El próximo fin de semana celebramos el Día de la Constitución, 6 de diciembre, en un momento en que la Ley Fundamental atraviesa su particular crisis de los cuarenta. Los escándalos en torno a la Corona, el deterioro moral del PSOE desde la Transición y la erosión general de las instituciones —de RTVE al Tribunal Constitucional— han configurado un escenario de desconfianza creciente. En este contexto, conviene asumir una herejía poco habitual en España: plantear una reforma constitucional en clave liberal, sin el maquillaje identitario habitual de la izquierda y los nacionalismos periféricos, con el objetivo de modernizar el país mediante más libertad, más igualdad y mejores reglas. Una reforma ambiciosa, pero perfectamente viable por la vía del artículo 168: dos tercios, disolución, elecciones, otros dos tercios y referéndum nacional.
España ya no es el país pobre y centralista de 1978. Hoy somos un país rico —aunque solo a medias—, pero endeudado hasta las cejas, creciendo sobre tierras movedizas y atrapado en un Estado autonómico que se ha convertido en un freno estructural a nuestra prosperidad. Crecemos, sí, pero gracias a más horas de sol, más camareros y más migración, no por productividad ni por instituciones que funcionen. El PIB per cápita lleva estancado en el 85–90 % de la media europea desde 2008. El gasto público ronda el 52 % del PIB y la deuda el 118 %. Diecisiete parlamentos, diecisiete televisiones públicas, diecisiete sistemas educativos —colistas en PISA, salvo la excepción de Castilla y León— y diecisiete agencias de empleo. Eso no es descentralización: es centrifugación, como advierte Felipe González —aunque omita que él mismo contribuyó a ella—: un diseño institucional que penaliza economías de escala, genera ineficiencias y fragmenta políticas públicas. Y, sobre todo, alimenta un nacionalismo —de baja y de alta intensidad— con pulsiones abiertamente desleales.
La solución no pasa por recentralizar a la francesa ni por mantener la igualación a la baja que defendía el lúcido andaluz Clavero Arévalo (más que café era achicoria para todos). La solución es copiar lo que funciona: un federalismo competitivo de verdad, como el de Suiza, Alemania o los Estados Unidos. Un modelo así nos permitiría organizar trece comunidades autónomas de tamaño comparable, con competencia fiscal dentro de un marco claro, con un Senado que cumpla una función territorial real y con frenos constitucionales al despilfarro y al corporativismo. Un número impar de autonomías haría imposible la formación de mayorías de bloqueo. Andalucía, Cataluña y Madrid seguirían siendo regiones grandes, pero ninguna tendría privilegios forales diferenciados. En quince años, esos privilegios —el llamado "concierto"— se extinguirían o, si tanto se valoran, se extenderían al conjunto. Esto es lo que significa la igualdad real entre españoles.
En modo federal, cada comunidad fijaría su IRPF, así como impuestos de Sociedades, Sucesiones y Patrimonio con un mínimo alineado con los estándares europeos. El que quiera impuestos bajos y servicios eficientes, que compita. El que quiera subirlos para pagar embajadas en Uagadugú o televisiones en un catalán que entienda Rufián que lo haga… y que asuma las consecuencias cuando la gente vote con los pies. Eso es federalismo de verdad, no el actual sistema de transferencias masivas sin sentido, opacas y que premian la ineficiencia y castiga la excelencia.
Con un sistema federal liberal desaparecerían las duplicidades: cuatro parlamentos menos, cuatro defensores del pueblo menos, cuatro televisiones públicas menos. El ahorro directo —según estimaciones prudentes— sería de miles de millones anuales. Se pondría fin a los privilegios históricos que rompen la caja única de la igualdad y al despilfarro estructural mediante una deuda máxima del 60 % del PIB, una regla de gasto constitucional y una comisión independiente de disciplina fiscal elegida por tres quintos y con mandatos de doce años. Todo aumento de gasto estructural exigiría financiación equivalente. Se acabó vivir de prestado y permitir la captura presupuestaria por minorías muy organizadas.
El Senado dejaría de ser un cementerio de elefantes para convertirse en una cámara territorial real: cuatro senadores por comunidad elegidos directamente, con veto absoluto sobre cualquier norma que invada competencias autonómicas. La justicia, por fin despolitizada: doce vocales del CGPJ elegidos por los jueces, ocho por el Parlamento con mayoría de tres quintos y un mandato único de diez años. Y, por primera vez en democracia, democracia directa al estilo suizo —una versión moderada pero efectiva—: con 500.000 firmas verificadas, referéndum vinculante nacional. El pueblo mandando, no los fontaneros y barones de los partidos: más Juan de Mariana, menos Hobbes.
Y la guinda: un título anti-corporativista que incomodaría tanto al IBEX-35 como a los sindicatos de siempre. Las empresas no tendrían derechos constitucionales inherentes, solo los que la ley les reconozca expresamente. Prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos. Puertas giratorias vetadas durante diez años para ex altos cargos en empresas reguladas o beneficiarias de contratos públicos; incumplirlo sería malversación agravada. El Congreso podría limitar cuotas de mercado —25 % máximo en medios, 30 % en sectores estratégicos— y cada cuarenta años las cotizadas tendrían que justificar ante una comisión independiente que generan un beneficio social neto positivo; si no, perderían la autorización correspondiente. Esto no es anticapitalismo: es anticorporativismo. Capitalismo de libre entrada, no capitalismo de amiguetes con el BOE bajo el brazo. Menos Ludwig von Mises y más Walter Eucken.
Miremos a Suiza. Gasto público del 33–35 %, deuda del 38 %, libertad económica en el puesto 4 del mundo, setecientos cincuenta años sin secesiones y referendos cada trimestre. Cantones que hablan alemán, francés e italiano y donde nadie plantea independizarse porque viven, literalmente, como Dios. España podría estar ahí en veinte años si emprende reformas como estas. Con este programa, pasaríamos del 52 % al 38–40 % de gasto público en quince años, deuda por debajo del 60 %, impuestos elegibles según residencia, justicia independiente, corporativismo eliminado y ciudadanos que mandan de verdad.
La Constitución de 1978 fue un gran pacto de transición. Nos devolvió la democracia y permitió una convergencia extraordinaria con Europa entre 1986 y 2008. Pero su arquitectura abierta y la rigidez para reformarla han convertido el Estado autonómico en una máquina de gasto sin control, sin competencia y sin responsabilidad. Ese es el lastre que explica por qué crecemos en cantidad pero no en calidad desde hace casi dos décadas.
Señores del PP, señores de Vox, señores de lo que quede del centroderecha liberal: dejen de gestionar el programa de la Constitución social y tomen la iniciativa liberal. No hace falta ser suizo para copiar lo que funciona. Hace falta un poco de vergüenza, mucho amor a España y el deseo de dejar de liderar el crecimiento europeo sin converger jamás con los verdaderamente prósperos.
¡Feliz Día de la Constitución… si es liberal! Porque la de 1978 ya cumplió su misión. Ahora toca la Constitución liberal, federal, eficiente y anticorporativista que podría, por fin, situar a España en el siglo XXI. El resto será pobreza, debacle, ridículo y degeneración. Basta con ver a Juan Carlos Borbón para ver en qué nos podemos convertir.