"¿Sabías que ahora los nuevos medicamentos tardan menos en llegar a quienes más lo necesitan?". Con esta pregunta, la ministra de Sanidad, Mónica García, lanza en redes sociales un mensaje de éxito: España, afirma, ha reducido los tiempos y ha ampliado el acceso a tratamientos innovadores como los dirigidos al cáncer de mama metastásico o las enfermedades raras. Pero detrás del entusiasmo político, los datos oficiales cuentan otra historia.
El propio informe del Ministerio de Sanidad sobre financiación de medicamentos innovadores (2020–2023), junto al informe europeo W.A.I.T. 2024, elaborado por la patronal farmacéutica EFPIA, permite desmontar el relato triunfalista.
Porque sí, ha habido avances. Pero también cifras infladas, medias sesgadas, acceso desigual y una dependencia excesiva de mecanismos excepcionales que el Gobierno presenta como soluciones estructurales. Más que un logro, lo que se esconde es un sistema aún lento, desigual y opaco.
Más rápido… pero aún muy lento
El informe del Ministerio de Sanidad recoge un dato aparentemente positivo: en 2023, el tiempo medio entre la autorización europea de un medicamento y la decisión sobre su financiación en España fue de 344 días. En 2020 eran 519. La mejora, de casi seis meses, es significativa.
Pero sigue muy lejos del objetivo europeo. La normativa comunitaria fija un máximo de 180 días para tomar esa decisión.
Y hay más. A esos 344 días hay que sumar otros 148 que, de media, tardan los laboratorios en registrar el medicamento en España tras recibir el visto bueno europeo. El resultado real ronda los 500 días. Más de 16 meses entre la autorización europea y el acceso efectivo a la financiación pública.
Además, el dato está sesgado. El Ministerio ha excluido del cálculo los expedientes que llevan más de 15 meses en evaluación. Es decir, ha dejado fuera los más lentos. Lo reconoce el propio Ministerio de Sanidad en su informe, que habla de un "efecto artefacto" en los resultados. La mejora existe, pero es bastante menos espectacular de lo que se pretende.
Acceso anticipado, pero desigual
Otro de los argumentos centrales del Gobierno es que más del 52% de los medicamentos estuvieron disponibles antes de la financiación oficial, gracias a un procedimiento llamado "medicamentos en situaciones especiales". Esta vía permite que, en algunos casos, un médico solicite un tratamiento no financiado para un paciente concreto, si no hay alternativa. Suena bien, pero no es lo mismo que disponibilidad generalizada.
Este tipo de acceso anticipado depende del conocimiento del médico, de los recursos del hospital y, en ocasiones, de la presión social. No está garantizado ni evaluado de forma estructurada.
Por eso, aunque puede salvar vidas, no puede usarse para maquillar estadísticas. Presentarlo como si fuera una solución general al retraso en la financiación es una simplificación peligrosa.
Cifras infladas y matices omitidos
En su vídeo en redes, Mónica García asegura que "el 76% de los medicamentos aprobados por Europa ya están cubiertos por la sanidad pública en España". Pero ese porcentaje solo incluye los fármacos registrados efectivamente en nuestro país.
Si se considera el total de medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento entre 2020 y 2023, la cifra real de financiación pública en España baja al 64%.
La ministra también presume de otro dato: "España es el quinto país europeo con mayor porcentaje de medicamentos innovadores financiados". Esta vez, tiene razón. Según el informe W.A.I.T. 2024, España ocupa esa posición si se suman los medicamentos con acceso completo y aquellos con acceso restringido.
Pero ese mismo informe muestra la otra cara del sistema. España es el séptimo país más lento de Europa en disponibilidad efectiva de medicamentos innovadores. Desde que un fármaco recibe la autorización europea hasta que está realmente disponible para los pacientes españoles pasan, de media, 636 días.
Y el acceso tampoco es generalizado. Solo el 34% de los medicamentos tienen disponibilidad plena. El resto llega con restricciones, bajo condiciones específicas o mediante autorizaciones individuales.
¿Equidad? Depende del código postal
La ministra cierra su intervención en redes con un mensaje emotivo: "vivir más y mejor no debe depender del dinero que tengas en el bolsillo. ¡Viva la sanidad pública!". Pero esa afirmación choca con los propios datos del sistema. Cuando el acceso a un medicamento depende de una solicitud individual, de la aprobación de un comité clínico o de si tu hospital tiene o no presupuesto, el acceso ya no es igual para todos.
De hecho, el uso intensivo del acceso por "situaciones especiales" —que se ha convertido en una válvula de escape ante la lentitud de la financiación— ha generado desigualdades entre comunidades autónomas y centros hospitalarios. Y esto contradice directamente el principio de equidad que debería regir el sistema nacional de salud.
Una mejora real… pero muy incompleta
El informe del Ministerio refleja avances, nadie lo niega. Pero también confirma que España sigue lejos del estándar europeo tanto en tiempos como en cobertura real. La política de comunicación del Gobierno ha usado datos incompletos, ha omitido matices esenciales y ha recurrido a la emoción para reforzar un relato que no siempre se sostiene.
Convertir mejoras parciales en relatos triunfales, inflar cifras y disfrazar parches como soluciones estructurales no es transparencia: es propaganda. Y en sanidad, la propaganda no cura. Lo que los pacientes necesitan no son vídeos en redes ni eslóganes emotivos, sino medicamentos disponibles cuando los necesitan, independientemente del hospital, del médico o del código postal. La equidad no se proclama: se garantiza.
Ana Hernández es Doctora en Química Orgánica, especializada en Química Médica y Biología, con más de veinte años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones científicas y patentes.