El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha afirmado que su oficina –dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030– le dijo a las comunidades autónomas que "no tenía ningún sentido" cumplir la disposición transitoria segunda de la ley de Bienestar Animal que les obliga a incautarse de las mascotas consideradas ilegales (según la ley animalista), entre las que se encuentran las iguanas. Además, se les trasladó que decomisar mascotas compradas legalmente podría ser inconstitucional.
Durante el Congreso Internacional de Fauna celebrado este fin de semana, uno de los asistentes preguntó a Becerra por la disposición transitoria segunda de la ley animalista que obliga a los propietarios de los animales venenosos, reptiles de más de dos kilos de peso (excepto tortugas), primates y mamíferos silvestres que superen los 5 kilos en estado adulto a denunciar a sus mascotas a las Comunidades Autónomas para que procedan a trasladarlas a centros de protección animal. El plazo para delatar a las mascotas finalizó el pasado 29 de marzo y absolutamente nadie se ha denunciado a sí mismo "voluntariamente" según los datos facilitados por varias Comunidades Autónomas a Libertad Digital.
"La Constitución dice que las leyes no pueden tener carácter retroactivo. Si tú tienes un animal que era legal y ahora te lo prohíben, no te lo pueden quitar ni te pueden sancionar por ello", señaló uno de los asistentes durante el turno de preguntas. "La Constitución también reconoce el derecho a la propiedad privada, que no se puede quitar salvo por un interés legítimo de bien común. Que me quiten una iguana que tengo en mi propiedad no va a generar ningún bien social".
En ese momento, Becerra tomó la palabra para aclarar que antes del 21 de marzo se les trasladó ese mismo argumento jurídico a las comunidades autónomas. Es decir, se les advirtió de que aplicar esa disposición de la ley de Bienestar Animal podría ser inconstitucional.
"El decomiso no tenía ningún sentido"
"Se les ha dicho a las comunidades autónomas. Y yo creo que, por seguridad jurídica para los titulares de esos animales, tenemos que ser capaces, no de reinterpretar esa disposición, sino de abrir un plazo cuando se apruebe el real decreto para permitir a esa gente comunicar que tienen ese animal, que se va a quedar con ellos", contestó Becerra.
"Pero esa interpretación que has hecho tú –continuó Becerra– se le trasladó a las comunidades antes del pasado 21 de marzo. Si había gente que tenía esos animales, el decomiso no tenía ningún sentido", concluyó Becerra.
Precisamente la Federación Fauna, organizadora del congreso, fue una de las primeras asociaciones que alertó sobre las terribles consecuencias de esta disposición. "Las comunidades autónomas no tienen absolutamente ninguna intención de cargar con los gastos de mantenimiento y alimentación de estos animales y los refugios de titularidad pública no están preparados y ya están desbordados". Así que, por irónico que resulte, cientos de mascotas no han muerto gracias a que Becerra instó a las comunidades a incumplir ese apartado de la ley de Bienestar Animal.