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El cocodrilo Charlie, la primera mascota expropiada por la ley animalista

La ley de Bienestar Animal prohíbe la tenencia de reptiles de más de 2 kilos aunque se comprasen legalmente antes de su entrada en vigor.

La ley de Bienestar Animal prohíbe la tenencia de reptiles de más de 2 kilos aunque se comprasen legalmente antes de su entrada en vigor.

Charlie es una hembra de cocodrilo que vive con Fran, su propietario, desde hace más de 9 años. Desgraciadamente, se ha convertido en la primera mascota expropiada por la Ley de Bienestar Animal gracias al animalismo radical del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que se ha saltado a la torera la orden del director de Derechos de los Animales para no intervenir este tipo de mascotas porque podría ser una medida anticonstitucional.

Charlie tiene todos los papeles en regla, se adquirió de forma legal y vive tranquilamente en una instalación segura y registrada como núcleo zoológico en Torrijos (Toledo). Pero se convirtió en una mascota ilegal de la noche a la mañana, exactamente cuando entró en vigor la ley animalista hace ocho meses. Así que los agentes del Seprona han acudido este jueves a la tienda de Fran (Artroposfera) para llevárselo.

La disposición transitoria segunda de la ley prohíbe la tenencia de reptiles de más de dos kilos de peso en estado adulto y obliga a sus propietarios a autodenunciarse para que las autoridades competentes procedan a su incautación y las lleven a un centro de acogida. Charlie es un Osteolaemus tetraspis, la especie de cocodrilo más pequeña del mundo, pero en estado adulto puede alcanzar los 30 kilos de peso y los 160 centímetros. "Charlie es mi mascota, es mi cocodrilo. No quiero que me lo quiten", ha señalado Fran en declaraciones a Libertad Digital.

Una medida anticonstitucional

El director de Derechos de los Animales José Ramón Becerra afirmó hace apenas dos semanas que este apartado de la ley de Bienestar Animal podría ser anticonstitucional, motivo por el cual había dado orden a las comunidades autónomas de no intervenir los animales recogidos en la disposición transitoria segunda de la ley animalista.

Además, el decomiso de reptiles supone una carga económica extra para las comunidades autónomas, las competentes en materia de bienestar animal, y, por si fuera poco, no hay centros de protección animal de titularidad pública habilitados para albergar este tipo de animales. Quitárselos a sus dueños supondría la muerte de estas mascotas lo que, obviamente, contraviene el espíritu de la ley de Bienestar Animal.

A pesar de ello, los agentes de la Guardia Civil acompañados por funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica, según señala la abogada de Fran, han intentado llevarse a Charlie aunque no han registrado ningún tipo de maltrato, enfermedad o riesgo para la seguridad pública: "Además, la autoridad competente en materia de bienestar animal son las comunidades autónomas no el Ministerio de Transición Ecológica. El operativo ha estado plagado de irregularidades y creemos que se han vulnerado los derechos de mi cliente".

En este sentido, Fran añade: "Estuvimos hablando con la Junta de Castilla-La Mancha y afirman que no han dado permiso a Seprona para iniciar esto. Ellos tampoco tenían intención de decomisar al cocodrilo porque saben que el animal está perfectamente en mis instalaciones".

La presencia de la abogada de Fran, que incluso ha llamado a la Policía Local, y la decena de periodistas apostados en la puerta del establecimiento han disuadido finalmente a los agentes de proceder con el decomiso, aunque han amenazado con denunciar a Fran de un delito de desobediencia a la autoridad.

A partir de ahora, el escenario es incierto. "No sabemos qué va a pasar o si volverán a por Charlie", señala Fran. "Dudo mucho que la instalación a la que se la lleven sea mejor que la que tiene ahora mismo. Charlie va a morir porque cuando sacas a este tipo animales de su hábitat sufren estrés e incluso dejan de comer".

Más animales afectados

Además del cocodrilo Charlie, varios animales domésticos más han estado a punto de sufrir la misma suerte, entre ellos serpientes, tortugas y geckos australianos, en este caso alegando incumplimiento del convenio CITES.

El convenio CITES es un compromiso internacional firmado por más de 180 países para proteger a especies amenazas por el tráfico ilegal y el furtivismo. Por eso, todas las especies incluidas en el CITES tienen una estricta documentación que verifica que se trata de animales que han nacido y se han criado en cautividad.

Los animales de Fran tienen el certificado CITES en regla, pero algunos todavía no han sido marcados con anilla o chip. En cualquier caso, es un defecto subsanable, no existe régimen sancionador aplicable a la falta de marcado y en ningún caso supone un motivo para requisar a los animales. Para entendernos, es como si la Guardia Civil requisa un perro o un gato que cuenta con su cartilla sanitaria y con el contrato de compra a un criador registrado, pero todavía no tiene chip. En este caso, la propia ley de Bienestar Animal contempla una multa de entre 10.000 y 50.000 euros, pero en ningún caso implica la retirada de la mascota salvo evidencias de maltrato.

En este sentido, Fran reitera las múltiples irregularidades del operativo: "Ni me han enseñado el atestado ni tampoco han querido decirme qué animales me querían decomisar. Creo que tengo derecho a saberlo".

Fran no fue a África a robar un cocodrilo, lo compró de forma legal. Tampoco ha maltratado a ninguno de sus animales y los cuida con mimo todos los días. Pero da igual. Fran es una víctima de la ley de Bienestar Animal y de la deriva animalista radical instaurada en el Gobierno de Pedro Sánchez.

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