La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha propuesto este jueves desestimar el recurso de casación interpuesto por Google y avalar así la multa récord de más de 4.000 millones de euros impuesta por Bruselas en 2018 por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android. Aunque las conclusiones de la Abogada General no son vinculantes, históricamente influyen en gran medida en el sentido de las sentencias del Alto Tribunal europeo.
El caso se remonta a julio de 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a Google con 4.340 millones de euros, rebajados posteriormente a 4.124 millones por el Tribunal General en 2022, por imponer cláusulas contractuales restrictivas a fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes. Estas exigencias estaban diseñadas para consolidar el dominio de la compañía en el mercado de los servicios de búsqueda y navegación mediante la preinstalación obligatoria de las aplicaciones 'Google Search' y 'Chrome' como condición para acceder a la tienda de aplicaciones 'Play Store'.
Google prohibía a los fabricantes comercializar dispositivos que incluyeran versiones no autorizadas de Android
Además, Google prohibía a los fabricantes comercializar dispositivos que incluyeran versiones no autorizadas de Android, lo que restringía la competencia y la innovación en el ecosistema móvil. El Ejecutivo comunitario también denunció que Google incentivaba económicamente a los fabricantes y operadores para que no instalaran motores de búsqueda alternativos, a través de cláusulas de reparto de ingresos publicitarios.
En su análisis jurídico, Kokott considera que los argumentos esgrimidos por la tecnológica estadounidense en su recurso carecen de base suficiente para cuestionar el fallo anterior. Así, recomienda confirmar la resolución de 2022 del Tribunal General, que ya respaldó en gran parte la decisión de la Comisión Europea y mantuvo el grueso de la sanción.
Estrategia deliberada de Google para mantener su hegemonía
Desde Bruselas, la Comisión ha defendido que estas prácticas comerciales respondían a una estrategia deliberada de Google para mantener su hegemonía en los servicios de búsqueda general, especialmente en un contexto de auge del uso del Internet móvil. Según el Ejecutivo comunitario, las restricciones impuestas formaban parte de una "infracción única y continuada" por su objetivo común y su interdependencia.
A falta de la sentencia definitiva del TJUE, el respaldo de la Abogada General refuerza significativamente la posición de la Comisión Europea en este caso emblemático dentro de la política de competencia de la UE. Si se confirma la multa, se trataría de uno de los mayores reveses judiciales para una gran tecnológica en suelo europeo.