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Ingenuidad y cainismo de los liberales

Si hay algo que define el juego político en aquellos años es la trampa y la conspiración. Y en un tablero de juego como éste, sólo podía ganar Fernando VII.

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Uno de los sueños de todo historiador es encontrar un documento que dé la vuelta a la historia conocida o que desvele aspectos hasta ahora ignorados. Normalmente esto ocurre por sincronicidad; es decir, la casualidad forzada por la concurrencia de acciones y de voluntad. Este es el caso. Pedro J. Ramírez buscaba la nota de suicidio del general riojano Sánchez Salvador –un hombre que no se sumó al pronunciamiento de Riego pero que acabó siendo ministro de la Guerra en el último gobierno del Trienio Liberal–, y no sólo obtuvo eso, sino que el librero le ofreció una joya: unos Apuntes o memorias que escribió José María Calatrava, unas Notas reservadas con la instrucción de que nunca vieran la luz pública y la minuta corregida de puño y letra de Fernando VII en la que aseguraba que nada haría contra los liberales. ¿A qué historiador no le hubiera gustado ser en ese momento Pedro J. Ramírez?

Pero no es suficiente para el historiador el obtener unos documentos desconocidos y publicarlos. Eso puede hacerlo cualquiera. Es preciso hacerse preguntas, y que esos documentos, junto a una investigación rigurosa y una reflexión, permitan responderlas. Esto es lo que ha hecho Ramírez. La voluminosa obra titulada La desventura de la libertad tiene su pregunta y su apoyo documental en el subtítulo: "José María Calatrava y la caída del régimen constitucional de 1823". Pedro J. Ramírez se plantea los motivos por los que cayó el sistema en su segunda experiencia, la del Trienio Liberal, con preguntas como: ¿por qué la Constitución de 1812 no funcionó?, ¿en qué falló el liberalismo de 1820?, ¿es cierto que el pueblo no era afecto al sistema de libertades?, ¿qué fórmula constitucional podía unir a las instituciones tradicionales, como la Corona y la Iglesia, con las liberales, esto es, los partidos y las Cortes?

La Constitución de 1812 no funcionó, como apuntó en su día Miguel Artola, porque establecía una rígida separación de poderes que alimentaba el enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo. El diseño constitucional sellaba la independencia del Ejecutivo respecto de las Cortes, permitiendo que el Rey nombrara al Gobierno sin atenerse a las mayorías parlamentarias y sin que sus miembros fueran diputados. Esto enfrentaba al monarca con el Parlamento, debilitaba la popularidad del Gobierno y entorpecía el desarrollo consecuente del principio de soberanía nacional. El valor simbólico y popular de la Pepa no compensaban estos defectos, al tiempo que ahondaba la sima entre los españoles reaccionarios y los liberales.

Los proyectos para la reforma constitucional, como indica Pedro J. Ramírez, comenzaron desde el nombramiento del Gobierno Martínez de la Rosa, en febrero de 1822, impulsados por la Sociedad del Anillo, a la que pertenecían, entre otros, Toreno y Calatrava, que trataban de crear un "centro político" (p. 130). Ya lo había indicado Blanco White en el primer periodo constitucional, y lo señaló Lord Holland en las famosas cartas a Manuel José Quintana. Los problemas eran que una buena parte de los españoles no quería un régimen liberal, la Corona tampoco, la Iglesia se sentía amenazada, la aristocracia no encontraba su cauce de expresión y el entramado institucional de la Carta Magna no era el adecuado para una transición. Los liberales habían querido un paso al régimen liberal sin una revolución sangrienta –aunque una parte de los exaltados sí la quería–, pero la fórmula constitucional no era la adecuada.

Sin embargo, esto se pudo remediar mediante una reforma de la Pepa que introdujera el Gobierno parlamentario y una segunda cámara. El tema ya ha sido abordado en varios trabajos por Joaquín Varela Suanzes-Carpegna con la perspectiva del marco europeo. En el exilio, a los liberales "se les derrumbó el mito", dice el autor, y se convencieron, no todos, de que "su pasividad e inhibición ante los defectos flagrantes" del texto habían provocado su ruina (p. 978). El exilio fue una escuela de constitucionalismo y moderación, tal y como han estudiado Vicente Llorens y Juan Francisco Fuentes, y sobre el que Pedro J. ha escrito un epílogo que bien podría ser otro libro. Muchos de aquellos defraudados, como Alcalá Galiano, el incendiario orador de La Fontana de Oro, a quien los sucesos del golpe del 7 de julio "transfiguraron", iniciaron en el exilio el camino del "liberalismo revolucionario al liberalismo aristocrático" (p. 192). ¿Por qué, entonces, no se reformó durante el Trienio Liberal? Fundamentalmente, y como indica Pedro J. Ramírez, por la incapacidad de los liberales para llegar a un consenso.

La lucha irresponsable entre moderados, doceañistas y veinteañistas, entre anilleros, masones y comuneros, articulados en las llamadas sociedades patrióticas, clubes y logias –como han estudiado ampliamente Alberto Gil Novales y Marta Ruiz Jiménez, entre otros–, debilitó el liberalismo. Los más moderados consideraban que la situación española solo admitía un régimen de carta otorgada, como el francés. Esto lo rechazaba el resto de los liberales, ya que preferían una Constitución emanada de la voluntad nacional, no una concesión regia. Entre estos últimos los había que pensaban que era conveniente una reforma de la Constitución de 1812 que resolviera los enfrentamientos institucionales, y aquellos que tenían por sagrado e intocable el texto gaditano. Si los veinteañistas sostuvieron una revolución contra el Gobierno constitucional en septiembre y octubre de 1821, los moderados colaboraron en la sombra con el intento de golpe de julio de 1822. Demasiadas diferencias y mucha tensión como para llegar a un acuerdo.

Pedro J. Ramírez añade algo más: la ingenuidad de los liberales a la hora de interpretar el contexto internacional. Existía un interés ideológico en Europa por acabar con el régimen constitucional español; en concreto en Austria, Prusia, Rusia y la Francia de Luis XVIII. En enero de 1823 enviaron unas notas al Gobierno español, presidido entonces por el general Evaristo San Miguel, instándole a devolver al Rey sus poderes. En lugar de responder con la indiferencia, las llevaron a las Cortes y armaron una algarada en Madrid que terminó con el apedreamiento de las embajadas de los citados países. Con este atentado diplomático se consumó la trampa urdida por las cortes europeas reaccionarias.

Porque si hay algo que define el juego político en aquellos años, como muy bien detallada el autor, es la trampa y la conspiración. Y en un tablero de juego como éste, sólo podía ganar Fernando VII. Pedro J. Ramírez dibuja a un rey inteligente, que sabía manejar a la gente y los tiempos, al que además habían concedido los poderes suficientes para sujetar las instituciones, cuyos representantes eran leales a aquél –incluso Calatrava besó la mano del Rey, el 30 de septiembre de 1823, momentos antes de la traición del monarca (p. 913)–. En este tablero, el rey felón no podía perder. Los liberales habían aceptado ser Gobierno desde marzo de 1820: respetaron al Rey a pesar de haber sido víctimas de la persecución fernandina, como el Gobierno de Argüelles, llamado de "los presidiarios" por Fernando VII, o el mismo José María Calatrava, que aceptó formar Gobierno en plena invasión francesa, entre mayo y septiembre de 1823, a pesar de que el Rey le había desterrado seis años a Melilla en 1814 y había "fusilado de espaldas y ahorcado, ya cadáver", a su hermano Diego, y encarcelado a su otro hermano, Ramón María, por la Conspiración del Triángulo (p. 95).

Calatrava era, según escribió el inteligente norteamericano Lebrun en 1826, un "liberal de todo corazón, y liberal de los que si hubiera habido muchos, otro gallo le hubiera cantado a la libertad". Calatrava, tal y como indica Pedro J. Ramírez, deseaba un cambio constitucional en España, al estilo del Duque de Angulema, un texto pactado con el Rey que diera entrada a las estamentos privilegiados en una Cámara Alta; es decir, lo que había predicado sin éxito Jovellanos desde 1808 hasta su muerte, en 1811. Calatrava asumió la tarea de gobierno cuando lo que quedaba de la España constitucional estaba en Sevilla huyendo de los Cien Mil Hijos de San Luis. Los realistas acompañaban a los franceses, como han estudiado los historiadores José Luis Comellas y Emilio Laparra, liquidando a los liberales y a sus familias, creando el ambiente de guerra civil que persiguió al país hasta 1876. Esta represión, como indica con acierto el autor, señala que es falso que los españoles no fueran afectos al sistema constitucional; quizá el régimen podría haberse consolidado con reformas y consenso, pero la invasión facilitó el plan involucionista del rey y dio rienda suelta, a despecho de Angulema, al guerracivilismo de los realistas.

Calatrava se encontró con un rey traidor –el relato que hace Ramírez de la conversación entre Calatrava y Calvo de Rozas, agente de Fernando VII, sobre la salida de Sevilla y la traición del monarca, reproduciendo las Notas reservadas del ministro, es de antología (pp. 245-248)–, un liberalismo desestructurado, unas arcas públicas vacías y unos militares que dieron la espalda a la España constitucional. El general Morillo, del Primer Ejército, depuso las armas a finales de junio de 1823. A principios de agosto hacía lo propio el general Ballesteros, comunero, quien fracasó en su intento de utilizar el conflicto para "dictar sus condiciones [políticas] a Calatrava" (p. 605) y fue comprado por los franceses (p. 616). A estos le siguieron otros, como La Bisbal en Madrid, que propició una matanza de civiles a manos de los realistas.

Cercado en Cádiz, Calatrava no vio más salida que una rendición condicional y elaboró una proclama que el rey retocó personalmente. Lebrun escribía en 1826: "Calatrava parece que conserva aún como una prueba de sus servicios hechos a la nación en la última hora de la libertad, la minuta de la famosa y pérfida proclama de Fernando VII". Pues sí la conservaba, y la ha encontrado Pedro J. Ramírez casi doscientos años después. Por cierto: el progresista Ángel Fernández de los Ríos, periodista e historiador, escribió en 1864 que tuvo en su poder la "autografía de la minuta con las enmiendas que hizo el rey de su puño y letra" que había guardado Calatrava, y que quiso publicarlo, pero que el documento no le pareció auténtico, aunque no explicó por qué.

La minuta que guardó Calatrava, corregida y firmada por Fernando VII, recogía la promesa, "bajo la fe y seguridad de mi real palabra", de que haría un Gobierno para la "felicidad completa de la nación", que llevaría a cabo un "olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado" y que reconocería las deudas contraídas (pp. 902-910). Fernando VII consumó su traición en cuanto llegó al campamento francés, y ordenó liquidar todo lo hecho desde 1820 y perseguir a los liberales. Estaba marcando así el devenir de la libertad en España y de la propia Casa de Borbón. De esta manera lo escribía Calatrava en sus Notas reservadas:

Aquel manifiesto será sin duda algún día un servicio irrecusable que los españoles alegarán contra sus verdugos, y que la posteridad citará también para oprobio de Fernando, de los gobiernos franceses y de la Santa Alianza.

En definitiva, es éste un libro que se lee fácilmente, a pesar de su extensión, y que adentra al lector en uno de los periodos más cautivadores del Ochocientos español. Pedro J. transmite con eficacia la pasión de aquellos momentos, ese contraste entre personajes idealistas y corruptos, la integridad, la ingenuidad y el patriotismo de muchos y la traición de otros tantos, la sobriedad en la que vivían, la palmaria superioridad intelectual de sus dirigentes con respecto a los actuales, la solidez de sus ideales, con ese periodismo incisivo de la época y unos escritores públicos fascinantes y cultos. Y todo envuelto en el paso contundente de un romanticismo profundo a un realismo triste pero socarrón, en una España que salía a trompicones, como el resto de Europa, de los modos del Antiguo Régimen a un mundo nuevo marcado por la libertad y el horizonte democrático.

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