Conocí al Inspector Jefe de Policía Diego Martínez González, de Almendralejo (Badajoz) cuando era miembro de la Unidad adscrita de la Policía Judicial que auxiliaba a los juzgados de Sevilla, a las órdenes del inspector jefe, José Antonio Vidal Arcioles, muerto hace poco más de un año. Yo comenzaba a investigar para El Mundo lo que luego se llamó el caso Juan Guerra y ellos dos, junto con Paco Manzanero y no muchos más, tuvieron la responsabilidad de hacer lo propio en el ámbito policial y judicial.
La instrucción recayó en el juez Ángel Márquez, titular del juzgado número 6 de Sevilla, curiosamente el mismo en el que Mercedes Alaya, años después, instruyó el caso ERE que acabó en condena de la cúpula del PSOE y de la Junta de Andalucía en el Tribunal Supremo. La denuncia fue interpuesta inicialmente por el Partido Andalucista siendo archivada por la Fiscalía de Sevilla. Finalmente, tras otra denuncia de Izquierda Unida, qué tiempos aquellos de Luis Carlos Rejón y Antonio Romero, ya no hubo manera de parar un caso que se llevaría a Alfonso Guerra por delante un año después.
Pues bien, el ya jubilado Diego Martínez y otros dos compañeros de profesión, Juan Bernal Galeano y Alfonso Fernández Márquez, acaban de publicar un libro que se llama Policías al desnudo. Memorias de medio siglo de servicio[i], más bien autoeditado en la editorial Mirahadas de Sevilla, que han dedicado a sus familias, a los compañeros que murieron en acto de servicio y victimas de terrorismo y los colaboradores de las poco más de 300 páginas en las que condensan una experiencia, no siempre dolorosa y a veces divertida, que hay que reconocer.
Me senté con Diego en un bujío de mosto del Aljarafe a charlar sobre el libro. Ya entonces, antes de leerlo, me explicó que no tenían pretensiones literarias, a pesar de que sean buenos lectores. De lo que se trataba era de impedir que tanta experiencia se perdiera por las alcantarillas de la vejez y el olvido. Y de destilarla con sencillez e incluso con gracia.
Destaca en el prólogo el periodista Javier Caraballo que los tres autores, con Diego Martínez como testigo, no aceptan la palabra "jubilación" aplicada a policías. Ser policía es un modo de estar en el mundo y en la nación que es imposible abandonar, es una forma de ser, una disposición o incluso un hábito adquirido de servir, de proteger, de amparar a los que necesitan seguridad, justicia, libertad y orden.
Todos ellos vivieron la Transición con disciplina y esperanza. El Cuerpo Nacional de Policía fue muy señalado en la Dictadura, en su parte de "grises", policías de uniforme y de presencia en la calle, y en parte "secretas" (o "sociales"), desde subinspectores a Inspectores Jefe. Y lo fue incluso más que la propia Guardia Civil, siendo, como se ha demostrado que han sido y son, organismos vivos anclados en una sociedad con la que cambiaron juntos.
La realidad, sin embargo, es contundente. En toda sociedad, la que sea y no se conoce que haya habido ninguna que constituya una excepción, hay leyes que unos respetan y otros no. No hemos inventado una forma mejor de facilitar la convivencia que la organización de cuerpos de policía, ojo a la raíz etimológica, polis, ciudad, que aseguren en lo posible la buena marcha de las poblaciones y de los servicios necesarios para su desarrollo. Con el tiempo, la Policía se ha convertido sobre todo en la fuerza disuasoria que persigue el delito, muy específicamente.
Naturalmente, en el ejercicio de esta profesión, la más de las veces vocacional, aunque no en todos los casos, se tienen muchas experiencias. Es una profesión de alto riesgo personal, físico y moral, que debe ejercer presión sobre quienes asaltan la vida de los demás, derechos y bienes, con conductas invasoras e impositivas que van desde el robo al asesinato pasando por todos los tipos del Código Penal. Aún no se ha reconocido esta singularidad.
En demasiadas ocasiones, se corre un riesgo personal, físico. Por ejemplo, en el libro se alude a los policías que fueron víctimas del terrorismo. En Sevilla, donde los tres autores confluyeron y desde donde escriben, el terrorismo del GRAPO se cobró víctimas desde 1979, con muerte de policías (Damián Seco) y atentados en locales como el tablao flamenco Los Gallos en pleno barrio de Santa Cruz, donde quedó muerto el policía Juan Manuel Torres León.
Quizá el peligro más terrible que corrió la ciudad, además de su Policía Nacional, fue el intento de asesinato masivo de policías y ciudadanos por parte el etarra Henri Parot y su jefe, Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, que ya había ordenado la masacre del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Fue puesto en libertad el pasado 11 de diciembre de 2020, acaban de cumplirse cinco años.
Cuenta el libro con más detalle cómo el 2 de abril de 1990, un control de la Guardia Civil en Santiponce dio el alto a un coche Renault 14 en el que viajaban tres terroristas de ETA con 300 kilos de explosivos destinados a destruir la Comisaría principal de Sevilla, en plena plaza de la Gavidia, junto a El Corte Inglés. Pudieron haber muerto centenares o miles de personas entre vecinos, clientes y policías.
Pero junto al riesgo físico, está el riesgo moral y su deriva psicológica. ¿Puede alguien que trata todo el día con malhechores, de alto o bajo nivel, de más o menos peligro, sustraerse a la conclusión de que todas las personas son o pueden llegar a ser probables delincuentes? ¿Es inevitable caer en el pesimismo antropológico más intenso y agudo?
Saber diferenciar quién es cada quién es un ejercicio que, si no se hace, puede conducir a un oscuro laberinto, parecido al que cayó el gobierno del Estado en la época de los GAL, abandonando la Justicia y usurpando el Derecho, como bien dice el Inspector Jefe Alfonso Fernández Márquez:
"¿Por qué el Estado tiene que valerse, arbitraria y unilateralmente, de sicarios asesinos, para combatir a asesinos?; ¿por qué alguien tiene que tomarse la justicia por su mano?; ¿por qué alguien al servicio del Estado, supuestamente honrado y justo, tiene que convertirse en homicida para erradicar el asesinato?", expone.
Junto a estos temas y casos de gran calado, el libro quiere mostrar que la realidad policial es también anecdótica, curiosa, a veces cómica incluso. Por ejemplo, la orden de captar una instantánea en una discoteca (Guacamayo) de Pamplona en 1975. En ella tras una sábana, unos jóvenes desnudos – hoy parece una broma -, bailaban y ejecutaban artimañas eróticas. Orden de la superioridad, claro, y sí, se logró el cierre temporal del local tras las pruebas fotográficas contundentes y una salida poco elegante del lugar.
Está, entre otros muchos que cuentan, el caso de Pasoslargos, un borracho de Dos Hermanas que, llevado a su domicilio en estado lamentable, no tiene más remedio que abrir una puerta donde la Policía encuentra a un hermano desnutrido, encerrado y en situación de extrema debilidad. Que estaba loco dijeron sus hermanos, cómplices de un secuestro forzado de la vida y la pensión de discapacidad que cobraba sin que lo viera un médico en 20 años.
Durante el caso de Juan Guerra, se acercó al inspector Diego Martínez el entonces Jefe Superior de Policía conminándole a transmitir al "Morito" (el inspector jefe Vidal) a que le diera cuenta de sus investigaciones, sabiendo que sólo el juez tenía acceso a ellas. O cómo descubrieron que sus teléfonos oficiales fueron pinchados, con poco éxito, por unos "desconocidos" durante el desarrollo del caso.
Dice Diego Martínez: "Quiero poner de manifiesto que al igual que el Coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, sufrió una situación parecida a la nuestra, como cualquier servidor de la Ley cuando se topa con la corrupción a nivel político, sufre en sus carnes las consecuencias viles de los que no tienen valores e intentan desarrollar un poder contaminado engañando a quien dicen defender."
Se rinde homenaje en el libro al inspector José Manuel Tirado, que sufrió intensamente cuando se descubrió que un policía de su grupo fue quien dio el cambiazo de una importante cantidad de cocaína por harina en la propia Comisaría. El escándalo fue mayúsculo y pudo darse con el autor por la decisión de todos los policías de someterse voluntariamente a la prueba de ADN, a lo que el culpable, Lars Sepúlveda, no se pudo negar.
Más divertido es el caso de los jamones podridos, ilegalmente vendidos, que tuvieron que ser alojados temporalmente en la Comisaría del barrio de Nervión, con no muy buen olor y con consecuencias indeseadas para los policías. Habían sido colocados en un pasillo y todo se llenó de grasa hasta el punto de que los resbalones estaban a la orden del día. Los delincuentes los habían salvado de la incineración en un matadero de Guijuelo y los habían vendido ocultando su procedencia y estado.
O el caso del fardo de hachís que se le pasó a la Policía requisar en un domicilio vigilado al que se accedió cuando se recibió la confirmación de la presencia de droga. No, no fue un registro muy exhaustivo, ciertamente. Pero no tuvo consecuencias peores porque la propia esposa del detenido llamó a la Comisaría para decirles que no eran dos, sino tres los fardos de 30 kilos, y que tenían allí el que faltaba a su entera disposición. Suerte.
Cuenta el inspector Vidal cómo un diagnóstico médico inadecuado fue la causa de que se descubriera el desfalco a la Caja Rural de Sevilla. Cuando el autor creyó estar condenado a muerte por una enfermedad, acudió a la Policía para confesar cómo desde su posición de empleado de cierto nivel había ido robando cantidades que llegaron a ser millonarias por causa de su ludopatía. Poco después de su confesión, le llegó una carta explicándole que se habían equivocado de diagnóstico. Mala suerte.
El libro puede considerarse un collar de anécdotas diferentes, pero en su interior hay una que, por afectarme también a mí, me ha llegado a inquietar. Muchos creen que lo que está ocurriendo ahora, con esta inflación de casos de corrupción política, es una novedad. Para nada. Ya en tiempos de Felipe González se vivió una avalancha parecida. Uno de los casos que estallaron entonces, por 1991, fue el caso Ollero, o "Cacerolo" como también se le conoció.
Poco antes de la inauguración de la Expo 92 en Sevilla, la Unidad adscrita a los juzgados y a la Fiscalía, investigó un anónimo que le llegó al juez Ángel Márquez. En el escrito se relataban una serie de hechos delictivos y corruptelas de adjudicaciones y comisiones fraudulentas en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Manos a la obra y conocedores de que se iba a efectuar un pago en dinero negro en Madrid, la Superioridad no autorizó la irrupción policial durante el acto. Por ello, se organizó un dispositivo para detener, por una vez, a los presuntos delincuentes con las manos en la masa, en este caso, con el dinero en un maletín.
Y así fue. Cuenta José Antonio Vidal que "aproximadamente serían las 3:45 horas de la noche cuando el todoterreno 4X4 de Jorge (Ollero) es interceptado por el patrullero…Las tres personas bajan del coche visiblemente nerviosas y cuando los policías registran un maletín que dijo Jorge era de su propiedad, encontraron mucha cantidad de dinero en billetes."
Lo conté así en El Mundo una semana más tarde cuando mis fuentes me dieron cuenta de ello: "Jorge Ollero, hermano del director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, fue detenido la pasada semana en Sevilla con 22 millones de pesetas en su poder, procedentes, según la investigación policial, de pagos efectuados por la empresa constructora Ocisa, S.A., presuntamente a cambio de tráfico de influencias", delito que entonces no existía.
El Tribunal Constitucional anuló las condenas impuestas, alegando que la investigación del caso procedente de un anónimo no estaba suficientemente motivada procesalmente, pero el problema era qué significaban entonces, y para quién, los 22 millones de pesetas incautados. Y, desde luego, lo que no he sabido hasta que he leído este libro es quién mandó el anónimo al juez Márquez que dio origen a todo el caso Ollero. Lo cuenta el inspector Vidal en sus páginas y lo que cuenta me ha dejado perplejo e incluso altamente inquieto.
Reproduce lo que le dijo su compañero Diego Martínez sobre el tema: "Uno de esos días, cuando me dirigía al Gómara, me encuentro con un compañero el cual yo sabía que en el año 92 había estado trabajando para el CESID. Me tiro a la piscina, lo abordo y le digo: -Compañero, tú sabes que durante mi estancia en el Grupo de Juzgados intervine en el Caso Ollero cuya noticia inicial fue un anónimo remitido al juez Ángel Márquez. Mi pregunta es: ¿el remitente del anónimo fue el CESID?"
Y ocurre lo que sigue: "Se me queda un instante mirándome, esboza una ligera sonrisa y me dice: "Mira, Diego, ese anónimo primero se lo remitimos al Jefe Superior de Policía con objeto de que se investigaran todos los casos, pero a la vista de que no se producían novedades, pues a ningún grupo se encomendó gestión alguna, se decidió mandarlo al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, cuyo titular D. Ángel Márquez estaba en el «candelero» por instruir el caso Juan Guerra." O sea. Pero, ¿quién dio la orden? Inquietante.
Estamos ante un libro que sobrepasa el nivel de las anécdotas y que debe leerse como testimonio de la necesidad de contar con una Policía que esté sin sombra de sospecha alguna al servicio de la Nación, de la Constitución y del Derecho sin manipulaciones ni desviaciones partidistas.
Para terminar, además de anécdotas y confidencias de alto voltaje, el libro aporta una jerga policial agrupada. Se conocen algunos de sus términos como "madero", "pasma", "pipa", "talego" y otros, pero el inspector jefe Sánchez Yuste, ha recopilado bastantes más y el resultado es muy gratificante para los lectores.
Gracias a su tarea, sabemos ya que la policía es también "la madan", "los madalenos" o "la pestañí" y que a la Guardia Civil, además de por "los picoletos", se la conoce como "los jundonares", "los primos", "los iguales" o los "aceitunos"; que el juez es el "corroi", que el secretario judicial es "el libano del corroi" o que el abogado de oficio es "el alivio".
Más. Un funcionario de prisiones es el "boquera del saco", que un "palquista" es un ladrón que escala por el balcón, que "nazareno" es el nombre de una estafa, que "atorigado" significa encarcelado, que "salivoso" o "confite" se llama a un confidente, que pistola se dice también "pusca" o "cacharra" y que, por darle un cierre a estos ejemplos, un "pasma full" es un falso policía y que "un jalonazo" es un tirón.
Con la que está cayendo, a todos nos compete reconocer la tarea tan relevante de policías y guardias civiles en el sostenimiento de la claridad y limpieza de la democracia. La UCO, y hace poco la UDEF policial, están dando muestras sobradas en estos días de su servicio a la Nación española. Acercarse a la realidad de su tarea es un ejercicio bien recomendable, a pesar de la inquietud que ha suscitado en nosotros el comportamiento de algunos de sus mandos.
No está de más que, entre los modos de aproximación a una profesión arriesgada e imprescindible que ha prestado y presta grandes servicios a la democracia española, esté la de leer este libro - ameno, divertido, punzante y a veces inquietante -, de los inspectores Juan Bernal, Diego Martínez y Alfonso Fernández Márquez. Si esto es lo que han escrito, ¿cuánto queda en el tintero?