Algunos comentaristas políticos protestan ante la aparente contradicción de un mundo globalizado en el cual el dinero y las mercancías se mueven libremente mientras que las personas encuentran grandes obstáculos para sus movimientos migratorios. El principal defecto de su análisis es que hablan (normalmente en términos colectivos y no individuales) de un presunto derecho a la inmigración, e ignoran por completo el único derecho auténticamente ético, el derecho de propiedad, cuya violación implica todo tipo de paradojas.
Los derechos de propiedad privada determinan ámbitos de decisión y control que sirven para evitar conflictos. Al igual que todos los bienes escasos susceptibles de uso por los seres humanos, el espacio físico o territorio es un objeto de propiedad. El propietario decide según su voluntad y sus capacidades qué desea hacer con el terreno (vivienda, agricultura, industria, venderlo, alquilarlo, etc.), e igual que puede invitar a algunos a compartirlo puede rechazar a otros e impedirles el acceso. Ninguna persona está legitimada para obligar o prohibir a los demás el compartir su territorio con otras personas. A quién invita o rechaza el vecino es cosa suya. El derecho de migración existe a condición de que no se invada la propiedad ajena. Si un ser humano desea viajar o cambiar de residencia, puede hacerlo siempre que respete los derechos de propiedad de los demás.
Es posible que algunas personas se sientan incómodas frente a individuos de otras razas o religiones, o con distinto idioma o apariencia física, y no se les puede obligar a relacionarse con ellos. A unos puede gustarles el mestizaje y la mezcla de culturas, mientras que a otros puede disgustarles o incluso asustarles. La diversidad no siempre supone un enriquecimiento. Las asociaciones de propietarios pueden establecer voluntariamente determinadas zonas donde se controle o limite el acceso de personas según distintos criterios.
El dinero y las mercancías son objetos de propiedad (bienes poseídos); las personas son sujetos propietarios (dueños, poseedores). El dinero y las mercancías son movidos por seres humanos, mientras que los propios seres humanos se desplazan por sí mismos. Los intercambios voluntarios de dinero y mercancías entre sus legítimos propietarios son resultado de relaciones voluntarias que benefician a ambas partes. Las relaciones entre las personas que se encuentran próximas en el espacio pueden ser agradables o desagradables: cada uno valora y decide de forma subjetiva quién le cae simpático y quién antipático, en quién confía y en quién desconfía.
Las personas suelen transportar a su casa lo que han comprado en el mercado, pero normalmente no les apetece invitar al tendero a que se instale en el cuarto de invitados. Igualmente el comerciante se lleva a su domicilio el dinero obtenido por la venta de sus productos, pero esto no da derecho a sus clientes a utilizar su cocina. Los anfitriones pueden disfrutar de la compañía de sus invitados, pero suelen esperar que se marchen en un plazo de tiempo razonable. No es lo mismo un turista, que un trabajador, que un mendigo. La suegra, ¿viene de visita o pretende quedarse?
Algunos defensores de los derechos irrestrictos de inmigración alegan que es una solución para los problemas humanitarios del Tercer Mundo, y que así los países ricos compensan a los pobres por los daños que les han causado por la colonización imperialista del pasado. Pero los ciudadanos de hoy día no son responsables de lo que hicieron sus antepasados, y no es justo hacer pagar a todos de forma indiscriminada por las agresiones de unos pocos. La riqueza del mundo desarrollado es en su mayor parte resultado de acciones pacíficas y no es la causante de la pobreza del Tercer Mundo. Tal vez sería mejor resolver los graves problemas de los países de origen de los inmigrantes (básicamente la violencia institucional de los gobiernos totalitarios y la ignorancia ciega de los fanatismos religiosos), fomentar su desarrollo económico mediante la inversión de capital, y eliminar las barreras comerciales proteccionistas que les impiden vender sus productos. El comercio y la migración están inversamente relacionados: cuanto más hay de uno, menos se necesita del otro.
El Estado no es propietario legítimo de ningún territorio, y por lo tanto no puede promulgar ningún tipo de leyes relativas a la migración de personas. El Estado impone coactivamente sus decisiones a todos los ciudadanos, y al legislar sobre la inmigración fuerza relaciones involuntarias y prohíbe relaciones voluntarias. El problema de los espacios públicos se resuelve privatizándolos o se alivia haciendo que el ámbito de decisión sea lo más pequeño posible (pueblos o incluso barrios).
El emigrante es responsable de financiar su desplazamiento y sus gastos de asentamiento y adaptación. Los emigrantes no tienen ningún derecho a servicios estatales (como educación y sanidad), al igual que no lo tiene ningún ciudadano local. Aceptar inmigrantes para resolver el problema de las pensiones públicas es como buscar nuevos primos para la estafa de la pirámide.
Este artículo aparece publicado en el Semanal de Libertad Digital