El pasado jueves Pedro Sánchez visitaba el Valle de Cuelgamuros. La sorpresa saltó cuando, pocas horas después de publicarse el reportaje del presidente rodeado de cráneos y disfrazado de forense, descubríamos que la puesta en escena fue una farsa, un montaje, una infame patraña urdida por el Gobierno con el propósito de extraer rédito político del Franco nuestro de cada día, en la feliz expresión del filósofo Daniel López. Nuria Richart, en este mismo periódico, daba cuenta exhaustiva de este despropósito. Nosotros fijaremos la atención en el anuncio que hacía el Gobierno comunicando que recurrirá en la ONU las Leyes de Concordia que PP y Vox están pactando en distintas Comunidades Autónomas. El propósito de ambas formaciones es "proteger la historia de España" desde 1931 hasta 1978, dado que la Ley de Memoria Democrática —recordémoslo— sólo es aplicable a partir del 18 de julio de 1936. Justo en este punto descubrimos la miseria que encierra dicha Ley, pues oculta de forma explícita los orígenes de la Guerra Civil española, como si lo sucedido antes de esa fecha hubiese sido la plácida vida de una república idílica e incorruptiblemente democrática. La imagen armónica y pánfila que se traslada a la ciudadanía sobre esta realidad es la imagen propia de un mito tenebroso porque lo cierto es que la II República fue un disparate que acabó como el rosario de la aurora: "¡No es esto! ¡No es esto!", exclamaba Ortega y Gasset, quien por cierto había sido "padre espiritual" de aquel "idilio" alocado.
Como era previsible, el argumentario del Gobierno para obstaculizar las normativas autonómicas del PP y VOX consiste en clasificarlas como un atentado contra los "derechos humanos". El PSOE apela a los sacrosantos derechos humanos como si del sermón de la montaña se tratara, pero conviene aclarar que los Derechos Humanos proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 no tienen fuerza de obligar y que su extraordinaria potencia propagandística se explica, precisamente, por su carácter idealista.
También habrá que afirmar con contundencia que la Ley de Memoria Democrática no es historia en sentido riguroso, sino historia-ficción. La memoria es una facultad psicológica personal, y por ello individual, episódica y biográfica. La historia, en cambio, se va construyendo dialécticamente a través del estudio de las reliquias y los relatos que nos han llegado del pasado. Por ello decimos que la historia, en lo que tiene de ciencia, consiste en la destrucción de la memoria entendida como memoria psicológica: la herramienta del historiador debe ser la razón crítica, no la memoria. Y ese el quid de la cuestión: el cotejo, el contraste, la confrontación, la comparación entre los diferentes testimonios o memorias es ya asunto del entendimiento y de la razón. De ahí surge el conocimiento objetivo de las realidades históricas y lo que se aleje de dicha metodología no será historia, sino propaganda.
Borrar la historia criminal del PSOE
La Ley de Memoria Democrática no está pensada para salvaguardar al Estado, a España, sino para salvaguardar al PSOE. Políticamente hablando, sirve a intereses de partido muy claros como puede ser borrar su culpa como principal responsable del hundimiento de la II República y del estallido de la Guerra Civil, transfiriéndosela a Franco y a quienes ellos clasifican como herederos de Franco: PP y VOX. Así descubrimos que ETA es cosa del pasado, mientras tenemos a Franco hasta en la sopa. Si, como dice el Gobierno, "una sociedad del siglo XXI" no puede permitirse "miles de muertos en las cunetas", entonces, con más razón, habrá que decir que una sociedad del siglo XXI no puede permitirse que haya 300 asesinatos de ETA sin resolver. La Ley de memoria democrática, en tanto damnatio memoriae, cumple una función ideológico-política de primer orden: presentar al adversario político (PP y VOX), como rémoras del franquismo, como "fascistas" redivivos. Con esto, por cierto, se está despojando a Franco de algo suyo muy propio: su franquismo. Porque cualquier persona mínimamente informada sabe que Franco no era fascista, sino que era franquista. De hecho, en el articulado de la Ley de memoria democrática no aparece ni una sola vez la palabra "fascista" —técnicamente saben que no pueden incorporarla— aunque sí aparece en el preámbulo, a modo de justificación ideológica.
Aplicando esta damnatio memoriae a Franco se está ocultando una realidad objetiva, a saber, que la democracia del Régimen de 1978 sólo fue posible porque el franquismo logró consolidar en España una clase media solvente y construir, tras una acumulación de capital, un mercado pletórico de bienes y servicios, amén de transformar al país en la octava potencia industrial y en un referente turístico mundial. En otras palabras, fueron las transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas, técnicas y científicas llevadas a cabo durante el franquismo las que posibilitaron que en España se pudiera implantar una democracia liberal homologada con la estadounidense.
Franco, por cierto, no se sublevó contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular, que era un gobierno que no cumplía la ley, que no cumplía la Constitución. Grandes próceres de la República estaban denunciando esta situación. Unamuno, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Clara Campoamor, Salvador de Madariaga y Pérez de Ayala, entre otros, veían que los socialistas bolchevizados de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, pues la consideraban propia de una república burguesa, llamando continuamente a la insurrección armada, a la guerra civil y a la dictadura del proletariado. Por cierto, Companys y la Generalidad de Cataluña también violaron la Constitución. Lo que se estaba pergeñando en el Frente Popular tras las elecciones de 1936 era un golpe de Estado, como reconocía el teniente coronel Manuel Tagüeña, del PCE, así como Largo Caballero, quien lo había justificado en un mitin celebrado en Oviedo en la campaña electoral de febrero de 1936. El golpe se materializó en la tarde del 18 de julio con el reparto de armas a las organizaciones obreras, que a partir de entonces tomaron el poder, colapsando todo el entramado institucional del Estado republicano. El gobierno de José Giral aceptó la existencia de las milicias partidistas creando el Ejercito Popular tras disolver gran parte de las unidades del ejército regular. Algo similar pasó con el resto del aparato del Estado, comenzando por las Cortes, los Tribunales, las embajadas, los ayuntamientos, etc.
Con la Ley de Memoria Democrática se blanquea el pasado del PSOE y se legitima su presente y su futuro de cara a emprender una república confederal que satisfaga las demandas secesionistas y desmantele la propia existencia de España como Nación. A los ideólogos de la memoria democrática no les interesa que se aireen artículos como este porque evidencian que presentar la Guerra Civil como una lucha entre la libertad y el fascismo se funda en un relato ideológico, inventado y maniqueo. Olvidan, además, que durante la II República el PSOE —que sí existía, no así el PP, Cs o VOX— jamás reconoció la alternancia política como requisito fundacional del juego democrático.