El gravísimo error en la preparación de fármacos oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que se ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado otras tres afectadas, no se quedará en una mera estadística administrativa. A pesar de que la gerencia del centro ha despachado el asunto calificándolo de "fallo humano", la asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León ya advierte de que los responsables podrían enfrentarse a penas por homicidio por imprudencia.
El abogado Santiago Díez ha sido tajante al explicar que, aunque el hospital asuma el error como propio, la justicia penal busca personas físicas. "Alguien se ha equivocado y esa persona tiene que responder", ha señalado, subrayando que nos encontramos ante una imprudencia profesional "grave o muy grave".
Desde el ámbito jurídico se recuerda que el proceso penal es independiente de las compensaciones económicas que la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que tramitará de oficio. Para el Defensor del Paciente, el hecho de que el Sacyl (Servicio de Salud de Castilla y León) actúe como responsable civil subsidiario no exime de que los profesionales implicados deban ser apartados de su ejercicio si se confirma la negligencia.
Aunque la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad —recordando que se administran 3.000 sesiones anuales sin incidentes—, la preocupación se ha extendido entre los usuarios del HUBU. Varias familias ya han acudido a servicios jurídicos externos para recabar información ante la falta de transparencia inicial por parte del hospital, que según las víctimas, no informó desde el primer momento de que el número total de afectados ascendía a cinco.
La clave ahora reside en la investigación de la Fiscalía de Burgos, que determinará si el "fallo humano" que admite la administración es, en realidad, una conducta punible que debe terminar en el banquillo de los acusados.