Misterios farmacéuticos

No estoy segura de haber entendido bien este anómalo pacto entre PSOE, Sumar y PP para mantener en secreto lo que el Estado paga a los laboratorios farmacéuticos por los medicamentos que entran en la cartera de la Seguridad Social. Cuando digo que no estoy segura de haber entendido este pacto, por las mismas podría decir que me da miedo haberlo entendido demasiado bien.

El gasto farmacéutico es casi el mayor de la Sanidad pública. ¿Por qué no quieren que sepamos a cuánto asciende exactamente, hasta el punto de blindar esa confidencialidad por ley? La explicación que dan –y que yo no digo que no sea cierta– desprende un cierto tufillo conspiranoico. Que si con Donald Trump no se puede, que si se entera que pagamos menos aquí que en Estados Unidos va a haber una guerra de precios, con el triste resultado de que las farmacéuticas rehúyan nuestro mercado, o remoloneen a la hora de traer aquí lo mejor de su inventario. Que no se trata de hacer un favor a ningún gigante de la industria, sino de garantizar el bien superior del acceso de la ciudadanía a medicamentos de última generación.

Dios me libre de acusar a nadie de mentir, o de no tener estas cosas en mente cuando emitió su voto. Voy a limitarme a poner esas explicaciones en un contexto. O en varios. Empezando por mi propia experiencia, cuando fui diputada –y portavoz de Salud de mi grupo– en el Parlamento catalán. Y tuve que pelear a cara de perro para que una enferma de cáncer recibiera un fármaco oncológico, el Trodelvy, que en unas Comunidades Autónomas se administraba y en otras no. Vamos, que el derecho fundamental a la vida había devenido una lotería territorial.

El Trodelvy costaba 5.000 euros al mes. La enferma pensó en suicidarse para suprimir esta carga financiera brutal para su familia. El Gobierno se resistía a meterlo en la cartera de la Seguridad Social e incluso cuando al final, a regañadientes, lo hizo, digamos que para saber que esta opción existía había que haber estudiado. Todo eran pegas para obtenerlo.

Hablamos del Trodelvy como podríamos hablar de otros fármacos, sin ir más lejos para tratar el cáncer infantil, cuya dispensación la ministra Mónica García ha retrasado todo lo que ha podido, asunto que fue motivo de un choque muy serio con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A la que ya se sabe que la izquierda trata de convertir en una especie de ángel de la muerte de la Sanidad pública. Pero luego se sabe lo que se sabe, y esa idea de una izquierda indesmayablemente velando por lo público se te queda en lo que se te queda. En un puro bluf.

En resumen: con esos antecedentes, cuesta hacer ese acto de fe en que el secretismo en las negociaciones del precio de los medicamentos responda sólo a garantizar más y mejor el bienestar ciudadano. Qué quieren que les diga, no es mi experiencia. Ni la de nadie que esté un poco atento a cómo el Gobierno catalán –el que por razones obvias yo he tenido más controlado…– ha racaneado a veces con la vacuna de la gripe y sigue haciéndose el loco ahora mismo ante la sentencia que le obliga a poner asistencia inmediata a un enfermo de ELA.

¿Por qué ha aceptado el PP participar en el blindaje de algo tan poco transparente? ¿Por presiones de la industria? No olvidemos que, aunque los precios de los fármacos que entran en la cartera de la Seguridad Social los negocia el Ministerio, en realidad el gasto sanitario lo hacen las Comunidades Autónomas. Muchas de ellas gobernadas ahora por el PP. Bastantes más que las gobernadas por el PSOE. ¿Han aplicado los de Feijóo el principio del mal menor, les mueve un sincero temor al desabastecimiento, se deba este a causas más confesables… o más inconfesables? Esperemos. Quien esto firma cree que del secretismo en asuntos tan graves nunca ha salido nada bueno. Ojalá pueda volver a escribirles pronto para decirles que me equivoqué.