Kiko y no puedo hacer nada"

Dori tiene 75 años y durante casi un cuarto de siglo ha compartido su vida con Kiko, un precioso loro gris (Psittacus erithacus) que compró cuando apenas era un pollito en una tienda de barrio, con su factura y su certificado CITES (un permiso emitido por el Gobierno que demuestra que el animal no procede del tráfico ilegal de especies). Desde entonces, Kiko ha sido parte de la familia.

"Lo quiero mucho. Nada más levantarme hablo con él. Él habla conmigo... Estoy muy sola en casa y hablamos los dos", cuenta Dori a Libertad Digital con una mezcla de ternura y tristeza, porque hace apenas una semana, el Estado decidió que Kiko pertenece a la administración, aunque Dori se quedará con él como "cuidadora en régimen de custodia". Sí, efectivamente: después de casi 24 años de convivencia, el Estado ha expropiado un loro doméstico a una jubilada.

La historia comenzó una mañana cualquiera, cuando su marido limpiaba la jaula del loro. "El animal se escapó", recuerda Dori. El ave voló por el barrio, en Barajas (Madrid) y estuvo dos días perdido mientras la pareja lo buscaba sin descanso. Kiko, desorientado, se había colado en la casa de un vecino. "El pobre hombre no sabía qué hacer. Le dio un trocito de manzana y llamó a la Policía", relata Dori. Los agentes municipales de Barajas recogieron al loro y lo llevaron al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Tres Cantos.

Ahí comenzó el calvario.

"Me vine llorando y desconsolada"

Cuando Dori supo dónde estaba su loro, acudió con la jaula, la factura de compra y el certificado CITES. Pensaba que solo tendría que demostrar que era suyo para llevárselo de vuelta a casa. Pero, lejos de ayudarles, se encontraron con un muro de silencio. "Nos trataron mal. Me dijeron que los papeles no servían para nada" porque el animal no tenía anilla.

Ni siquiera le permitieron ver al loro. "Les pedí por favor que me dejaran verlo, aunque solo fuera un momento. No nos dejaron pasar. Ni siquiera sacaron la jaula para que viéramos cómo estaba Kiko. Me vine a casa llorando desconsolada", recuerda entre lágrimas.

"Aunque no me dejaban verlo, llamaba dos veces al día para preguntar por Kiko hasta que dejaron de cogerme el teléfono". Finalmente, gracias a la presión de su hija Marian, el CRAS accedió a devolverles al loro, pero con una condición: el animal ya no era suyo. Era del Estado.

Propiedad del Estado, custodia privada

El documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que el loro es un animal CITES confiscado porque "no existe constancia de su legítima posesión". Se ve que la factura de compra, el certificado CITES y 23 años de fotografías no son suficientes.

Entonces, Dori y su hija Marian acudieron al Ministerio de Transición Ecológica para tratar de resolver la situación. Sin embargo allí se encontraron nuevamente con un burdo chantaje. "Me dijeron que si no firmaba el documento de expropiación, no me daban al loro. Que lo perdía para siempre". Ellas intentaron anotar "no conforme" en el documento, pero ni eso les permitieron. "Me dijeron que eso no era posible. Que lo aceptábamos como estaba, o que si queríamos recurrir y luchar por su custodia, no lo íbamos a recuperar".

Así que Dori firmó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque su prioridad era volver a Kiko cuanto antes. "Aunque me quiten la tutela —dice—, por lo menos lo tengo conmigo."

Según el documento que el Ministerio le obligó a firmar, el loro pertenece al Estado (incluso su descendencia, si la tuviera), pero Dori debe hacerse cargo de "los gastos de conservación, manutención y todo tipo de cuidados requeridos para la conservación de los especímenes". Además, tendrá que devolver el loro si el Estado lo requiere. Y si Dori se muda de casa, también tendrá que comunicárselo al Ministerio de Transición Ecológica.

¿Qué dice la ley de Bienestar Animal?

La ley de Bienestar Animal, aplicable a Kiko como mascota que es, señala que "no cumplir las obligaciones de identificación del animal" supone una infracción grave, sancionada con multas de entre 10.000 y 50.000 euros.

Sin embargo, en el artículo 78, añade que "las infracciones graves y muy graves podrán conllevar la imposición de cualquiera de las sanciones accesorias", entre las que se encuentra "la intervención del animal y su transmisión a un centro de protección animal", una medida sumamente drástica pensada para situaciones en las que se compromete el bienestar del animal. Sin embargo, en este caso la administración es plenamente consciente de que el loro va a estar mejor en su domicilio habitual que en un centro de protección animal.

"Lloras de rabia e impotencia. Las autoridades grandes tienen el poder y hacen las cosas como quieren y ni siquiera te dan la oportunidad de defenderte", dice Dori dolida y resignada. "Yo no entiendo de leyes, pero ellos han cogido a Kiko, me lo han robado y no puedo hacer nada. Ese es el trato que nos dan".

De momento, Kiko ha vuelto a la misma casa en la que ha vivido toda la vida, habla cuando le da la gana y Dori le responde con cariño aun a sabiendas de que ya no es suyo, ahora es propiedad de un Gobierno mucho más cruel que cualquier jaula.